Un juez descubre que ING carecía de plan de prevención del blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional ha descubierto que el banco holandés ING, con cuatro millones de clientes en España y unos 20.000 millones de euros de financiación, no tomó ninguna medida para evitar que un chiringuito financiero desmantelado por la Policía Nacional en 2017 utilizara sus cuentas para blanquear presuntamente fondos del narcotráfico, la explotación sexual, políticos corruptos y otras actividades delictivas. El dinero circuló por las tripas de ING sin que saltaran alarmas internas ni se emitiera ningún aviso a los organismos de supervisión.

El instructor del caso, el juez José de la Mata, titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, acordó el pasado julio la imputación de la entidad financiera por sus flagrantes omisiones en este caso. Las diligencias contra el banco se concentran en una pieza separada del llamado caso Bandenia, una entidad pirata con oficina en Las Rozas (Madrid) que ofrecía servicios financieros a todo tipo de supuestas organizaciones criminales. Como carecía de licencia para operar en territorio nacional, movía el dinero de sus clientes utilizando la infraestructura de entidades autorizadas como ING.

Además del banco holandés, también están imputadas Caixabank e Ibercaja, pero la situación de estas entidades difiere de forma significativa. Bandenia usó cuentas del banco catalán entre 2012 y 2015. La relación terminó cuando aparecieron informaciones en prensa que vinculaban el falso banco con una red dedicada al tráfico de cocaína. En ese momento, Caixabank revisó los movimientos que habían hecho los administradores de Bandenia y avisó a las autoridades. Algo similar ocurrió con Ibercaja, la siguiente entidad con la que pasó a trabajar el banco 'fake'.

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Jorge Zuloaga

En cambio, ING nunca llegó a avisar a las autoridades. Los responsables de Bandenia usaron decenas de cuentas de esta entidad desde 2015 hasta el mismo día en el que el chiringuito fue desactivado por orden judicial. Según el instructor del caso, se ha detectado “una fuerte presencia de ingresos en efectivo de origen desconocido”. Al menos 1,7 millones de la oficina fantasma pasaron por cuentas ordinarias de ING. El 16 de diciembre de 2015, por ejemplo, uno de los empleados de Bandenia hizo hasta 10 aportaciones a una misma cuenta de la corporación holandesa, cada una de ellas por importes inferiores a 3.000 euros, la cuantía a partir de la cual es obligatorio comunicar los movimientos a Hacienda. Apenas dos meses antes, el 25 de septiembre de 2015, esa misma persona ya había realizado otros 9 ingresos en efectivo en la misma entidad, de nuevo por cuantías menores de 3.000 euros. Es difícil imaginar un sistema de blanqueo más zafio, pero ING nunca apreció nada raro.

De la Mata subraya que estas prácticas, analizadas por la ONIF en un informe demoledor adelantado por El Confidencial, fueron “contínuas a lo largo del tiempo”; que los ingresos de Bandenia se producían “por importes redondos, lo que sugiere un origen no correlacionado con una prestación habitual u ordinaria de servicios”; y que, una vez llegaba el dinero a ING, este era “movilizado con una enorme rapidez, de forma que los saldos existentes en cada momento fueron muy reducidos, lo que tampoco concuerda con un normal funcionamiento de empresas”.

Los responsables de Bandenia usaron decenas de cuentas de esta entidad desde 2015 hasta el mismo día en el que fue desactivado por orden judicial

Ante las evidencias de delito por un presunto incumplimiento sistemático de la Ley de Prevención contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que obliga a las entidades financieras a contar con planes para prevenir estos movimientos de fondos sospechosos y emitir señales de alerta cuando se detectan, el instructor del caso solicitó el pasado mayo a Caixabank, Ibercaja e ING que le remitieran sus planes de prevención del blanqueo, las pesquisas internas que habían realizado sobre estas cuentas y las comunicaciones que habían trasladado al Sepblac, el organismo competente en la materia.

Las dos primeras entidades respondieron en cuestión de días facilitando toda la documentación que tenían sobre las cuentas de Bandenia y sus respectivos planes generales de control, pero ING agotó el plazo sin remitir ni un solo papel a la Audiencia. El juez tuvo que enviarle un segundo requerimiento reiterando la solicitud, pero tampoco hubo contestación. La situación era tan incomprensible que se decidió establecer un contacto informal con la entidad para tratar de averiguar qué era lo que estaba ocurriendo. Finalmente, ING envió un escueto escrito al instructor del caso en el que implícitamente admitía que no realizó ninguna investigación sobre las cuentas utilizadas por Bandenia ni tampoco contaba con un plan de prevención del lavado de fondos.

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Agencias

De la Mata acordó la imputación de las tres entidades al considerar que pudieron incurrir en un presunto delito de blanqueo de capitales, pero fuentes próximas al caso apuntan que la situación del banco naranja es especialmente delicada porque no ha podido aportar ninguna prueba en su descargo.

ING ha declinado ofrecer su versión sobre este escándalo alegando que está bajo investigación judicial. “En este caso hay unas diligencias previas abiertas de las que tuvimos conocimiento en julio de este año. Como en todas las diligencias previas, la información es secreta salvo para las partes y, por lo tanto, no podemos informar o pronunciarnos sobre ningún aspecto relacionado con el procedimiento”, asegura un portavoz de la entidad a este diario. “Como siempre hacemos, colaboramos con las autoridades, facilitando toda la información requerida”.

No es el primer episodio de este tipo que afecta a la corporación de Ámsterdam. La propia matriz tuvo que pagar en 2018 una multa de 775 millones de euros por negligencia en el control de blanqueo de capitales. El Banco Central de Holanda descubrió que la entidad incurrió en prácticas corruptas continuadas entre 2010 y 2016 que permitieron el lavado de “cientos de millones de euros porque nadie” supervisaba a clientes con “fines delictivos”, entre ellos, capos de organizaciones mafiosas rusas y políticos corruptos de todo el mundo.