Una crisis institucional, sumada a crisis sanitaria y económica

Crisis sanitaria. Crisis económica y social. Crisis territorial. Y ahora crisis institucional. Así vive España en 2020, porque a las crisis provocadas por la pandemia o que ya se arrastraban desde hace tiempo, se ha sumado una nueva relacionada con la Jefatura del Estado con el anuncio de Juan Carlos I de que abandona España. Porque los españoles se han enterado de que quien fue rey durante 39 años tuvo dinero opaco en paraísos fiscales, recibió regalos de monarquías no democráticas, que contaba billetes en la Zarzuela y otros hechos que han motivado que la Fiscalía del Tribunal Supremo tenga que decidir si presenta querella contra el anterior jefe de Estado.

Juan Carlos de Borbón ha provocado una crisis más que se acumula a las que ya se viven en España. Ahora tenemos un ex jefe del Estado en una especie de exilio y con posibilidad de acudir a declarar como imputado a una sala presidida por su propio retrato. O ser juzgado si la Fiscalía y el Tribunal Supremo siguieran adelante.

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Paloma Esteban

Ya en marzo, en plena explosión de la pandemia, del inicio de las muertes masivas y de la angustia por el confinamiento colectivo el actual jefe del Estado emitió un comunicado no sobre el coronavirus que afectaba a los ciudadanos y arruinaba a España, sino sobre su herencia y dando por hechas las acusaciones contra su padre al retirarle la asignación pública.

Todo ello ha ocurrido en un momento en el que la monarquía tiene menos apoyo parlamentario que nunca. Ahora hay un 20% de parlamentarios dispuestos a pedir una comisión de investigación sobre Juan Carlos de Borbón y, además, todos ellos cuestionan la institución de la Corona. Ese dato se puede comparar con la votación en junio de 2014 en el Congreso de la ley que reguló la abdicación del anterior rey. Entonces solo hubo 19 votos en contra de Izquierda Unida, ERC, BNG, Compromís y Geroa Bai. Y así se puede llegar a la conclusión de que cada vez hay más voto a partidos republicanos.

Ahora, como ocurrió en la sesión de investidura del pasado mes de enero, hay enconados debates parlamentarios sobre la Corona y se encuentran en los diarios de sesiones palabras de elogio al Rey que los portavoces más monárquicos se sienten obligados a pronunciar.

Eso no quiere decir que la monarquía esté en peligro porque vaya a ser abolida, entre otras cosas porque la Constitución fija un sistema de reforma que la hace casi imposible para apartados como el Título II que regula la Corona, con unas mayorías impensables. Sería necesario el voto de PSOE y PP, la disolución de las Cortes y un referéndum- Hoy por hoy es imposible.

El PP siempre tiene capacidad de veto de esas reformas constitucionales. Pero lo que sí se ha producido, además del daño quizás irreparable a la institución, es una reducción notable del apoyo institucional a la monarquía y, quizás, de apoyo popular. De hecho, por primera vez hay una opción política abiertamente republicana dentro del Gobierno, como ocurre con Unidas Podemos.

El partido de Pablo Iglesias asegura que mantiene esa posición, pero desde hace tiempo camina por un posibilismo según el cual aparca esta cuestión en favor de otras prioridades. No obstante, Unidas Podemos tiene el propósito de insistir en la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el Rey emérito. Y se sucederán las declaraciones de sus dirigentes cuestionando la monarquía. Y a sus ministros puede no agradarles las fotos con los actuales Reyes, pero ahí estarían en los actos oficiales que corresponda.

Para septiembre, los socialistas tendrán que volver a unirse a PP y Vox para frenar en la Mesa la nueva petición de comisión de investigación planteada por todos los socios de Pedro Sánchez. El PSOE mantiene la coincidencia con el PP en la preocupación por la situación creada y en el empeño para impedir iniciativas como la comisión de investigación del Congreso y, por supuesto, una reforma constitucional que ni se plantea.

A pesar de que una parte de sus bases siempre ha sido republicana y, por eso, las sucesivas direcciones del partido han tenido que emplearse a fondo en los congresos del PSOE para evitar que se aprobaran conclusiones que cuestionaban la monarquía. Han resuelto esa contradicción mostrando apoyo al conjunto de la Constitución, con todo lo que incluye.

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EL CONFIDENCIAL

El PSOE sigue siendo uno de los pilares sobre los que se apoya la Corona. Eso no impide que el Gobierno de Pedro Sánchez haya hecho lo posible por establecer un cortafuegos entre Juan Carlos de Borbón y su hijo, Felipe VI. En eso también busca preservar la institución y una cierta estabilidad institucional, en conciencia con el PP. La vicepresidenta Carmen Calvo lleva más de un año intentando buscar con la Zarzuela fórmulas como la del "exilio". Exactamente desde que en marzo de 2019 el actual Rey comunicó a Pedro Sánchez las acusaciones contra su padre.

El PSOE acepta que su socio de Gobierno (Unidas Podemos) cuestione la monarquía, pero ahí están siempre los votos de los socialistas para impedir con PP y Vox en la Mesa del Congreso que progresen las peticiones de comisión de investigación sobre el rey emérito. Aunque con ello tengan que forzar la letra del informe de los letrados del Congreso.

Y a pesar de que en dos años de gobiernos de Sánchez ha habido algunos episodios de “diferencias” entre la Zarzuela y La Moncloa. Por ejemplo, cuando el viaje a Cuba de los Reyes o más recientemente por la misa por las víctimas del covid.

Más recientemente hubo un debate entre Moncloa y Zarzuela sobre si era mejor esperar a que actuara la Fiscalía, unido a la resistencia del rey emérito a salir

Hace unas semanas, en el llamado “picoteo” o café previo a la reunión formal del Consejo de Ministros, hubo comentarios críticos contra la presencia de los reyes en ese acto religioso, días antes del acto oficial organizado por el Gobierno. Y en el seno del Ejecutivo ha quedado claro que la parte de Unidas Podemos mantendrá su posición crítica con la monarquía y la del PSOE seguirá intentando poner un dique para encapsular la etapa de Felipe VI de la de su padre. Más recientemente hubo un debate entre Moncloa y Zarzuela sobre si era mejor esperar a que actuara la Fiscalía, unido a la resistencia del Rey emérito a salir de España.

Junto con el PSOE, el otro pilar de la monarquía es el PP. Tiene escaños suficientes para impedir cualquier reforma y estos días también participan en la creación de un cortafuegos argumental entre los dos reyes. Lo diferencial de los de Pablo Casado es que, además, tienen como arma política el argumento de criticar al Gobierno de coalición porque uno de los socios cuestiona abiertamente la monarquía.

De ambos partidos mayoritarios queda como terreno inexplorado el del papel de los cuatro presidentes del Gobierno que convivieron con el anterior jefe de Estado en aquellos años de actividad del monarca al margen de su labor institucional y con estancias en Suiza y viajes no oficiales. Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy nunca han dejado de elogiar a Juan Carlos de Borbón y “trabajaron” con él en los tiempos del llamado bipartidismo o “turnismo”.

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EFE

Hay una parte de la crisis institucional que se cruza con otra, con la territorial. Tiene que ver con el hecho de que la actuación de Felipe VI respecto al 'procés' independentista de Cataluña ya le supuso perder algunos apoyos políticos. Su discurso fue aplaudido por partidos llamados constitucionalistas, pero muy cuestionado por nacionalistas e independentistas, incluso algunos, que mantuvieron siempre buenas relaciones con la Corona. Es el caso del PNV y de lo que fue la antigua CiU. Y ha hecho que sea conflictivo cada viaje del actual rey a Cataluña. También es parte de la crisis institucional que sea excepcional cada visita del jefe del Estado a una parte del territorio español.

Ahora se ven como premonitorias las palabras distendidas del rey al presidente del Gobierno el pasado 8 de enero, tras la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. “Ha sido rápido, el dolor viene después”, dijo en otro contexto, con otro objetivo y no sabiendo que el augurio le sería aplicado también a él. O si, porque al menos desde marzo de 2019 conocía lo de las cuentas en Suiza de su padre. También lo conocía el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Pablo Casado, niega que fuera informado.

Y la Fiscalía tiene el difícil papel de decidir si actúa contra el rey emérito. Si lo hiciera, el Tribunal Supremo debe rechazar o aceptar la querella. En ambas fases podría aplicarse una interpretación extensiva de su inviolabilidad constitucional como jefe de Estado y la posible prescripción de presuntos delitos fiscales. Es vital para ello saber si movió el dinero después de abdicar en 2014. ¿Entenderían los ciudadanos que se frenara el proceso penal? La crisis institucional podría ampliarse entonces a la cúpula de la Justicia.