El abogado de Puigdemont niega blanqueo con Miñanco y anuncia querellas

El abogado del 'expresident' catalán Carles Puigdemont ha acudido este lunes a la Audiencia Nacional para asistir a la declaración indagatoria tras su procesamiento por un delito de blanqueo de capitales en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial, servicios por los que supuestamente cobró 10.000 euros de la organización liderada por el narco Sito Miñanco. Gonzalo Boye niega su participación en los hechos y anuncia querellas.

El abogado niega toda colaboración delictiva vinculada con su antiguo cliente. En una nota, asegura que "se ha mentido mucho para tratar de incriminarme". "Jamás cometí delito alguno", indica, y añade que como abogado solo estaba ejerciendo libremente su profesión. "Tengo pruebas irrefutables que despejarán toda duda de mi total inocencia", ha agregado.

Además, ha anticipado que tomará las medidas legales oportunas "para averiguar si se ha cometido algún abuso de autoridad o negligencia en este procedimiento". Su intención es la de evitar "que en un futuro ningún abogado sea perseguido simplemente por ejercer su profesión", ha justificado.

TE PUEDE INTERESAR

'Blanqueo', la carpeta donde Boye guardaba 43 páginas de wasaps con la hija de Miñanco

Pablo Gabilondo José María Olmo

A Boye, que ejercía como abogado de Miñanco, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) le sitúa en sus informes como cerebro de una maniobra para blanquear el origen de 889.000 euros que incautaron a la banda en febrero de 2017 en el aeropuerto de Barajas. "Fue el encargado de intentar recuperar ese dinero mediante la confección de unos contratos en los que se fingía la compraventa de unas letras de cambio", recoge un informe policial al que tuvo acceso El Confidencial. "Elaborarían unos documentos y presentarían unos contratos de compraventa de letras de cambio en garantía de unos préstamos hipotecarios en el expediente sancionador que permitirían así justificar ante la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera el origen legal del dinero intervenido", explica a su vez la magistrada.

En este intento de blanquear el dinero intervenido, la instructora María Tardón apunta a que también participó un segundo abogado, Jesús Morán Castro. "Llegaron al acuerdo de que Prado Burgallo pagaría a Morán Castro 90.000 euros por estas letras y por confeccionar los contratos, 30.000 cuando se presentaran los documentos, de los cuales Boyé Tuset recibió 10.000 euros en ese momento", explica en su auto. Esta idea se apoya en las conversaciones que el abogado guardaba en una carpeta denominada 'blanqueo de capitales' y en una serie de manuscritos que fueron hallados el 5 de febrero de 2018, cuando registraron la casa de Luis Enrique García Arango, lugarteniente de Miñanco: "Gonzalo 10", podía leerse en uno de ellos. "Abogado Gonzalo 10", añadía otro. García Arango también figura en el listado de procesados.

En el auto, la jueza subraya además una serie de encuentros que Boye mantuvo con los hombres de Miñanco para organizar esta maniobra, entre ellos el que se produjo en el 28 de junio de 2017 en un VIPS de Madrid. La reunión se celebró después de que fracasara el primer intento de recuperar el dinero intervenido y, sin que el abogado lo supiera, la Policía Nacional accedió a las cámaras de seguridad del local para constatar que a la cita también habían acudido García Arango y la hija de Miñanco, entre otros. "Desde allí se dirigieron al despacho de la mercantil Versia Consultores Financieros [...] con el propósito en última instancia de obtener documentación adicional y decidir cómo proceder ante la resolución comunicada [que tumbaba las letras de cambio]", explica la magistrada.

Pero este segundo intento de blanquear el origen del dinero también fracasó. "El 18 de agosto el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) rechazó las alegaciones, entendiendo que no acreditaban el origen de los fondos", explica Tardón. Su razonamiento pasa por que ese pretendido negocio “no presentaba lógica comercial alguna, por cuanto en algunos casos, las letras de cambio ya estaban vencidas cuando supuestamente González Rubio [también procesado] las vendió, y en otros la letra era de fecha anterior al préstamo hipotecario en virtud del cual se emitía”. Respecto a la participación de Boye en este intento de blanqueo, Tardón sostiene que lo hizo "a sabiendas de su manipulación y su carácter ficticio".