El PP revisa sus normas para impedir críticas como las de Álvarez de Toledo tras el 14-F

Los grupos parlamentarios del PP en el Congreso y Senado han actualizado recientemente sus estatutos para equipararlos a los del partido y que todos sus miembros (afiliados, dirigentes de distinto rango o diputados y senadores) compartan el mismo código de conducta. Se incluyen novedades que afectan al régimen disciplinario de los parlamentarios y que no han escapado a la atención de muchos de sus dirigentes. El lunes de la semana pasada, el Grupo Popular en la Cámara Baja se reunió de manera ordinaria. En el orden del día, constaban distintos asuntos y la portavoz, Cuca Gamarra, anunció una revisión del código de funcionamiento interno en el que se recogen los derechos y deberes de los diputados y las normas internas por las que se rigen sus actuaciones.

La decisión de revisar estos estatutos la tomó la dirección nacional el pasado otoño, pero se fue postergando por distintos motivos. Al no haber ningún voto en contra, quedó aprobado por asentimiento. Y la cuestión es que el código interno en el Congreso recoge ahora las mismas “infracciones” calificadas en tres niveles, “muy graves, graves y leves”, que existen en los estatutos del partido vigentes desde 2017, cuando tuvo lugar el 18º Congreso Nacional.

Entre los que se consideran muy graves, están comportamientos como “la manifiesta deslealtad al partido, entendida como toda acción que pueda perjudicar su interés general”, la “desobediencia a las instrucciones o directrices que emanen de los órganos de representación del partido, siempre acordes a los estatutos”, y “toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones democráticamente adoptadas por el partido”.

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Tres supuestos que encajarían con actitudes, coinciden algunos diputados, como la de Cayetana Álvarez de Toledo, especialmente en recientes entrevistas tras las elecciones catalanas que supusieron un punto de inflexión en Génova. En concreto, la última, con el diario ‘El Mundo’ el 15 de febrero, en la que aseguró que Pablo Casado “había defraudado las esperanzas depositadas en él”. Y no solo eso. La exportavoz en el Congreso afirmaba abiertamente que el presidente del PP “había acreditado su incapacidad para reconstruir el constitucionalismo” en esa comunidad autónoma. “Casado se ha dejado aquí jirones de credibilidad”, zanjaba, insistiendo en que “es su liderazgo y suya ha sido la presencia constante”, además del diseño de la campaña electoral.

Las palabras de la diputada por Barcelona se entendieron como un ataque directo a la línea de flotación del partido, hundido tras la debacle electoral, y levantaron todavía más ampollas en la cúpula popular y en el seno del grupo parlamentario. Como publicó este diario, la portavoz manifestó su clara voluntad de continuar en el Congreso y descartó por completo dejar el escaño tras esas declaraciones. También en el partido se produjo un debate intenso sobre si era necesario o no tomar medidas, como la apertura de un expediente.

Fuentes de la dirección del grupo parlamentario en el Congreso aseguran que la idea del cambio de estatutos pasa por que todos los miembros del partido, también los que estrictamente desempeñan su tarea en las Cortes, se sientan igual de concernidos por los códigos internos, la línea general de la formación y que exista un proceso garantista para todos ellos en cualquier supuesto, también el relativo a las infracciones.

A pesar de que algunos dirigentes de peso consideran que "no se podía dejar pasar" un hecho que consideraban de total gravedad, otros insistían en que señalarla o llevar a cabo alguna acción contra la exportavoz solo serviría para ponerla aún más en el foco y “engrandecer” su figura. Los partidarios de alguna sanción insistían en que un comportamiento así sin ninguna penalización supondría un “antecedente peligroso” para la organización.

La situación es compleja, porque las sanciones previstas en los estatutos populares para las infracciones “muy graves” (y que ya habrían sido traspuestas a los estatutos de los grupos parlamentarios) son la suspensión de la afiliación por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años, la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido por el mismo tiempo o la expulsión de la formación. En todo caso, el acta es de cada diputado y ningún partido puede obligar a un parlamentario a dejarla. Pero más allá del régimen sancionador, dirigentes populares aseguran que la intención última es que los dirigentes tengan presentes las normas internas del partido y se aplaquen críticas que no se consideran constructivas, sino "deslealtades" en toda regla.

Foco en las votaciones telemáticas

Algunos dirigentes encuentran la actualización de los estatutos como un aviso a navegantes y señalan el agujero y la división que provocó la etapa de Álvarez de Toledo como portavoz en el grupo, que después Gamarra quiso reparar con un nuevo rumbo para el conjunto de diputados. En todo caso, el endurecimiento del régimen disciplinario no mira solo a este tipo de conductas. Según ha podido saber este diario, también se ha actualizado todo lo relativo a las obligaciones de los diputados y senadores en sus tareas, y especialmente en lo que respecta a las votaciones telemáticas.

La pandemia ha cambiado algunos procedimientos de la actividad parlamentaria y ahora las votaciones son en gran medida no presenciales, lo que implica un compromiso mayor de todos los diputados que el PP, igual que otros partidos, quiere recoger por escrito. De hecho, la dirección del Grupo Popular en el Congreso ha pedido más seriedad al respecto tras comprobar algunas ausencias en iniciativas legislativas muy señaladas. Durante la tramitación de los Presupuestos Generales, en muchas ocasiones diputados no participaron en la votación de enmiendas al articulado (el PP presentó más de 1.500, además de su enmienda a la totalidad del proyecto).

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Otro ejemplo es la nueva ley educativa del Gobierno de coalición, conocida como ley Celaá, uno de los grandes caballos de batalla de los populares. El proyecto de ley obtuvo el pasado noviembre en el Congreso 177 votos a favor (al ser una ley orgánica, necesitaba alcanzar la mayoría absoluta, fijada en 176 diputados) y 148 votos en contra. Por poner un ejemplo: PP (incluyendo a Foro Asturias), Vox y Ciudadanos suman juntos 151 escaños, a los que se unieron Navarra Suma, la CUP, Coalición Canaria y el Partido Regionalista Cántabro. Es decir, hubo ocho parlamentarios que no participaron en la votación, de los que siete eran del PP.

Fuentes del Grupo Popular reconocen “que eso no puede ser”, porque es parte de su obligación como diputados, e insisten en que es necesario adaptarse a los nuevos procedimientos de la Cámara sin eludir nuevas obligaciones como la votación telemática.