Las farmacias españolas se la juegan en Bruselas

Derecho a la libre competencia ¿versus? Derecho fundamental a los cuidados paliativos. Esa es la cuestión que se dirime en el seno de la Unión Europea a raíz del dictamen motivado de la Comisión sobre la liberalización total de la propiedad de las oficinas de farmacia en España, bajo amenaza de llevar el asunto al Tribunal de Justicia europeo. Con esta medida se pretende el ahorro en los sistemas de salud puesto que se reduciría el número de oficinas por habitante, que actualmente es de una farmacia para entre 2.800 y 4.000 personas.

El problema de la desregulación de la propiedad, según sus detractores, es que dejarán de existir farmacias en lugares donde no son rentables, tales como las zonas rurales más apartadas y los barrios más desfavorecidos de las ciudades. Con el sistema actual, en España se garantiza que todas las personas tengan como mínimo una farmacia en el lugar en el que habitan. Además, en la nueva Ley del Medicamento se reconoce que la función de dicho establecimiento no es sólo la vigilancia y custoria del medicamento, ya que muchas consultas se resuelven en la propia farmacia.

Las distintas asociaciones de farmacéuticos a nivel europeo, no sólo nacional, están que trinan con la Comisión Europea ya que si priman los deseos de la Comisaría de Mercado Interior sobre los de la Comisaría Sanidad aparecerán, según auguran, pocas y fuertes cadenas de farmacias a las que no les rentará mantener oficinas fuera de los núcleos más poblados y transitados.

Y para muestra un botón: John Crave, secretario general de la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU), expuso en las Jornadas Europa de Aproafa (Asociación para la Promoción de la Farmacia) organizadas en Bruselas, el caso noruego. Este país nórdico liberalizó la propiedad de las oficinas de farmacia “porque creían que con esta medida ahorrarían”. Pero no lo han conseguido, el mercado está dominado por tres cadenas que además están siendo investigadas por un fraude de más de 12 millones de euros. Crave recuerda que la farmacia “no sólo tiene clientes, sino también pacientes” y que es un mercado muy sensible.

En España, el veterano presidente del Colegio de Farmacéuticos Pedro Capilla, quién asegura que esta va a ser su última batalla, apuesta cándidamente por la opción de llegar al Tribunal Europeo donde cree que se impondrán los razonamientos que defiende. Sin embargo, diversos eurodiputados alertan de que es mejor bajarse del guindo. “La solución es que las farmacias sean consideradas un servicio sanitario”, explica la popular Cristina Gutiérrez-Cortines, “el problema es que el comisario de Sanidad Markos Kyprianou no tiene apoyos” y Europa es un juego de poder.

“¿Qué comisarios nos pueden ayudar?”, continúa la eurodiputada, “el comisario francés Jacques Barrot (Transportes), porque su madre fue farmacéutica y lo comprende y la comisaria de Agricultura Mariann Fischer por el tema rural, algo muy sensible en Europa”. Otras de las bazas aludidas han sido los representantes del Comité de las Regiones, “por el tema de la sostenibilidad”. Así las cosas, en Bruselas no se convence con argumentos razonables, sino con una gran cantidad de amigos que apoyen tu causa.

En el caso que nos ocupa, España cuenta con puntos a favor y en contra para que su modelo de farmacia sea respetado tal y como está. En primer lugar, la liberalización del 25% de la propiedad de las farmacias contemplada en la nueva Ley de Sociedades Profesionales de marzo de este año puede contemplarse desde la Comisión como un gesto. Sin embargo, ante la regulación “discriminatoria”, en palabras de los comisarios, de la Comunidad Valenciana, donde se favorece a los profesionales de la región para regentar farmacias, el trabajo diplomático va ser crucial. Bruselas proveerá.