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La concesión del derecho de voto a los inmigrantes en las elecciones municipales, anunciada a bombo y platillo como una de las propuestas estrella del recién clausurado Congreso del PSOE, sólo podrá beneficiar, en el mejor de los casos, a uno de cada tres extranjeros no comunitarios residentes en España. Esta es la tercera vez en poco más de dos años que los socialistas se comprometen a extender el derecho de sufragio a los inmigrantes, pero, como ocurrió en las dos primeras, el oportunismo y la falta de verdadera voluntad política pueden hacer encallar de nuevo la iniciativa.

La resolución aprobada en el 37º Congreso del PSOE, en el que José Luis Rodríguez Zapatero fue reelegido el domingo secretario general con el 98,9% de los votos, impone una clara limitación al voto de los inmigrantes: sólo podrán hacerlo "los nacionales de aquellos países en los que también los españoles, nuestros emigrantes, puedan votar". Este requisito, el de la reciprocidad, supone un obstáculo casi insalvable para cientos de miles de inmigrantes residentes en España, puesto que condiciona su derecho de voto a que el Gobierno firme convenios de reciprocidad con sus países de origen.

Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, casi 4,2 millones de extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor viven actualmente en nuestro país. De esa cifra, 1,6 millones son ciudadanos de algún país miembro de la Unión Europea (UE), que sí tienen reconocido el derecho de sufragio, activo y pasivo, en las elecciones municipales. De los 2,6 millones restantes, procedentes de la Europa extracomunitaria y de los otro cuatro continentes, hay que descontar a los casi 450.000 menores de 18 años, que no pueden ejercer su derecho al voto, por lo que los potenciales beneficiarios de la propuesta del PSOE serían poco más de 2,1 millones.

Pero esa cifra es irreal, puesto que los inmigrantes procedentes de países que sufren férreas dictaduras o que carecen de tradición democrática jamás podrán votar en España. La razón es obvia: el Gobierno no puede suscribir convenios de reciprocidad con países que, como China, Cuba o los de la inmensa mayoría del África subsahariana y Asia, no gozan de sistemas democráticos. En otros casos, como Marruecos o Argelia, las elecciones no siempre se celebran con las suficientes garantías de limpieza e imparcialidad. Y, por si fuera poco, países como Ecuador no permiten el voto a los extranjeros, ya que su Constitución lo prohíbe expresamente.

Marroquíes, ecuatorianos y chinos son, precisamente, tres de las comunidades más numerosas en España, ya que suman más de 1,2 millones de inmigrantes. Si a esa cifra se añaden los extranjeros procedentes de Argelia –47.000–, Cuba –46.000–, Pakistán –37.000–, Senegal –34.000– o Nigeria –24.000–, entre otros muchos países sin cultura democrática, apenas 700.000 inmigrantes –descontados ya los menores de 18 años– podrían votar en unas elecciones municipales si éstas se celebrasen hoy. Es decir, sólo un tercio del total.

Tratados sin ratificar

España ya ha suscrito tratados de amistad y cooperación con Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela que reconocen el derecho al voto en las elecciones municipales a los ciudadanos de esos países, y viceversa. Pero el problema es que ninguno de esos tratados ha sido ratificado todavía, por lo que, al no haber entrado en vigor, tampoco pueden aplicarse. Y es más que dudoso que alguno de esos países, como Venezuela –cuyas relaciones diplomáticas con España son pésimas–, tenga interés en proceder cuanto antes a la ratificación para complacer al PSOE, que se ha comprometido a que los inmigrantes ya podrán votar en las próximas elecciones municipales, previstas para la primavera de 2011.

¿A qué obedece, entonces, la urgencia del PSOE por lanzar una propuesta que ya ha incumplido en dos ocasiones y que, además, impedirá acudir a las urnas a dos de cada tres inmigrantes? La explicación más plausible es de consumo interno: el endurecimiento de la política de inmigración del Gobierno, y su respaldo a la severa directiva de la UE sobre la repatriación de inmigrantes ilegales, ha soliviantado a una buena parte de la militancia socialista. Esta circunstancia, unida al aluvión de enmiendas presentadas por las bases en el recién clausurado congreso, en las que se reclamaba el derecho de voto para los inmigrantes, ha aconsejado al Gobierno y al PSOE a hacer un gesto más de cara a la galería que realmente efectivo.

De ahí que el escepticismo entre los propios militantes socialistas, y por supuesto en las principales asociaciones de inmigrantes, esté sobradamente justificado. Ya en febrero de 2006, todos los grupos parlamentarios del Congreso, incluido el socialista, aprobaron una proposición no de ley de IU que reclamaba al Gobierno la firma o ratificación de los convenios de reciprocidad necesarios para permitir el voto de los inmigrantes. Pero Rodríguez Zapatero ignoró el acuerdo mayoritario del Congreso y la proposición no llegó a aplicarse.

Tan sólo seis meses después, el 18 de agosto de 2006, el PSOE volvió a respaldar una proposición no de ley de IU para ampliar el derecho de voto a los extranjeros no comunitarios en las elecciones municipales de 2007. Pero una semana más tarde, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, volvió a dar marcha atrás: dijo que lo veía “altamente improbable” por la cercanía de los comicios, y el Gobierno se lavó las manos anunciando que enviaría el proyecto al Consejo de Estado para que emitiese el preceptivo dictamen no vinculante.

Todas las asociaciones de inmigrantes consultadas, y un buen número de expertos, coinciden en que si el Gobierno tuviese la voluntad política de ampliar el derecho de voto a los inmigrantes, modificaría la Constitución para eliminar el requisito de la reciprocidad. Al fin y al cabo, argumentan, la Carta Magna ya se reformó en 1992 para permitir, en aplicación del Tratado de Maastricht, que los ciudadanos de la UE residentes en España pudiesen votar y ser elegidos en las elecciones municipales, sin que esa reforma provocase la menor alarma social en nuestro país.

De no ser así, la resolución aprobada este fin de semana en el 37º Congreso del PSOE, y que Rodríguez Zapatero se comprometió ayer mismo a aplicar cuanto antes si el PP la respalda, se convertiría poco menos que en papel mojado. El texto de la resolución señala que "la participación política constituye un elemento favorable a la integración de los inmigrantes, al fomentar su implicación en los procesos democráticos que afectan directamente a su entorno más inmediato". Y añade que "con este objetivo, el PSOE impulsará los acuerdos políticos necesarios para el ejercicio del derecho al voto en las elecciones municipales de aquellos ciudadanos extracomunitarios que sean residentes de larga duración". Pero, de aplicarse el criterio de la reciprocidad, esa integración quedaría gravemente en entredicho, puesto que habría inmigrantes de segunda que nunca podrían participar en los comicios municipales.

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