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 El juez Javier Urquía (Efe).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía inicia hoy martes la última fase de instrucción del segundo proceso abierto contra el magistrado Francisco Javier Urquía, apartado del Juzgado número 2 de Marbella, con la fase preliminar a la vista de las declaraciones indagatorias de los encausados. El juez que puso en pie el polémico Caso Hidalgo está imputado por prevaricación, cohecho y revelación de secreto.

Su amigo personal Igor Mier, que es el primero en declarar hoy, tendrá que responder de las acusaciones de cohecho y revelación de secreto. El hijo de Olivia Valere, el empresario Arnaud Fabrice Bouhair, acusado de los mismos delitos, comparecerá mañana ante el alto tribunal.

El empresario Mier iniciará la ronda de las declaraciones indagatorias ante el juez Miguel Pasquau. Lo hará ratificándose en sus declaraciones anteriores y “ampliando y añadiendo algunas puntualizaciones básicas para la investigación del proceso”, según ha podido saber El Confidencial de fuentes cercanas a Mier.

Según el auto que obra en poder del alto tribunal, este empresario marbellí fue el encargado de llevar las negaciones de un “plan perfectamente diseñado para la obtención de ocho millones de euros en una cuenta en Suiza”. La intención del empresario, según el mismo auto, era conseguir que los dueños del Hotel Puente Romano, intervenido judicialmente en la operación contra el blanqueo de capitales en la Operación Hidalgo, desembolsaran entre 5, 6 y 8 millones de euros a cambio de que se levantaran las medidas cautelares sobre el hotel cuando su amigo Francisco Javier de Urquía estaba al frente de la instrucción del caso y tenía plena potestad para decidir sobre la administración judicial.

El plan se desmoronó cuando Urquía fue imputado por una pieza separada de Malaya y quedó suspendido de sus funciones de juez, tras descubrirse que, supuestamente, había recibido pagos del cerebro de la corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca

Según fuentes cercanas a la investigación, el intento de extorsión en el que están imputados el juez Urquía y sus amigos comenzó en mayo de 2007. El día 2 de ese mes, David Shamoo, hijo del dueño del Hotel Puente Romano, se citó en Londres con una persona ajena a la causa que le trasladó la posibilidad de hacer este negocio.

Según las grabaciones que el propio Shamoon comenzó a hacer en Londres, a su interlocutor le garantizaban el levantamiento de las intervenciones judiciales y los bloqueos de cuentas a cambio de una contraprestación económica. Esta grabación fue presentada y denunciada ante la Guardia Civil a su regreso a Madrid. Los investigadores del cuerpo armado le sugirieron que mantuviese un segundo encuentro, para tener mas pruebas sobre la presunta extorsión que pretendían realizar el juez Urquía y sus amigos. Sugerencia que Shamoo aceptó. De modo que se celebra un segundo encuentro en Madrid el día 11 de mayo. En esta ocasión, David Shamoo se reunió con el empresario Igor Mier, el imputado que hoy declara ante el TSJA y que tenía el cargo de director de la revista marbelli Social Life.

Según ha sabido El Confidencial de fuentes cercanas a Mier, fue “el propio Shamoo quien llamó para comprar la revista Social Life y para que se celebrase la famosa reunión en Madrid para ultimar los detalles de la venta”. Según consta en el auto judicial, en la hora de conversación que tiene lugar entre Mier y Shamoo, lo que se deja patente es “la venta del supuesto favor judicial, al que Mier puso un precio millonario”.

Según fuentes judiciales, Igor Mier llegó a exigir ocho millones de euros amparándose en que el levantamiento de las medidas cautelares se haría en un máximo de tres días. En una de las últimas reuniones, volvió a bajar el precio a 6 millones "por la demora". En estas conversaciones grabadas a Igor Mier nunca aparece el nombre de Paco Urquía sino "las personas de Madrid” con las que supuestamente está trabajando". El plan debería materializarse con un ingreso en una cuenta de Suiza o Praga, aunque terminaron por desestimarlo en octubre, cuando vieron que la incorporación de Urquía al juzgado no se iba realizar por el momento.

En las escuchas insertadas en el auto, algunas anuladas por el TSJA, Mier, Urquía, y Arnaud Valere se cuidan mucho de dar pistas de sus actos. De hecho, son conscientes de que sus teléfonos están siendo intervenidos. En esas conversaciones hay una entre Urquía y Mier "presuntamente relacionada con el contrato de compraventa" de la revista Social Life "con el que se pretende ocultar la operación". La investigación sostiene que el juez Urquia ya realizó con antelación operaciones de este tipo de favor, en concreto en el caso de Azan Khan, en el que la Guardia Civil sostiene que el magistrado De Urquía percibió dinero a cambio de agilizar la puesta en libertad de este empresario paquistaní, uno de los clientes del despacho de abogados Cruz Conde, corazón de la trama de blanqueo de capitales investigada en la Costa del Sol y encarcelado en la Operación Hidalgo.

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