Sánchez concentra un paquete de leyes sociales para pasar página a los indultos

Memoria democrática, ley trans y LGTBI, tramitación de la norma conocida como de 'solo sí es sí', decreto para paralizar los desahucios sin alternativa habitacional a la espera de la ley de vivienda, una previsible bajada del precio de la luz vía reducción del IVA o una medida de gran impacto moral en una sociedad emocionalmente castigada por la fatiga pandémica como es el fin del uso obligatorio de las mascarillas en el exterior, que se aprobará el próximo jueves. Un golpe de efecto. Todo concentrado y reservado en la recta final del curso político. Todo antes de las vacaciones y después de que se aprueben los indultos a los presos del 'procés' el próximo martes en Consejo de Ministros, si no hay sorpresas de última hora.

Todo en un mes inhábil en el Congreso, pero que se habilitará a través de plenos de extraordinarios para mantener su actividad, mientras que el Consejo de Ministros trabajará también a pleno rendimiento para aprobar una larga serie de medidas y reformas progresistas que permitan pasar página a los indultos y centrar la agenda en cuestiones sociales y materiales.

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A ello se sumaría la más que previsible, o al menos descontada por la mayoría de ministerios, crisis de Gobierno. Una remodelación del Ejecutivo, con mayor peso de los perfiles netamente políticos y adaptado a la nueva realidad de la segunda mitad de la legislatura con el horizonte de llegar a 2023 bajo el mantra de la recuperación y la cohesión territorial. Finalmente, la Conferencia de Presidentes que convocará Pedro Sánchez para hablar de la distribución territorial de los fondos UE y reivindicar una hoja de ruta con connotaciones federalistas. Y un concepto, repetido en los últimos días tanto por empresarios como por la Comisión Europea, el de la "transversalidad política" para fondos y las reformas que apela como un tirón de orejas a la oposición.

No se trata de enterrar la agenda catalana y opacar los indultos antes de las vacaciones, aunque sí de amortizarlos y visibilizar un cambio de fase. Del impulso a una nueva etapa que arrancará con el inicio de un curso político con el viento a favor de los fondos de recuperación y un buscado deshielo de las relaciones institucionales con Cataluña para avanzar hacia la normalización. Reafirmar el carácter progresista del Gobierno, cuyo socio minoritario, tras el liderazgo de Unidas Podemos asumido por Yolanda Díaz, se ha comprometido a no mostrar de puertas afuera los conflictos y a llevar a término la legislatura.

Pedro Sánchez comparecerá el próximo 30 de junio, a petición propia, ante el pleno del Congreso de los Diputados, para informar del Consejo Europeo extraordinario celebrado el 24 y 25 de mayo y del Consejo Europeo ordinario de los días 24 y 25 de junio de 2021, así como de la situación política y económica. Antes de ello, tendrá lugar en el Palacio de la Moncloa una reunión entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

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Unas nuevas relaciones entre los socios que han permitido desbloquear el paquete de leyes en materia de Igualdad. Según confirman fuentes del departamento que dirige Irene Montero, está previsto que el anteproyecto de la ley trans y LGTBI —tras aceptar fusionarse en una sola norma— se apruebe en el último Consejo de Ministros del mes de junio, o a lo más tardar en el primero de julio si no se logran cerrar antes algunos aspectos en que hay diferencias. Con todo, se ha salvado el principal escollo que dividía a socialistas y morados, esto es, la autodeterminación de género.

Las personas mayores de 16 años podrán así modificar su sexo en el Registro Civil, sin necesidad de aval médico ni de representantes legales. Era una línea roja para los morados y a la que se resistían los socialistas, pero que finalmente y tras meses de confrontación han aceptado incluir. La ley de libertad sexual, conocida como del 'solo sí es sí', llegará "en breve" al Congreso, según estas mismas fuentes, para iniciar su tramitación tras haber superado todos los procesos y revisada por ministerios, CCAA, CGPJ o Consejo de Estado.

En las próximas semanas, también se dará luz verde definitiva en el Consejo de Ministros a la ley de memoria democrática. Impulsada por la vicepresidencia primera, se registrará en el Congreso en julio y arrancará su tramitación en septiembre. La futura ley seguirá adelante sin incorporar las recomendaciones del informe del Consejo General del Poder Judicial, que ponía en tela de juicio que se pudiesen extinguir organizaciones como la Fundación Franco por hacer apología del franquismo. Como ya avanzó este diario, el Gobierno siempre mantuvo su plan de prohibir la Fundación Franco pese al informe del órgano de gobierno de los jueces.

Esta misma semana, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, visibilizaba su pulso: “Como es sabido, las leyes las elaboran las Cortes Generales, y somos los legisladores los que tenemos la primera y la última palabra de lo que puede ser obligatorio en nuestro país”. De este modo, confirmaba respecto al dictamen sobre la ley que “hay algunas cuestiones que el Gobierno no comparte y no va a compartir”.

En materia de vivienda, los socios de la coalición de Gobierno han acercado posturas respecto a la regulación de alquileres, acordando congelar las rentas en las zonas tensionadas. Si bien todavía se sigue negociando, la norma está cada vez más cerca, al superar el principal escollo. Mientras no se apruebe, el Gobierno llevará en julio al Consejo de Ministros una norma para paralizar los desahucios sin alternativa habitacional, según confirman fuentes del Ministerio de Transportes, el competente en la materia.

El texto se estaría ya perfilando, si bien todavía está en vigor la última prórroga de tres meses del decreto antidesahucios por la pandemia, y la intención pasa por que recoja "las líneas fundamentales del acuerdo en materia de desahucios que se incluirán en la futura ley de vivienda". La norma dará un mes a los servicios sociales para informar sobre la vulnerabilidad y dar soluciones habitacionales si el propietario es persona física, y tres meses si es jurídica, según ha podido saber este diario. Sobre la bajada del precio de la luz, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguraba el pasado viernes que el Gobierno revisará la fiscalidad eléctrica "muy pronto", con el objetivo de amortiguar el impacto en la factura de los altos precios de la electricidad.

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El fin del uso de las mascarillas en exterior se aprobará el próximo jueves en un Consejo de Ministros extraordinario para desterrar su obligatoriedad a partir del 26 de junio. Este será por tanto el último fin de semana en que sea obligatorio su uso al aire libre cuando se guarde distancia de seguridad. "Nuestras calles, nuestros rostros, empezarán a recuperar en los próximos días su aspecto normal", celebraba el presidente del Gobierno el viernes durante un acto en Barcelona, antes de subrayar que "la alegría de vivir de la sociedad española y la sociedad catalana es la alegría de vivir de sus representantes en las instituciones públicas, empezando por el Gobierno".

La Conferencia de Presidentes será uno de los últimos hitos en la agenda política antes de cerrar el curso. Cuando se ratifique el plan de recuperación de España en el Consejo de la Unión Europea, previsiblemente dentro de un mes, el presidente del Gobierno convocará una Conferencia de Presidentes, según ha anunciado esta tarde. "Convocaré antes de verano una Conferencia de Presidentes para hablar del plan" con los presidentes autonómicos, a quienes ha señalado también como sus "protagonistas". La intención es llegar a la cita con los indultos amortizados y centrar el foco en los fondos europeos y la cohesión territorial.