El papel de los grandes tenedores, el principal escollo en la nueva ley de vivienda

PSOE y Unidas Podemos retomarán este jueves las negociaciones para la futura ley de vivienda tras acercar posturas durante los últimos días en lo relativo a los objetivos, como es la regulación de los alquileres, la alternativa habitacional frente a los desahucios o la ampliación del parque de vivienda pública, pero con propuestas antagónicas sobre los mecanismos para llevar a cabo estas medidas. El principal escollo tiene que ver con el papel que jugarán los grandes tenedores, pues sobre ellos se pretende descargar la mayor parte de la futura legislación para facilitar el acceso a la vivienda.

Por un lado, las medidas fiscales para frenar los precios abusivos de los alquileres, que no afectarían a los pequeños propietarios y recaerían únicamente en los grandes propietarios. Por otro, la movilización de sus propiedades vacías y el destino de un porcentaje de estas a un parque de viviendas en régimen de alquiler social. En este punto, el propio acuerdo de gobierno recoge que "se estudiarán obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda".

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Los socialistas priorizan los incentivos fiscales frente a las penalizaciones que proponen los morados, así como evitar las obligaciones a grandes tenedores que asocian con problemas de seguridad jurídica. Entre ellas, la obligación de que los grandes tenedores dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social, como demandan desde Unidas Podemos o que saquen sus viviendas vacías al mercado del alquiler. Frente a ello, el PSOE mantiene negociaciones paralelas con fondos de inversión, según fuentes del Ministerio de Transportes.

Los socialistas descartan también la creación de un impuesto a las viviendas vacías, otra de las medidas que demandan los morados. Se trataría, según su propuesta, de un nuevo impuesto estatal a la vivienda desocupada con tramo autonómico. En su lugar, el equipo negociador del PSOE plantea movilizar las viviendas vacías a través de recargos de hasta el 50% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que los ayuntamientos podrían aplicar a su potestad.

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La ley reguladora de haciendas locales ya recoge esta posibilidad desde 2004, pero nunca se ha podido desarrollar por la falta de una definición homogénea a nivel estatal del concepto de vivienda vacía. Ahora, coincidiendo con las negociaciones en el seno del Gobierno para la futura ley estatal de vivienda, se pretende acabar con esta indefinición, precisando el concepto y características de una vivienda vacía para que los tribunales no tumben, como hasta ahora, el intento de algunas entidades locales a la hora de poner en práctica este recargo.

PSOE y Unidas Podemos comparten, sin embargo, la necesidad de complementar la regulación de los alquileres con medidas adicionales, principalmente en las zonas donde los precios medios superan con creces los índices de referencia, a través de un aumento del parque de vivienda social. Durante los últimos días, los departamentos que lideran las negociaciones, Transportes y vicepresidencia segunda, se han intercambiado varios informes que ponen de manifiesto la "efectividad" en el corto plazo de la regulación de precios y que esta debe ir acompañada de otras medidas para ampliar el parque público de vivienda.

La intención es acudir a la reunión que celebrarán este jueves con propuestas concretas. Una exigencia de los morados para acelerar el acuerdo en la futura ley de vivienda, tras haberse superado el plazo comprometido de llevarla al Consejo de Ministros antes del inicio de marzo. Las negociaciones están siendo lideradas por los equipos que encabezan el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, por un lado, y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, por otro.

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Los choques iniciales respecto a los objetivos de la futura ley, más allá de las medidas concretas, se han ido puliendo durante los últimos días. Un salto cualitativo que ha permitido desencallar las negociaciones, pues hasta la pasada semana no había acuerdo en cuestiones básicas como regular o no los alquileres, y, de hacerlo, si limitarse solo a frenar las subidas abusivas o propiciar mecanismos para que se produzcan también eventuales bajadas.

Las diferencias se centran en los instrumentos para alcanzar estos objetivos, con tres grandes debates: regulación de alquileres, parque de vivienda en régimen de alquiler social y movilización de vivienda vacía. En este contexto, el Ministerio de Hacienda también ha entrado en escena, a través de reuniones con el Ministerio de Transportes de cara a definir las medidas fiscales que acompañarían la futura ley. "Sobre adónde queremos llegar no hay debate, es sobre la forma", resumía la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.

El Gobierno se ha comprometido a poner freno "a las subidas abusivas del alquiler", impulsando las normativas necesarias

Del acercamiento entre los socios del Gobierno, al menos conceptualmente, se daba cuenta este martes con la aprobación en el Consejo de Ministros del plan de la Agenda 2030, con compromisos explícitos para regular los alquileres. El texto aprobado se compromete a poner freno "a las subidas abusivas del alquiler, impulsando las normativas necesarias para ello, entre las que debe incluirse la facultad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de establecer su índice de precios, la habilitación de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler y la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios". No se trata por tanto solo de evitar subidas abusivas, sino también de facilitar eventuales bajadas en las zonas especialmente tensionadas: "Dicha cuestión será, tal y como establece el compromiso del Gobierno de España, una de las cuestiones fundamentales de la nueva ley de vivienda".