Iglesias lleva al Congreso su plan de revertir la privatización de las residencias de mayores

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reclamado este martes en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso la necesidad de promover en los pactos de reconstrucción "un sistema de cuidados que sea público, de calidad y con condiciones dignas de sus trabajadores". Así lo ha manifestado después de subrayar que las residencias privadas suponen "el 75% del total de centros del país" y que presentarían "carencias estructurales". Dos tercios de los fallecidos en España por coronavirus corresponden a usuarios de residencias.

Durante su comparecencia inicial en la comisión, el vicepresidente segundo ha ahondado en las medidas urgentes que se tomaron durante la crisis sanitaria respecto a las residencias de mayores, pero remarcando la necesidad de implementar medidas de calado porque “las privatizaciones y la precariedad en que trabajan quienes cuidan, y los más de 5.000 millones de recortes acumulados desde 2012, ponen a los usuarios en situación de vulnerabilidad”.

Como ya había adelantado este diario, el grupo parlamentario de Unidas Podemos llevará al pacto de reconstrucción un plan para limitar la gestión privada de las residencias. Su intervención tendría por objetivo, según el plan de choque que prepara Unidas Podemos, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las ratios. La lectura del grupo confederal es que la lógica mercantil del sistema de residencias, que según denuncian "está mayoritariamente en manos de grandes empresas privadas, entre cuyos dueños se cuentan fondos extranjeros radicados en Jersey, Inglaterra o Canadá, conocidos multimillonarios como Florentino Pérez o personas condenadas o procesadas por corrupción", se enfoca solamente a la reducción de costes y, por tanto, a deficiencias en la atención.

Más allá de las residencias, la propuesta del sector morado en el Gobierno de coalición para los pactos de reconstrucción mira a una "revolución en la economía de los cuidados" y de todo el sistema de dependencia. Esto es, blindar lo que denominan la cuarta pata del estado de bienestar a través de "un fuerte aumento de la inversión pública" y "priorizando la atención de los mayores y dependientes en su propio domicilio". De este modo, defienden que se potenciará el empleo en servicios sociales "con condiciones dignas".

Se trataría, según añaden estas mismas fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos, de una inversión que, "además de tener un muy alto retorno a las arcas del Estado en términos de Seguridad Social e impuestos", supondría un impulso del consumo interno para "conseguir un rebote más rápido de la economía". Finalmente, defienden que esta transformación del sistema de cuidados, especialmente en las residencias de mayores, supondría un mecanismo de protección si se vuelve a producir una crisis de salud pública semejante a la actual.

Ley Rhodes

Iglesias ha confirmado también durante su comparecencia que el próximo martes se aprobará en el Consejo de Ministros la nueva ley de infancia, que estaba ya lista antes de la pandemia y quedó paralizada debido a la situación sobrevenida. Como ha recordado el vicepresidente segundo, esta ley, también denominada ley Rhodes, iba a ser el primer proyecto que se promovería desde su departamento, pero la pandemia se interpuso en sus planes.

Como ya estaba previsto en el anteproyecto que no llegó a aprobarse por la disolución de las Cortes antes de las elecciones, en el texto se incluirá el deber de todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata si existen indicios de violencia ejercida contra los menores, se creará una figura de "coordinador de bienestar y protección" en los centros educativos, se crearán unidades específicas en las fuerzas de seguridad y se dará formación a jueces, se realizarán nuevos protocolos de prevención de obligado cumplimiento, se creará un Registro Central de Información sobre la violencia contra la infancia, y, finalmente, se legislará para que el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores se cuente a partir de que la víctima haya cumplido los 30 años de edad.

Con este cambio, que ya recogía el anteproyecto de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, la víctima podrá presentar acusación hasta que cumpla 45 años para los casos de delitos más graves —con penas de hasta 15 años—, y no hasta los 33, como ocurre con la ley vigente. "Hace ya tiempo que en nuestro país era necesaria una ley como esta que proteja la dignidad y los derechos de todos los niños y niñas, especialmente de los más vulnerables, que es algo que nos debería preocupar a todos, independientemente del color político", defendió Pablo Iglesias en su primera sesión de control en el Senado, celebrada el pasado 25 de febrero.