Hacienda cambia el acuerdo con la FEMP para no devolver los remanentes hasta 2037

Sorpresa e indignación contenida con la esperanza de que se tratara de un error. Así han recibido muchos de los principales ayuntamientos los cambios introducidos en el BOE respecto al acuerdo económico para la acción local firmado este martes antes del Consejo de Ministros entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), Abel Caballero. La propuesta de Hacienda firmada establecía un plazo de diez años, a partir de 2022, para devolver los remanentes de tesorería de los ayuntamientos y diputaciones que podrá utilizar el Estado. Sin embargo, en el BOE se recoge que el préstamo podrá ser amortizado en un plazo de 15 años. Cinco más de lo previsto, es decir, hasta 2037.

Todo ello a pesar de que Hacienda se había comprometido a todo lo contrario, a negociar una reducción a cinco años durante la tramitación parlamentaria. Desde el departamento que dirige María Jesús Montero puntalizan que el plazo podrá seguir siendo de diez años, según lo acordado, porque los 15 años recogidos en el Real Decreto son solamente el máximo establecido como tope para la devolución. "El plazo mayor será como máximo de 15 años, pero no significa que los ayuntamientos no puedan optar por el reintegro a 10 años", matizan estas mismas fuentes. En todo caso, añaden, los plazos podrían variar en esa horquilla en función de si mejoran o no las condiciones financieras. Precisamente, en su punto cuarto, el acuerdo recoge que las entidades locales "podrán acogerse voluntariamente a un plazo mayor si la Dirección General del Tesoro y Política Financiera ofreciese condiciones más ventajosas".

"No es elegante que después de la ruptura en la FEMP y por cómo han ido las negociaciones que a las nueve de la mañana el presidente del Gobierno y el de la FEMP firmen un acuerdo y dos horas después el ministerio de Hacienda lo modifique por Real Decreto Ley. Esto no tiene precedentes y deja a los pies de los caballos a los firmantes y a quien lo votó al cambiarlo de forma unilateral", lamenta el alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura. El regidor de IU ya ha exigido una rectificación porque dice querer pensar que se trata de un error y no de una decisión de "mala fe".

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I. Gil

Las negociaciones que estaban previstas arrancar ahora con el Tesoro Público empiezan con mal pie y la propuesta podría naufragar en el Congreso, pues ya en la FEMP solo salió adelante con los votos de los socialistas y el voto de calidad de su presidente, mientras que contó con el rechazo de PP, Cs y Junts, además de la abstención de IU. "Uno de los motivos por los que no votamos a favor de este acuerdo fue precisamente porque el plazo de devolución nos parecía excesivo", explica Del Cura, quien adelanta que desde su grupo en el Congreso seguirán reivindicando que se acorten los plazos, máxime después de las concesiones que asegura que ya realizó su grupo, dado que su voto en contra en lugar de la abstención hubiese tumbado el acuerdo. "Espero que rectifiquen y pidan disculpas", insiste.

La propuesta del PSOE pasó por ofrecer apoyo financiero para los ayuntamientos (5.000 millones de euros a fondo perdido). A cambio, los gobiernos locales podrán utilizar los 3.000 millones de euros del superávit de 2019 y este será compatible con los remanentes. También hay un fondo de 400 millones de euros para transporte.

El documento promovido por Hacienda, el departamento dirigido por María Jesús Montero, ya se saldó con críticas de Unidas Podemos por "no avanzar en los acuerdos recogidos en el acuerdo suscrito entre PSOE y Unidas Podemos: nuevo marco de financiación local y derogación de la LRSAL", la conocida como Ley Montoro. Con todo, los 'comuns' liderados por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han sido los más beligerantes defendiendo un voto en contra y manteniendo la negativa al acuerdo porque "aunque haya habido algunos tímidos adelantos continúa siendo muy insuficiente para afrontar la crisis social y económica y la recuperación social de los municipios".

Desde Catalunya en Comú calificaron las últimas modificaciones introducidas en el acuerdo final de insuficientes, alegando que "no van en la dirección del acuerdo de gobierno progresista y de los acuerdos de la FEMP, que reclamaban una modificación de la ley de estabilidad para disponer los recursos económicos para desarrollar servicios de calidad a la ciudadanía".

Desde el sector de Unidas Podemos en el Ejecutivo, reconocen también su discrepancia y fuentes conocedoras de las negociaciones, que por parte de los morados lideró el secretario de Estado de Asuntos Sociales dependiente de la vicepresidencia segunda, Nacho Álvarez, critican la inmovilidad de Hacienda y su negativa a avanzar en una cuestión que además recoge el programa de Gobierno de la coalición. De forma pública, la confluencia catalana de Unidas Podemos ha manifestado por su parte que, además de estos frenos, "continuamos estando en contra que los ayuntamientos tengan que librar sus recursos al Ministerio de Hacienda en concepto de préstamo a devolver en 10 años, convirtiéndose así en un tipo de ente financiero del Estado para que le permita equilibrar cuentas".