Podemos recurre a la Audiencia de Madrid para que archive la causa de su financiación

Podemos ha presentado un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando el archivo de la investigación abierta sobre sus cuentas al considerar que no se sustenta en indicio delictivo alguno. Esta solicitud se suma al suplicatorio de nulidad ya presentado al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que ha abierto las diligencias basadas en la denuncia del abogado despedido por el partido el pasado mes de diciembre, José Manuel Calvente. La investigación trata de dilucidar presuntos delitos de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, aunque la denuncia de Calvente planteaba desde financiación ilegal de partidos hasta blanqueo de capitales.

El escrito adelantado por 'Eldiario.es' y confirmado por este diario, aduce que los hechos denunciados por su exabogado "se basan en apreciaciones subjetivas del denunciante, y las meras sospechas no son suficientes para ordenar una imputación delictiva, pues ello obliga a las personas investigadas a probar la ausencia de un hecho delictivo, invirtiendo la carga de la prueba". Asimismo, se sostiene que las pruebas aportadas estarían manipuladas y que se obtuvieron "en el ejercicio de sus funciones en Podemos, en las que le era de aplicación el deber de sigilo y confidencialidad, y contiene datos de carácter personal". Por todo ello se reclama la nulidad de la causa o, en cualquier caso, el archivo de la causa.

Para justificar estas acusaciones de manipulación, de cara a intentar "elaborar un cuadro incriminatorio", se destaca como el exabogado del partido "llega a seleccionar partes de conversaciones" de chats de mensajería móvil con otros miembros de la formación pero eliminando otras, como sus propias respuestas en las que admitiría que responde negativamente a sus dudas ante presuntos procedimientos irregulares.

A las diversas diligencias abiertas por el juez Juan José Escalonilla se suma las imputaciones como investigados del secretario de Comunicación del partido y actual director de Estrategia y Comunicación de Pablo Iglesias en la vicepresidencia del Gobierno, Juanma del Olmo; la gerente de la formación, Rocío Val; el tesorero, Daniel de Frutos, y una responsable del departamento de Compras y Finanzas, Andrea Deodato. El juez los ha citado a declarar el 20 de noviembre.

Fuentes de la formación morada ya trataron de alertar desde que se conoció la investigación de que se trataba de una "investigación prospectiva", insistiendo en que se basa en simples sospechas basadas en el testimonio de un abogado despedido por el partido, quien no habría aportado ningún indicio según señalaban. Estas mismas fuentes han resaltado que se realiza un daño a la Justicia al construir casos mediáticos y políticos que luego se archivan, como en el caso del denominado informe PISA contra Pablo Iglesias según ejemplifican. Una utilización de la Justicia, añaden, "peligrosa para la democracia".

En esta misma línea, el coportavoz de la ejecutiva del partido, Rafa Mayoral, defendía esta mañana en una entrevista con la Cadena Ser que "lo que hay es aportación de documentos que aderezan un conjunto de suposiciones que no se sostienen por ninguna parte y que rayarían el ridículo si no fuera porque hay un proceso judicial en marcha". Asimismo ha querido quitar credibilidad a Calvente porque "este señor había sido abogado y ha violado la obligación del secreto profesional, por lo que la credibilidad es menos uno". Por otra parte, ha cargado duramente contra el juez Escalonilla aduciendo que en esta causa se están violando las mínimas garantías procesales.

En Unidas Podemos se interpreta esta investigación como un "caso mediático" que, dicen, se quedará en nada, pero que mientras tanto servirá a la oposición para atacar al Gobierno y que entronca con la estrategia de Vox de promover una moción de censura. Los populares, por su parte, ya han reclamado la comparecencia "de forma urgente" del vicepresidente segundo y líder de la formación morada. Una petición de explicaciones que han extendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de estar "avalando con su silencio las presuntas corrupciones y los presuntos escándalos de su vicepresidente". Se abre así un nuevo frente de erosión sobre la coalición mientras continúa el acopio de munición previo a la moción de censura liderada por Vox, que coincidirá con los primeros compases del nuevo curso político.