El Govern se queda sin margen para recurrir y queda en manos del TSJ de Cataluña

La segunda de las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cayó este jueves como un jarro de agua fría en el Govern, que ve ahora más lejos su apuesta por un aplazamiento de las elecciones catalanas, que barajaba para mayo. La medida cautelar estimada por el TSJ aplaza el fallo definitivo a la fecha tope del 8 de febrero, mientras que la campaña electoral comienza, según la previsión inicial, a las cero horas del 29 de enero y terminaría a las 24 horas del 12 de febrero. Mientras el tribunal decide de forma definitiva lo que sucederá con los comicios, ERC y Junts ven cómo se aleja su posibilidad de discutir su decisión mediante recursos por un motivo muy simple: los plazos no dan de sí para que se adopte una decisión antes de la fecha clave.

Fuentes jurídicas consultadas aseguran que la cautelar es recurrible en amparo ante el Tribunal Supremo, pero avisan de que, a tres semanas de la fecha prevista y mantenida por la Justicia, resulta materialmente imposible fallar a tiempo. La tramitación lleva aparejados unos plazos que colocarían la resolución después del 14, volviéndola inútil, precisan. Por tanto, los partidos del Ejecutivo autonómico están en manos del TSJ, curiosamente el mismo órgano judicial que se encuentra en el origen del adelanto electoral: fue también el que condenó en primera instancia al 'expresident' Quim Torra por desobediencia y desencadenó su inhabilitación.

La primera valoración del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, tras conocer el fallo resultó reveladora. "Estamos ante una irresponsabilidad que hace que muchos ciudadanos se vean obligados a escoger entre el derecho a voto y el derecho a la salud", criticó, para añadir que la Justicia trata de condicionar la política catalana y sume a la ciudadanía en la incertidumbre.

En una semana de infarto, el TSJ alcanzó este jueves la segunda de sus resoluciones que, en la práctica, conduce a que todo se desarrolle como si los comicios fueran a celebrarse el 14, pero sin que exista ninguna seguridad de que así sea, puesto que no será hasta el fallo definitivo sobre el fondo de los recursos cuando se sepa con certeza si es así o no. El todavía ministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, dimitirá la próxima semana con la incertidumbre de si su salida del departamento más sensible del Ejecutivo podría haberse dilatado.

TE PUEDE INTERESAR

El Govern acusa al TSJC de injerencia política por mantener las elecciones catalanas el 14-F

Marcos Lamelas. Barcelona

Aunque no será hasta este viernes cuando se conozcan los motivos de la decisión, es previsible que sean los mismos que condujeron al tribunal a inicios de esta semana a atender la cautelarísima. Los magistrados argumentaban que, de no hacerlo, los recursos presentados contra el aplazamiento de la fecha ya no servirían para nada. El mismo argumento defiende la Fiscalía que, en un escrito, indicó que, en caso de no suspenderse el decreto de aplazamiento, se podría abocar "con plena seguridad" a hacer inviable la celebración de las elecciones el próximo 14 de febrero.

El decreto

En el decreto de la polémica, el Govern se refería a la situación excepcional provocada por la pandemia y aseguraba que el covid impide garantizar el pleno ejercicio del derecho a voto del electorado en condiciones de libertad e igualdad. ERC y Junts defienden que, en un caso así, la Generalitat de Cataluña que preside en funciones "puede proceder al aplazamiento o, en su caso, a la suspensión de las elecciones en los términos indicados en el dictamen".

TE PUEDE INTERESAR

ERC prepara el terreno para deslegitimar las elecciones catalanas si se celebran el 14-F

Marcos Lamelas. Barcelona

Defendía que el empeoramiento generalizado de la epidemia había provocado un endurecimiento de las medidas de prevención, con mayores limitaciones de movilidad. "En el contexto actual, si bien la duración de las medidas adoptadas no llega al día de la votación, es un hecho notorio que nos encontramos en unos momentos en que los contagios del covid-19 se han acelerado, con una elevada probabilidad de que la actual situación de la pandemia se prolongue más allá del 14 de febrero de 2021", decía. Se refería al riesgo de contagios y a la posibilidad de que el miedo a los mismos disuada a los electores, citando los antecedentes de Galicia y el País Vasco. El texto ha recibido críticas de la Junta Electoral por su "indefinición" y muchos juristas señalan que contradice el espíritu del Estatut de Cataluña.