No solo es Glovo, Uber Eats o Deliveroo: la 'ley rider' va a afectar también a tu empresa

Ser falso autónomo o no serlo. Esa parece ser la única cuestión de la llamada 'ley rider', nombre tras el que se esconde el Real Decreto Ley 9 /2021, que después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado miércoles ha puesto en marcha una cuenta atrás que finalizará el próximo 12 de agosto. Cuando el calendario alcance esa fecha todos los repartidores de plataformas de como Glovo, Uber Eats o Deliveroo deberán ser personal contratado y no trabajadores por cuenta propia. Esta, la de convertir a los empleados de estas compañías en asalariados, es la columna vertebral de una de las propuestas estrella del Ministerio de Trabajo, pero en absoluto es el único mástil que la sostiene. Aunque ha quedado algo eclipsado por este asunto, el texto que salió de Moncloa esta semana incluye un apartado que puede suponer un importante vuelco no solo para las empresas que se dediquen al reparto de comida a domicilio, sino para todas aquellas cuyo negocio se apoye en algoritmos que midan, por ejemplo, la productividad de la plantilla u organicen sus tareas.

TE PUEDE INTERESAR

Yo te contrato, tú pones la moto: la realidad tras la futura 'ley rider' del Gobierno

Michael Mcloughlin Manuel Ángel Méndez

"El comité de empresa tendrá derecho a ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como la situación de la empresa y la evolución del empleo en la misma", reza el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Este punto es, por ejemplo, el que habilita a los representantes de los empleados de una compañía a acceder a sus cuentas y a los detalles de las mismas, entre otra información confidencial. Ahora ese artículo ha sido remendado para incluir una nueva anotación en el artículo 64.4. "Se añade un nuevo apartado en el que se reconoce el derecho del comité de empresa a ser informado de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles", recoge el texto.

Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, reconoció que incluir este punto fue algo que "costó mucho" negociar con las diferentes partes, especialmente con la patronal, puesto que las compañías suelen guardar los 'algoritmos', en la gran mayoría de casos, con un secretismo y una opacidad máxima. La razón es que en estas fórmulas suelen ser una suerte de 'frasco de las esencias' que contiene esa ventaja competitiva frente a otras 'apps' y plataformas con las que compiten por el mercado de turno. Es lo que ocurre en el caso de Google, de Amazon y, por supuesto, en las del 'delivery'.

La propia Díaz, que tildó lo aprobado como "enormemente ambicioso", matizó que este supuesto, a diferencia del de la presunción de laboralidad entre Glovo, Uber o Deliveroo y los 'riders', será de aplicación general. "El alcance será para todas las plataformas", remató. Esto no debería sorprender a nadie, puesto que, cuando la ministra empezó a cocinar el proyecto, su idea era acabar con los falsos autónomos en todas las plataformas digitales, independientemente de que se dedicasen a llevar la hamburguesa a casa, al transporte de coches con pasajeros o a las chapuzas domésticas. Pero finalmente tuvo que rebajar el alcance y centrar en el negocio del 'delivery' la medida que busca atajar la problemática de los falsos autónomos.

Que la reforma de Yolanda Díaz no ha gustado a las compañías que han estado en el centro de la polémica es evidente. Durante muchos meses se han sucedido los comunicados, informes y estudios de las empresas afectadas así como de asociaciones patronales en las que militaban, como ADigital, en donde se enumeraban los empleos que se perderían o como el modelo se volvería insostenible en las ciudades más pequeñas por tener que hacer contrato a los trabajadores por cuenta propia que sostenían su actividad allí.

Este sentimiento de contrariedad llegó a máximos hace unos pocos días cuando Glovo decidió abandonar la CEOE entendiendo que no se apoyaba suficiente sus postulados. Ahora reciben este punto sobre el algoritmo con cierto escepticismo, pero con mucha incertidumbre. De poco sirvieron las explicaciones de Díaz acerca de que la norma "no regulaba las plataformas" en cuestión, sino la "laborización con fórmulas matemáticas". "Todo se ha aprobado de manera muy genérica, sin entrar en detalle", confiesan fuentes cercanas al sector. Las compañías ya han remitido correos electrónicos a sus repartidores diciendo, básicamente, que "de momento" la operativa sigue igual y que esperan conocer el desarrollo concreto de estos nuevos puntos de la norma.

Las plataformas critican la "indefinición" sobre una norma que afecta a algo clave como sus algoritmos

"Si apruebas algo de manera tan genérica y no delimitas el detalle de qué vas a pedir exactamente, dejas una puerta abierta que es peligrosa a que, cuando haya peticiones reales, el criterio que se aplique sea arbitrario", explican. Critican también que esto puede revelar detalles importantes de negocio a demanda. "Si organizo, yo qué sé, a mis mensajeros de tal manera o de tal otra y eso me da una ventaja clave para ofrecer el servicio en menor tiempo a menor coste, eso, si se revela y trasciende, puede afectar a la propiedad y secreto industrial. Y aquí sistemas así utilizamos todos". "Algoritmos de productividad tiene el reparto a domicilio, el servicio para ponerte la fibra en casa o incluso un periódico", rematan estas mismas voces, que lanzan un último dardo. "Se crea una enorme inseguridad jurídica, si una empresa o un inversor de éxito, internacional, está pensando en venir o aumentar presencia en España y ve que el Gobierno está regulando algoritmos con fórmulas poco concretas, igual se echa para atrás".

Algoritmos en 'call centers' o 'almacenes'

Como lamentaban las fuentes consultadas, el uso de sistemas automáticos y algoritmos para medir la productividad no es algo nuevo. Amazon, por ejemplo, a sus mozos de almacén los equipa con un dispositivo en el que tienen que ir introduciendo todo lo que hacen. El aparato registra el tiempo medio que gasta en cada tarea y, si en unos minutos no se introduce ninguna acción, empieza a contabilizar el tiempo como descanso y no trabajado. En el caso de los 'call centers' ya hay hasta tecnologías capaces de analizar en cuestión de segundos el perfil de la persona en internet que está llamando, incluidas sus redes sociales, para tratar de asignarle un agente que haya sabido resolver los problemas de clientes parecidos.

Estas compañías, al igual que cualquier otra que utilice un algoritmo con estos fines, se verán sometidas a la nueva norma. Lo que tendrán que entregar a los representantes de los trabajadores son los "parámetros, reglas e instrucciones" del sistema en cuestión y no liberar toda la programación ni todo el código. "No creo que esto pueda afectar al secreto industrial", explica Adrián Todoli, profesor e investigador en Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia. "Hay veces que nos dedicamos a reinventar la rueda. Los comités de empresa ya tienen derecho a acceder a información privilegiada y obligación de actuar con sigilo y no revelar la información. Eso está regulado", remata.

Esto experto, sin embargo, reconoce que el algoritmo ha sido clave para que los tribunales se adelantasen a esta reforma y sentenciasen que los repartidores de Glovo o Deliveroo eran falsos autónomos. "El sistema hacía de supervisor. Te desconectaba, que era un eufemismo de despedir. Te controlaba los horarios, las calificaciones...", recuerda. Da por descontado que fruto de esa obligación de tener que contratar a los 'riders' va a conllevar más cambios en los algoritmos de estas compañías que en los que pudiesen utilizar en otros sectores. "El algoritmo trabajaba sin unos matices de laboralidad que ahora van a tener que integrar, en materia de turnos, horarios, disponibilidad...".

Todoli cree que esta segunda parte de la llamada 'ley rider' es la que realmente supone algo innovador, que pone a España "en la vanguardia a nivel europeo", pero avisa que no es algo estrictamente nuevo. "El artículo 22 del RGPD de la UE ya incluye el derecho a las personas afectadas por las decisiones automatizadas a conocer la lógica por la que le han discriminado. Lo que ocurre es que ese reglamento se había fijado en el sujeto individualmente y no en el ámbito del trabajo", explica. "Y aquí concurren otros factores. A alguien le puede no importar preguntar por qué no le han concedido un préstamo, pero seguramente tenga más reparos en preguntar, por ejemplo, por qué no le han dado un ascenso en su empresa o por qué no le han dado el bonus".

Un primer paso

Este investigador cree que, el de la transparencia algorítmica, "solo es un primer paso". "Muy probablemente sea insuficiente para evitar que se produzcan discriminaciones", opina. "Ahora, lo que va a permitir es una idea de cómo funciona y de evitar que haya elementos discriminatorios muy evidentes en función de sexo o de raza. Pero estos sistemas muchas veces se van alimentando y evolucionando. La clave será el derecho a la lógica, no explicar los ingredientes que alimentan el algoritmo, sino cómo llegan a esa decisión".

Andres Herzog, socio de Fourlaw Abogados, insiste en esa idea de que estos sistemas de control no son algo estáticos. "Van cambiándose y ajustándose en función de las circunstancias y eso conlleva implicaciones de índole práctica y técnica a la hora de 'compartirlo", explica. "Se va a poder ofrecer unos parámetros generales, pero no una evolución en tiempo real".

Este letrado sí que cree que, dependiendo la forma en la que acabe aterrizándose la norma y poniendo en marcha, puede generar "conflictos" con la propiedad industrial. "No podemos obviar que los algoritmos son fruto también de la inversión en investigación y desarrollo de las empresas, claves para su negocio y, por tanto, van a querer protegerlos". Herzog pone sobre la mesa otro debate de fondo que se debe acotar si se quiere profundizar en el control de estos algoritmos: la definición de discriminación. "Es algo que lleva tiempo. Obviamente hay consensos muy claros como si el sistema premia a un hombre porque supuestamente podría pedalear más rápido que una mujer. Eso es una discriminación muy evidente. Pero premiar a quien tiene más disponibilidad horaria... ¿lo sería? Es algo que hay que medir y estudiar bien".

"Es un primer paso, seguramente tendrán que venir más", dice Carlos Gutierrez, Secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de Comisiones Obreras, que cree que las dudas alrededor de cómo se va a implementar "son normales" porque se "está abriendo camino", intentando gobernar una realidad que existe, pero que no se había regulado. "Va en la buena dirección en la medida que aspira a hacer frente a retos y desafíos de la digitalización, en un entorno en el que dispositivos y sistemas automatizados de control son cada vez más habituales". "Si no nombras el problema, lo pones en un texto legislativo, no existe", aclara.

El RGPD ya incluía la transparencia algorítmica. La 'ley rider' lo lleva al ámbito laboral

¿Por qué en un caso, el de la presunción de laboralidad, se ha hecho un traje a medida y en el caso de la transparencia algorítmica se ha optado por un corte general, indistintamente de su actividad? "La ley no entra a detallar por qué una cosa tiene carácter general y otra no. Pero es cierto que el Constitucional ha dicho en muchas ocasiones que para crear una norma para una actividad concreta tiene que haber una justificación muy clara y esa será la causa".

"Son casos distintos", explica Gutiérrez. "Es lógico que se apruebe el acceso a los parámetros de los algoritmos sin hacer una mención concreta, porque estos sistemas ya están siendo utilizados por empresas de tipo, sin importar el sector", añade, a la par que desliza que una conocida empresa de ascensores utiliza una 'app' para distribuir el trabajo de su plantilla en función de las incidencias que se den. "Lo problemático viene cuando esa información se utiliza para medir la productividad o eficiencia sin conocimiento".

Gutierrez es partidario de profundizar en la estrategia y que esto no se quede en que los comités de empresa se limiten a conocer los parámetros, sino que puedan participar en estadios más tempranos como el diseño o las pruebas. "Es decir, que en una negociación colectiva se diga que se va a poner en marcha y se pueda negociar con los trabajadores qué variables participan o incluso poder organizar una auditoría para detectar sesgos inesperados y no intencionados que el algoritmo ha creado".