¡Exprópiese! ¿Deberían los laboratorios renunciar a sus patentes contra el covid?

El coronavirus covid-19 ha puesto en jaque a la economía y a la sociedad a nivel mundial. Para tratar de contener una pandemia por la que han muerto ya de más de 390.000 personas, diversas fuentes financiadoras han puesto sobre la mesa miles de millones para acelerar la investigación. Desde entes públicos y empresas privadas, hasta organizaciones supranacionales, fundaciones o donaciones de los propios ciudadanos.

Los investigadores de todo el mundo están compartiendo los datos que van recabando para tratar de dar antes con las respuestas que aún no conocen y complementar los diferentes estudios que se están realizando. Sin embargo, conseguir una vacuna o un medicamento eficaz contra el covid-19 sigue siendo una carrera. No una competición de equipo. Y quien llegué a la meta, ¿qué hará con su producto?

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Las asociaciones en defensa de la salud pública no han tardado en pronunciarse: piden acuerdos internacionales que permitan 'liberalizar' los derechos de explotación y patentes para la fabricación de vacunas y medicamentos. Su objetivo es asegurar que el coste de estos medicamentos sea accesible globalmente y romper el oligopolio existente en el mercado de vacunas. La propia Unión Europea lideró, en la Asamblea de Respuesta Global al Coronavirus y la última Asamblea Mundial de la Salud de la OMS, la defensa de un sistema de reparto equitativo de vacunas contra el covid-19 de forma global, previendo que es muy posible que sea una empresa estadounidense la que consiga la primera vacuna viable y tratando de evitar que el 'America first' de Donald Trump se traduzca también en medidas proteccionistas que supongan inmunizar primero a su población local antes de comenzar con los acuerdos internacionales. Y no solo por una cuestión económica, sino porque, según los expertos, una vacunación local no frenaría la pandemia.

Los Estados tienen varios mecanismos para asegurar que las patentes farmacéuticas son debidamente explotadas y no hay duda de que, cuando ese momento llegue, acceder o no a los remedios contra el covid en el mercado internacional será una prioridad. La duda es, ¿renunciarán los propios laboratorios o farmacéuticas a sus derechos de explotación o tendrán que intervenir los Estados para expropiar las patentes de productos relacionados con la pandemia justificando motivos de salud pública?

Un "bien público"

El pasado viernes 29 de mayo, la Organización Mundial de la Salud, junto a treinta países y múltiples asociaciones e instituciones internacionales, se unieron para apoyar un 'Fondo de Acceso a la Tecnología covid-19', que pretende aglutinar estos derechos sobre tecnologías y explotación de productos sobre el covid para asegurar que son "disponibles universalmente" y que se encuentran protegidos como "bienes públicos mundiales". El mismo viernes EEUU anunciaba que rompe relaciones con la OMS por su gestión durante la pandemia, aunque no dio más detalles sobre los motivos. Todos los expertos coinciden en que EEUU es la 'manzana podrida' de la cadena de cooperación internacional contra el covid y, siendo un escenario plausible que sea una empresa estadounidense la que consiga la primera vacuna eficaz, esto podría llegar a ser un problema en su distribución global.

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El fondo impulsado por la OMS está pensado como un sistema voluntario y de solidaridad y, ahora mismo, es muy improbable que alguna farmacéutica o laboratorio estadounidense se adhiera. "Lo que hay que tener en cuenta es que por primera vez en la historia prácticamente la totalidad de la población mundial, alrededor de un 70%, necesitará la vacuna y todos al mismo tiempo", explica a El Confidencial Vanessa López, directora de Salud por Derecho, que incide en la necesidad de "eliminar las barreras de propiedad intelectual". "La vacuna tiene que ser un bien público global, no estar protegida por las leyes de propiedad intelectual". Y es que, para esta asociación que lucha por el derecho a la salud, este tipo de iniciativas son las únicas que pueden garantizar "que no haya un monopolio" de producción de vacunas y medicamentos para una pandemia que es global y urgente. Y resalta que esta fórmula de oligopolio de creación de medicamentos lleva años entorpeciendo el acceso global a la salud y quizá sea ahora, esta pandemia, la que nos haga repensar todo el sistema de producción.

Expropiaciones u obligación de licencias

"En un mundo ideal sería así", acepta el experto en propiedad intelectual internacional, Francisco J. Cantueso, socio de Écija, que asume que aunque renunciar a una patente para que sea de uso público es posible, no es lo más común, por no decir que es una quimera. "A nivel legal —explica—, está el concepto del inventor, que es la persona física que desarrolla la invención que se sujeta a una patente —en este caso el investigador— y después está el titular de la patente, que puede ser una persona jurídica, es decir, el laboratorio o la institución pública que haya registrado o desarrollado esa patente".

Los estados tienen mecanismos para asegurar que las patentes son debidamente explotadas justificando una necesidad de salud pública

Al registrar una patente médica, se le concede a ese titular la posibilidad de explotar el producto de manera exclusiva y excluyente durante un plazo de 20 años, con la condición de que cuando ese plazo transcurra esta sea de dominio público. Este registro se realiza en un país en concreto y, aunque hay acuerdos internacionales que extienden la protección de una patente a otros territorios, este no deja de ser un contrato entre un Estado y el titular del invento. Como explica Cantueso, si una vacuna o medicamento contra el coronavirus fuese patentada en España, el Estado tendría varios mecanismos para asegurarse de que se produce de forma extensiva y llega a todo el mundo. "En estos casos se usa mucho la obligación de dar licencias aunque también es legal expropiar una patente por interés publico, cuando sea de importancia por la salud publica", dice Cantueso. Esa expropiación, indemnización mediante, podría ser de forma temporal y, según este experto, podría incluso enmarcarse en el Real Decreto 463/2020 del pasado 14 de marzo en el que para hacer frente a la crisis sanitaria se contemplaban requisamientos temporales de bienes.

Varias vacunas, varias patentes

Eso en caso de que alguno de los medicamentos sea creado en España. José Antonio Navarro Alonso, experto en vacunas de la Asociación Española de Vacunología, cree que esa opción no es descartable y que, de hecho, lo más probable es que haya más de una vacuna, alguna de ellas seguramente en EEUU o la UE, sin olvidar a China. Esta situación abriría un escenario de comercio internacional y de traspaso de derechos de producción y explotación diferente. "Tendremos un abanico de elección amplio y, además, estas vacunas no van a ser idénticas, tendrán características diferentes, unas serán de una dosis, otras de dos... y tendrán objetivos diferentes", explica.

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En cualquier caso, como ya explicó este diario, una vez superado el problema de derechos de explotación, con la fórmula que sea, otro de los problemas que va a afectar mucho a cómo se abordará la situación internacionalmente pasa por impulsar instalaciones en las que se puedan fabricar dichas vacunas, lo que también limitará el suministro a nivel mundial. "La postura de algunos países que están dando mucho dinero a la investigación, por ejemplo EEUU", dice Navarro, "podría pasar por el 'America First', es decir, vacunar primero a su población y luego ya veremos cómo podemos hacer que llegue a otros".

La posición de EEUU ante esta crisis global es, para todos los expertos, el principal escollo y su decisión de romper relaciones con la OMS solo agrava la situación. Pero también lo es la "ambigüedad" con la que se están planteando las soluciones. Desde Salud por Derecho valoran que la última Asamblea Mundial de la Salud acordase una resolución que, tras casi tres semanas de continuas negociaciones entre los países, "ha ido perdiendo fuerza con respecto a su texto original, propuesto por la Unión Europea en abril". "El texto final es demasiado ambiguo y poco contundente sobre las medidas necesarias para enfrentar el desafío del acceso global a las tecnologías sanitarias: eliminar los monopolios legales de los productos, establecer licencias universales y no exclusivas, y compartir los conocimientos necesarios para expandir la producción global de medicamentos, vacunas y/o diagnósticos", dicen desde la fundación.

Pandemias, sí, para países en desarrollo

Y entre tanta normativa internacional, ¿no se pudo regular antes? "En realidad", explica Cantueso, "existen convenios a nivel internacional de propiedad intelectual relacionados con el comercio en los que se regulan situaciones de pandemia". La Ronda de Doha para el comercio internacional aprobó en 2003 una declaración en la que se establece que en determinadas situaciones de pandemia o problemas de salud pública —en aquel momento se hizo pensando en el VIH—, un país que forme parte de la Organización Mundial de Comercio puede iniciar un proceso para solicitar al país productor de una vacuna o medicamento que priorice su abastecimiento al tener un problema de salud pública. Pero España no puede entrar en ese procedimiento. "Hay un compromiso de algunos países de no hacer uso de esta cláusula y la UE tiene ese compromiso", explica Cantueso.

Ante un escenario de igualdad y escasez, los países tradicionalmente productores han pasado a ser países demandantes de vacunas

El problema de la distribución de medicamentos en pandemias se había previsto, sí, pero solo para que países en desarrollo pudiesen solicitar con un "trato especial y diferenciado" a países productores el acceso a medicamentos. "Ahora nos encontramos en un escenario en el que todos nos situamos en una igualdad", dice Cantueso. Y para eso no hay un marco normativo internacional. Ante el compromiso de no acudir a este reglamento, la UE estaría atada de pies y manos para pedir prioridad, por ejemplo, a EEUU o China para recibir una vacuna aludiendo a su situación de pandemia. Por eso, la "solución" a la que ha llegado la Organización Mundial de la Salud pasa por la solidaridad de adherirse voluntariamente a ese Fondo de Acceso a la Tecnología covid-19. "Es un escenario desconocido a nivel mundial", dice Cantueso.

"España pertenece a la UE y esa es su principal ventaja internacional", dice José Antonio Navarro que cree que nuestro país no estará en una mala posición de salida a la hora de acceder a los medicamentos contra el covid, aunque haya muchos factores a tener en cuenta. Desde Salud por Derecho creen que "la iniciativa de la OMS, facilitando el intercambio abierto de datos libres de propiedad intelectual, supone un gran avance y ayudará enormemente a la comunidad científica".

La patente como incentivo a la investigación

Está por ver cuántas empresas o entes públicos o privados deciden voluntariamente acogerse al fondo planteado por la OMS, pero según los expertos se trata de un escenario poco probable. "Las patentes son un incentivo a la investigación", explica Cantueso, ya que aseguran al "inventor" de un producto que podrá sacar un rendimiento de ese medicamento o vacuna.

Sin embargo, las asociaciones de acceso a la salud creen que en este caso concreto hay que tener en cuenta la gran cantidad de financiación pública que han recibido muchos laboratorios, universidades y entidades para conseguir agilizar la investigación de productos contra el covid-19. En concreto, se calcula que entre entidades públicas, organizaciones civiles y filantrópicas y fondos privados, se ha donando una suma de alrededor de 7.400 millones de euros destinados a acelerar el trabajo de investigación y desarrollo de test, medicamentos y vacunas contra este nuevo coronavirus.

Por el momento, a la iniciativa de la OMS, que presentó junto a Costa Rica, se han adherido varios países, entre los que destacan Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, México, Noruega, Portugal, Sudáfrica, Países Bajos o Uruguay. "Hacen falta compromisos más firmes y vinculantes por parte de todos los gobiernos para asegurar que en la lucha contra esta pandemia nadie se queda atrás", piden desde Salud por Derecho que también resalta que el Gobierno de España está "todavía ausente" y no se ha sumado explícitamente y "de manera decidida" a esta plataforma de solidaridad global.