El Gobierno aprobará un estado de alarma con la intención de prorrogarlo un mes más

El Gobierno decretará este domingo un nuevo estado de alarma para dar cobertura jurídica a los toques de queda. Una de las medidas incluidas en el nivel máximo del nuevo plan de Sanidad, que se activa cuando la incidencia acumulada de contagios durante los últimos catorce días rebase los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo, la media española se sitúa en 361. La intención del Ejecutivo pasa por mantener en vigor el estado de alarma al menos un mes, por lo que se buscaría realizar como mínimo una prórroga. Sin embargo, se mira con preocupación también el puente de la Constitución, valorando la posibilidad de una segunda prórroga, sumando un total de 45 días de estado de alarma, si no se doblegase esta segunda ola de contagios. La Comunitat Valenciana, por ejemplo, va a aplicar desde este sábado y hasta el 9 de diciembre un toque de queda que supondrá que entre la medianoche y las seis de la mañana solo podrán transitar por la calle quienes vayan a trabajar, tengan una urgencia médica o se desplacen para atender a personas dependientes.

El estado de alarma no requiere de su aprobación por parte del Congreso, pero sí de sus prórrogas tras quince días en vigor. De hecho, el Gobierno quería asegurarse los apoyos en el Congreso para la prórroga antes de decidir pulsar el botón rojo, y en las últimas horas ha ido recabando los apoyos de nacionalistas y Ciudadanos, superando ampliamente la mayoría necesaria. El PP se opone. Los barones 'populares', incluso aquellos que sí habían expresado públicamente su respaldo a un estado de alarma igual para todo el país, siguen sin dar el paso de pedir a Sánchez que actúe. Aseguran que es el presidente el que debe de tomar el mando y cumplir con sus funciones. Madrid marca el paso del PP.

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El Gobierno cuenta con el apoyo de las comunidades gobernadas por el PSOE, que han pedido el estado de alarma, y con Euskadi y Cataluña, además del grupo liderado por Inés Arrimadas. Este rosario de peticiones forzado por el presidente refuerza sus posiciones. Desde el Ejecutivo central, insisten en que la adopción de medidas contra la pandemia "debe ser responsabilidad de todos". Fuentes del PP, en cambio, aseguran que es una competencia del Gobierno central y que, si Sánchez cree que debe hacerlo, que lo apruebe, pero no por petición de la oposición.

La conclusión de los servicios jurídicos de Moncloa es que el toque de queda precisa de la cobertura jurídica del estado de alarma. Los tribunales tumbarían con una alta probabilidad las medidas que conlleven restricciones a la movilidad. "Cuando un territorio alcance el nivel de alerta 4, es decir, la alerta extrema, deberán adoptarse medidas excepcionales que podrán requerir también la activación de un instrumento constitucional que es el estado de alarma", avanzaba ya este viernes el presidente del Gobierno durante una declaración institucional desde la Moncloa.

Su objetivo sería solamente dar cobertura jurídica a los toques de queda. No se pretenden asumir las competencias de las CCAA

El Consejo de Ministros extraordinario convocado para este domingo a las 10.00 horas debatirá los términos del nuevo decreto, aunque se descarta que se tome un mando único y el estado de alarma se limitará a restringir la movilidad. Será el mismo instrumento legal que ya se aplicó en marzo pero que ahora tendrá un contenido mucho más limitado, muy enfocado a dar cobertura legal a las limitaciones de movimientos y sin intervenir otras competencias de los presidentes autonómicos. No incluirá medidas para el confinamiento domiciliario.

Su objetivo sería solamente dar cobertura jurídica a los toques de queda que ya se han adoptado en Francia, Bélgica, Italia o Reino Unido, con cifras menos graves que en España. No se pretenden asumir las competencias de las comunidades autónomas, que serían las administraciones encargadas de gestionarlo, pero queda la puerta abierta en caso de necesitar actuar en comunidades "rebeldes", como ya ocurrió en el caso de la Comunidad de Madrid. Una de las razones esgrimidas para convocar este domingo el Consejo de Ministros extraordinario es que si esperan, avisan desde el Ejecutivo, las medidas aprobadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid sobre la movilidad entrarán en vigor este lunes. Otras comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León o Andalucía han anunciado en la práctica restricciones a la movilidad desde las diez u once de la noche hasta las seis de la mañana, lo que equivaldría al toque de queda.

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Pedro Sánchez aseguraba este viernes durante una declaración institucional en la Moncloa que "tenemos que reducir la movilidad y los contactos entre personas. No hay otra solución. A mayor movilidad, mayor contagio". En esta línea, añadía que "estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias".

Las próximas semanas serán duras, "muy duras", enfatizó Sánchez, mientras vinculaba la adopción de restricciones a "evitar recurrir de nuevo a un confinamiento domiciliario". Todo ello rescatando el mismo lenguaje empleado durante los momentos más duros de la pandemia, como "moral de victoria", "disciplina ciudadana", "espíritu de equipo", "actuar con determinación" o "máxima unidad", y allanando el terreno para la toma de decisiones drásticas. Y lo que queremos evitar justamente es llegar a ese punto por las consecuencias que tiene esa medida sobre la vida social y el impacto económico.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, fue la primera en ofrecer el respaldo de los diez diputados de su grupo e incluso pidió al PP que haga lo mismo para garantizar que salga adelante una hipotética prórroga de un nuevo estado de alarma. Para Sanidad, "el instrumento jurídico óptimo para tomar una medida de este tipo de manera generalizada es el estado de alarma".