Un país, 17 formas distintas de volver al colegio: las CCAA no despejan las dudas

Tradicionalmente, finales de julio era el momento en el que en la mayoría de centros escolares todo quedaba visto para sentencia para volver a las aulas a septiembre. Este año, cómo no, la situación es totalmente distinta. En muchas comunidades autónomas, las encargadas por competencias de llevar a cabo los planes de retorno, los protocolos están llegando estos días a los equipos directivos, los recursos con los que se contará no están claros y la tensión aumenta entre sindicatos de profesores y asociaciones de padres y madres.

Una de las dificultades para trazar un mapa del retorno a las aulas es esa diferenciación entre comunidades que no solo tienen distintos planes para septiembre sino que se enfrentan a distintas realidades epidemiológicas. Aunque las administraciones pedían a los centros la elaboración de tres escenarios diferentes y un hipotético confinamiento, muchas han optado por fiarlo todo al retorno a la normalidad. Pero no es tan sencillo, como muestra, por ejemplo, el retorno de algunas regiones de Cataluña o Aragón a la fase 2. Tantas son las dudas que el propio presidente Pedro Sánchez ha tenido que anunciar que se reunirá con las comunidades para preparar el retorno a las aulas. Eso sí, ya en agosto.

"Las comunidades han presionado para poder hacerse el traje a su medida, y ese traje es muy corto para lo que se necesita en este momento"

“El problema es que las comunidades han teorizado un retorno a la vieja normalidad, no a la nueva normalidad”, lamenta Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, que considera que la responsabilidad está repartida entre el Ministerio de Educación, por su “falta de liderazgo”, y las comunidades, que “pretenden volver en septiembre con las mismas clases, los mismos alumnos y los mismos profesores”. “Las comunidades han presionado para poder hacerse el traje a su medida, y ese traje es muy corto para lo que se necesita en este momento”, añade.

“El pasado 22 de junio, Sanidad y Educación publicaron un documento con recomendaciones para las comunidades autónomas, que a nosotros nos parecían muy amplias y que elevaba el número de alumnos en los grupos burbuja”, recapitula Sonia García Gómez, secretaria estatal de Comunicación de ANPE, sindicato de enseñanza pública. “El problema es que en última instancia, eso está haciendo recaer la responsabilidad en los equipos directivos de los centros, a los que se les exige conocimientos sanitarios que no tienen, lo que está creando descontrol y desconcierto”.

Para García Gómez, es clave tanto la figura del enfermero escolar en los centros educativos como un plan de digitalización que “aún no se ha llevado a cabo”. El pasado junio, el ministerio puso en marcha un proyecto de digitalización dotado con 260 millones.

"Se supone que el distanciamiento social es igual para un alumno canario que para uno madrileño o catalán, pero las medidas son distintas"

“Se supone que el distanciamiento social es igual para un alumno canario que para uno madrileño o catalán, pero las medidas son distintas”, prosigue la sindicalista. Para llevar a cabo esa transformación, las comunidades recibirán 2.000 millones del fondo covid para preparar el retorno a las aulas, pero este no está condicionado, como lamentan los sindicatos. “Esperemos que no se terminen utilizando para construir rotondas”, añade García. ¿Cuál es el minuto y resultado en cada región de España con el retorno a las aulas?

Tensión en Madrid, Andalucía y Galicia

El pasado viernes, AdiMAD, la Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, publicó un comunicado en el que manifestaba su preocupación porque “no se están adoptando las medidas necesarias” en materia de prevención e higiene tras recibir las instrucciones sobre el comienzo del curso escolar. “Pasillos de 70 metros cuadrados con flujos de 200 alumnos, vestíbulos de pocos más de 100 metros cuadrados con aglomeraciones de más de 500 personas, con mascarillas durante 6 horas, con hasta 35 alumnos en aulas de 35 o 40 metros cuadrados como mucho, sin distancia de seguridad interpersonal, con apenas 1 metro cuadrado para cada uno, y además en pleno mes de septiembre” era la descripción que proporcionaban.

Uno de los puntos sensibles en la CAM es el cierre de algunas aulas y la reducción de personal en algunos centros, a la que la asociación hacía referencia y que CCOO también ha denunciado, tras calcular la supresión de 14.000 plazas en la escuela pública el próximo curso. Aún no está claro cuál será el número del profesorado a contratar, si bien el consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha cifrado en 3.500 el número del personal que contrataría en caso necesario. Para García, es el caso paradigmático de “un retorno a las aulas 'low-cost', casi a coste cero, con hidrogeles y poco más”.

En Galicia se han producido distintas manifestaciones esta semana de ANPAS y sindicatos contra el protocolo de la Xunta para el retorno a las aulas. Una vez más, los puntos calientes son la ausencia de acuerdo con los agentes sociales, el ratio por aula (25, aunque la recomendación ministerial sea de 15) y el coste adicional que puede suponer para los centros las medidas de seguridad. "El protocolo contempla pequeñas adaptaciones y le deja toda la responsabilidad a los centros en el caso de un rebrote. Todo a coste cero", lamentaba Silvia Cameán, concejal de Marea Atlántica. El presidente gallego, Núñez Feijóo, ya manifestó a comienzos de junio que no pensaba reducir más la ratio porque es una de las más altas de España.

Un estudio señalaba que los contactos cruzados en una clase de 20 alumnos ascienden a 800 en dos días y a 1.200 si se trata de 25 alumnos

Andalucía es otra de las regiones en el punto de mira para los sindicatos. Este mismo martes, asociaciones de padres y profesores como ASADIPRE, CODAPA, Adian o Adide publicaban un comunicado en el que pedían a la Junta que se supiese con suficiente antelación los recursos de los que dispondrán los centros, que no se delegue la responsabilidad en los directores de los centros y que quede claro el rol del coordinador covid, enlace con el Servicio Andaluz de Salud que será el responsable de decretar el aislamiento de alumnos y el cierre de aulas o colegios si es necesario. Además, 60 centros sevillanos remitieron una carta a la consejería rechazando que la responsabilidad caiga en ellos. El consejero, Javier Imbroda, ha prometido una inversión de 600 millones y la contratación de 4.000 profesores de refuerzo.

A vueltas con las ratios

Un estudio de la Universidad de Granada señalaba que los contactos cruzados en una clase de 20 alumnos ascienden a 800 en dos días y a 1.200 si se trata de 25 alumnos. De ahí que el de las ratios sea uno de los aspectos más críticos en el retorno a las aulas. En algunas regiones, como Cataluña o Extremadura, los esfuerzos en contratación de personal no resultan suficientes para hacer frente a las nuevas exigencias, critican padres y alumnos.

Cataluña, por ejemplo, además de un plan de 48 millones de euros para un paquete de 19 medidas de apoyo a los alumnos más desfavorecidos, también ha prometido la contratación de un mínimo de 5.000 profesores más (entre más de 8.200 contrataciones de personal) y un gasto de 246 millones, como aseguró el consejero Josep Bargalló. Sin embargo, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, había cifrado a principios de junio en 9.000 el número de profesores que necesitarían para afrontar el nuevo curso con garantías. La voluntad de que todo sea igual que siempre, es decir, sin mascarillas, ha levantado unas cuantas ampollas.

En Extremadura, el número de nuevos docentes es de 614 y un gasto de 25 millones de euros. Sin embargo, el Movimiento de Defensa de la Educación Pública Extremeña advirtió del truco: en junio se había producido el recorte de 302 profesores. Es decir, el aumento no llega ni siquiera a un 2%. Al no haber desdobles, la plataforma calcula que muchos grupos de Educación Infantil a cuarto de Primaria quedarán muy cerca de la ratio de 25 alumnos.

Ocurre algo semejante en País Vasco, donde la consejera de Educación Cristina Uriarte aseguraba que no tiene intención de realizar más contrataciones de profesores por la pandemia y que espera que pueda volverse “con la mayor normalidad posible”. “No tiene sentido que no se realicen contrataciones, porque si estamos hablando de distancia social y de medidas sociosanitarias, es necesario”, lamenta García Gómez.

También en Asturias, donde la convocatoria de 3.100 plazas de la Consejería de Educación ha sido calificada de insuficiente por el sindicato SUATEA, cuyo portavoz, Tino Brugos, manifestaba que serían suficientes “en situación de normalidad, y estas no lo son”. Se espera, no obstante, una segunda convocatoria para la segunda mitad de agosto, sobre el límite de preparación del curso. La pasada semana, la consejera de Educación, Carmen Suárez, manifestaba que bajar la ratio a 15 alumnos era “absolutamente imposible por razones económicas”.

La consejera de Educación de Asturias manifestaba que bajar la ratio a 15 alumnos era “imposible por razones económicas”

En Cantabria, el plan de contingencia ha intentado tener en cuenta a profesionales y familias, pero la Junta de Personal Docente ha manifestado estar “muy preocupada” por una vuelta al colegio en la que se baraja contar con 200 profesores más, en lugar de los 600 que se necesitan.

Valencia: un caso excepcional

Es la región que se coincide en aplaudir su gestión. En su caso, destinará una inversión de 200 millones de euros a la contratación de 4.374 docentes y la compra de 29.000 'tablets', como ha prometido el 'conseller' de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà. García recuerda que, por ahora, es la única comunidad donde hay consenso entre los distintos agentes sociales. “Ha pactado aumentar profesores en la pública y la concertada para bajar ratios, haciendo grupos internivelares en Infantil y Primaria, y planteando la vuelta a mitad de tiempo en Secundaria y Bachillerato”.

En La Rioja, CSIF rechaza el plan propuesto por la consejería porque “solo da tres días de margen a los cuerpos directivos para desarrollar su plan”

La Rioja era la otra región que estaba a punto de cerrar un pacto para el retorno a las aulas. No obstante, el pasado martes por la tarde, CSIF y UGT rechazaban el plan de la Consejería de Educación y Cultura. Entre las quejas se encontraban el retraso del retorno a las aulas hasta el 15 de septiembre, que “solo da tres días de plazo a los equipos directivos para preparar el plan de contingencia para el centro” y que aumenta las horas de trabajo de los profesores de 18 a 21 horas, algo en lo que Educación ha terminado dando marcha atrás.

Aragón: ¿qué hacemos con la fase 2?

En la comunidad aragonesa, el plan para el retorno a las aulas fue publicado hace ya más de un mes reflejando los tres escenarios conocidos de normalidad, convivencia con casos positivos y confinamiento. En aquel momento los centros comenzaron a trabajar sobre todo el primer escenario, el más optimista, pero los rebrotes han provocado que cada vez se destine un esfuerzo mayor a preparar el retorno para regiones que se encuentran en fase 2, como Zaragoza o Huesca, y que pueden abrir camino para otras zonas que tengan que tomar medidas semejantes.

Ese escenario apostaría, como comentaba el consejero de Educación de la comunidad, Felipe Faci, por “la mayor presencialidad posible en todas las etapas, especialmente en Infantil o Primaria”. En la fase 2 de la pasada desescalada, los centros educativos estaban abiertos para estudiantes de Infantil y Primaria con padres que acreditasen que no podían realizar teletrabajo o los alumnos de final de ciclo de ESO y Bachillerato.

La concertada saca las uñas

Este miércoles, los sindicatos de la educación concertada navarra se concentraron para rechazar el acuerdo firmado entre el Gobierno local y la patronal del sector, un tema candente en la región. El de la educación concertada es uno de los sectores que más ruido ha levantado durante las últimas semanas, desde que denunciaron que se quedarían fuera del reparto del fondo covid. Un runrún que continúa el iniciado a mediados de mayo por sus manifestaciones contra la ley Celaá que, interpretan, los deja relegados.

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Algunas comunidades, por lo tanto, han corrido a garantizar que el reparto del dinero también llegaría a los centros privados financiados por el Estado. Es el caso, por ejemplo, de Murcia, donde su presidente Fernando López Miras ha garantizado que también serán receptores de estos fondos. No obstante, el reparto dependerá de cada comunidad y no del ministerio.

Las dos Castillas: sobre la bocina

El pasado lunes, un profesor castellano-manchego publicaba el siguiente tuit: “Hoy, 27 de julio, la Consejería de Educación de la comunidad saca las instrucciones para el próximo curso. Después de echarles un vistazo mi única duda es si presento ya la renuncia a la dirección o si me espero también un mes”. En el reparto de profesores y presupuestos, a la comunidad presidida por Emiliano García-Page le han tocado 3.000 docentes, 55.000 dispositivos electrónicos y un plan que ha llegado a los centros, como en el resto de regiones, sobre la bocina.

Canarias es una de las comunidades que ha valorado la posibilidad de introducir enfermeras de apoyo en el arranque escolar

El plan de Castilla y León, aprobado en la segunda mitad de junio, contempla medidas específicas como el uso de mascarillas y aclara que “a partir de segundo de Primaria el número de alumnos por aula no podrá superar las ratios máximas previstas para cada enseñanza, procurando respetar la distancia de 1,5 metros. En caso de que no sea posible, será obligatorio el uso de mascarilla”. En definitiva, como recordaba García Gómez, “algunas comunidades no van a reducir las ratios”. En la comunidad ha sido también donde CCOO ha pedido “test masivos” para docentes antes de septiembre.

Las islas: ¿y esto cómo lo pagamos?

El pasado martes, el vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, vaticinaba en un excepcional alarde de sinceridad ante el optimismo generalizado “dificultades muy serias” a la hora de afrontar la necesaria contratación de entre 2.500 y 3.000 profesores para el próximo curso. “Lo vamos a hacer”, comunicó en el pleno de Parlamento, al mismo tiempo que admitía no saber “cómo lo vamos a financiar”. Es una de las regiones que ha valorado la posibilidad de que haya enfermeras de zona ayudando en el inicio de las clases.

Ayer mismo, el 'conseller' de Educación balear, Martí March, comunicaba que los centros de las islas ya habían aprobado sus planes de contingencia para el próximo curso, al mismo tiempo que recordaba a las familias que “no es solo responsabilidad de los centros controlar la temperatura”. 458 son los profesores que se incorporarán en el nuevo curso. No hay miedo, pero sí prudencia, ha sido el último mensaje que ha ofrecido antes de zambullirse en un agosto que se prevé más turbulento que el de cualquier otro año.