La banca se rebela contra el primer pago del impuesto sobre depósitos en Andalucía

Los bancos y cajas con negocio en Andalucía no están por la labor de pasar por el aro del impuesto sobre depósitos creado por el presidente José Antonio Griñán a las puertas del verano de 2010. El pasado viernes 31 de julio venció el primer pago fraccionado de la tasa y de los más de 130 millones que se pretendían recaudar este año (400 millones hasta 2013), la Junta tan solo ha conseguido cerca de 10 millones, que además han sido recurridos y están pendientes de devolución, según fuentes financieras andaluzas.

La decepción en la Junta de Andalucía es total, ya que esperaba una mayor recaudación, a pesar de tener constancia de la negativa a pagar de los bancos y cajas, que han recurrido el impuesto ante el Tribunal Constitucional. Esta situación ha dejado en entredicho el papel de la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, impulsora de la reforma impositiva, y el de la directora general de Financiación y Tributos, Rosario Gómez, encargada de implementar la controvertida tasa sobre los depósitos.

El impuesto viene a gravar con un 0,5% el saldo de todos los depósitos de sucursales bancarias en Andalucía, y aunque hay tarifas inferiores (0,3% y 0,4%), la mayoría de los entidades van a la tasa máxima, según explica un asesor fiscal desde Sevilla. La medida implantada por la Junta, necesitada de ampliar la recaudación tributaria ante el déficit de sus cuentas, es una réplica del impuesto creado por Extremadura en tiempos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que también está pendiente de ser revisado por el Constitucional.

A diferencia de Extremadura, el volumen de depósitos en Andalucía es casi un 20% superior, tanto por el efecto de la población como el del PIB per capita, además de por el mayor número de grandes empresas con presencia en la región. Esta situación hace que el importe total del impuesto, hasta 400 millones durante tres años, pueda mermar de manera significativa la cuenta de resultados de algunas entidades financieras, ¨hasta el punto de dar pérdidas por culpa del impuesto andaluz sobre los depósitos¨.

La trascendencia del impuesto sobre la cuenta de resultados, sobre todo en las cajas con más presencia (Cajasol y Unicaja), ha hecho que el sistema financiero en pleno (afecta a 70 entidades) se haya rebelado. En un momento en el que casi la mitad del sistema está en pleno proceso de reestructuración, en algunos casos recibiendo ayudas con dinero público (FROB), los bancos y cajas han regateado el pago de la tasa alegando la solicitud de su suspensión y argumentando que el tributo es inconstitucional.

De momento, el próximo mes de septiembre debe ser decisivo para conocer el futuro de este impuesto, pues expira el plazo de seis meses que se dieron Gobierno y Junta para negociar y resolver las discrepancias de competencia que supuso la medida. En caso de que no haya acuerdo, el Estado tendrá que recurrir ante el Tribunal Constitucional, como ya hizo en 2001 con la tasa desarrollada por Extremadura, aunque en aquella época las comunidades autónomas no gozaban de la misma capacidad fiscal.

El patinazo de la tasa a los bancos y cajas no ha sido el único fiasco del equipo de Griñán. Tampoco el resto de medidas fiscales aprobadas hace un año, como la subida del IRPF a las rentas más altas, el céntimo sanitario, el canon sobre el agua y las bolsas de la compra, han dado sus frutos. De momento, al cierre del primer semestre, según los datos oficiales publicados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Junta de Andalucía ha recaudado sólo 31 millones de los 1.241 previstos para el periodo 2010-2013.