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Un senador que conduce Porsches, pilota avionetas y contrae matrimonio en Las Vegas. Parece el retrato del clásico político de una república bananera y, sin embargo, se trata de Víctor Bravo, senador por Guipúzcoa del PNV hasta su dimisión forzada hace unos días y ex director de la Hacienda Foral de esta provincia. Su ostentación contrasta con la de un partido que siempre ha hecho gala de una cierta austeridad que le ha permitido sobrevivir 27 años en la mayor parte de las instituciones vascas. Muchos de sus correligionarios temen ahora que las cosas cambien y que el electorado castigue a un PNV que no gana para disgustos relacionados con la corrupción.

Casi todos los casos iluminados por la luz pública en los últimos meses están relacionados con las haciendas forales, unos organismos que siempre han generado una elevada sensación de orgullo en el seno del nacionalismo. Hace cuatro años se supo que el inspector jefe de la Hacienda de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, había tejido una compleja trama que le permitía, a través del sistema informático, paralizar las investigaciones por posibles fraudes a determinadas empresas, entre las que figuraban algunas de conocidos fontaneros del PNV y también de simpatizantes del PP. El asunto está todavía en los tribunales, donde se está intentando aclarar si Ibarra obtenía algún beneficio de esas acciones.

Algo parecido sucedió en Guipúzcoa durante nueve años, entre 1996 y 2003. José María Bravo, el responsable de la oficina de Hacienda de Irún, la segunda mayor población de Guipúzcoa, recibía en su despacho a empresas y autónomos que debían dinero al Fisco y les prometía importantes rebajas a cambio de pagar rápidamente. El mismo recibía el dinero, a veces en metálico, y se lo ingresaba en sus propias cuentas.

Sorprendentemente, se conocen hasta 24 casos de contribuyentes que saldaron deudas tributarias de esta particular forma, que tenía como resultado una baja por insolvencia o por simple prescripción. Bastaba para ello manipular los programas informáticos. El fiscal que lleva el caso dice, eso sí, que todos ignoraban que Bravo "no tenía propósito ninguno de ingresar esos pagos en la Hacienda Foral". En algunos casos, Bravo llegó incluso a inventarse la deuda, simulando inspecciones y embargos.

Entre los "afectados" destaca un nombre, Maite Moneo, esposa de Luis María Bandrés, ex diputado foral de Guipúzcoa y miembro del Gipuzku Buru Batzar del PNV. Moneo es propietaria de varias tiendas en San Sebastián que debían casi 100 millones de pesetas a Hacienda, fundamentalmente por pagos de IVA no ingresados. Bravo llegó a un acuerdo con ella para reducir la deuda en seis veces, hasta menos de 20 millones de pesetas, que fueron abonados directamente al responsable de la oficina de Hacienda de Irún.

Sorprende el espectacular importe de la rebaja y el hecho de que esta contribuyente recurriera a una delegación tan alejada de San Sebastián. Sin embargo, desde el propio País Vasco se explica esta actuación en base a las supuestas "buenas" relaciones existentes entre Bravo y los máximos responsables del PNV en Guipúzcoa, tanto Bandrés como Joseba Eguíbar.

De hecho, todo apunta a que el caso no se habría destapado de no ser por las guerras internas del partido que preside Josu Jon Imaz. Eguíbar tiene su feudo en Guipúzcoa, donde ha tratado de colocar a sus peones, en detrimento de los de Imaz. Ya a principios de año, la Cadena Ser desveló el elevado patrimonio no declarado del candidato a presidir la Diputación, el órgano que controla la Hacienda Foral. El sujeto en cuestión, Jon Jauregui, tuvo finalmente que abandonar la candidatura y refugiarse en la vicepresidencia de la Kutxa. Y las guerras parecen continuar ahora.

Bravo está procesado, junto con su esposa, una funcionaria de Hacienda, y el empleado de una asesoría con la que controlaba alguna de las 16 sociedades mercantiles, cuatro pisos, terrenos, locales comerciales, plazas de aparcamiento, un hotel y hasta un parque recreativo que presuntamente utilizaba para blanquear el dinero obtenido de los contribuyentes. Su patrimonio conocido en España es espectacular, pero todavía no se conoce el que puede poseer en Francia, donde al parecer residía. Bravo llegó a ser candidato a concejal en un municipio vasco-francés por el partido de Sarkozy.

El caso también ha salpicado a Rufino Eizaguirre, socio de Bravo y jefe de la oficina técnica del gabinete del diputado general de Guipúzcoa hasta su destitución esta semana, y a Víctor Bravo, el senador de los Porsches, hermano del principal responsable de la trama. Los dos hermanos participaban conjuntamente en una de las propiedades investigadas por el fiscal, en el extremeño Valle del Jerte, de donde es originaria su familia. Y es que Víctor Bravo era el máximo responsable de la Hacienda guipuzcoana cuando su hermano hacía de las suyas en la oficina de Irún. Su partido le ha obligado a dejar el Senado, donde lo había arrinconado hace unos años al sospechar que algo raro estaba ocurriendo en la Hacienda foral.

La trayectoria política de Víctor Bravo en el PNV y en la administración guipuzcoana contó con el bautismo de Joseba Eguíbar. No obstante, el diario El Correo asegura que apoyó a Imaz en el último proceso electoral interno. Y por si el asunto no fuera suficientemente complejo, basta recordar que en 2005, poco después de que los Bravo abandonaran Hacienda, se produjo un incendio provocado en el edificio del Fisco guipuzcoano.

Sobre este hecho, las circunstancias aún no han sido aclaradas, pero hay muchos detalles sumamente extraños: había varios focos en plantas distintas y las cámaras de seguridad y alarmas habían sido previamente desactivadas desde el interior. Uno de los vigilantes de seguridad apareció asesinado allí mismo de un tiro en la nuca y el presunto culpable fue encontrado muerto poco después en las afueras de San Sebastián. Se especuló con todo tipo de posibilidades, sin que nada haya sido demostrado hasta el momento.

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