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Cuando no se da la oportunidad de estar entre los curados
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Cuando no se da la oportunidad de estar entre los curados

Nadie duda de la valía de nuestros profesionales sanitarios y de que sus posibles errores puedan estar ligados a los problemas de la Sanidad pública, como

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Cuando no se da la oportunidad de estar entre los curados

Nadie duda de la valía de nuestros profesionales sanitarios y de que sus posibles errores puedan estar ligados a los problemas de la Sanidad pública, como la saturación de los hospitales o un exceso de horas de guardia. Sin embargo, los errores existen y también las negligencias. Y, en ambas circunstancias, el resultado puede ser la muerte. En ese momento, las familias de los afectados comienzan un periplo de reclamaciones, denuncias y posteriores alegaciones. Es el caso de Olga Laura Mirasol, una aragonesa que perdió de forma prematura a su marido Jorge Sánchez.

Jorge padecía un linfoma folicular de bajo grado pero murió de hepatitis B porque nadie previó el peligro que conllevaba el que fuera portador de este virus. Jorge Sánchez falleció el 2 de noviembre de 2005 a los 53 años de edad por un fallo del hígado irreversible a causa de la activación de el virus latente de la hepatitis B. Según la denuncia de sus familiares, no recibió un tratamiento preventivo con el fármaco lamivudina para evitar la activación del virus durante la bajada de defensas que se produce con las sesiones de quimioterapia, además de una sucesión de errores de diagnóstico anteriores.

El dictamen médico, realizado por una doctora especialista en hematología y hemoterapia del Hospital de la Princesa de Madrid y emitido el 27 de mayo de 2007, establece que, a la altura de 2005, aún no existía “literatura médica” suficiente sobre la eficacia de la lamivudina y que, de todas formas, “la mortalidad publicada de las reactivaciones de la hepatitis B en los pacientes de linfoma, incluso tratados con este fármaco, se considera del 20%”.

La respuesta no se hizo esperar. El pasado 27 de junio, la esposa e hijos del fenecido elevaron al Departamento de Salud y Consumo de Aragón las correspondientes alegaciones de las aún esperan respuesta. Entre ellas, destacan que el fármaco que necesitó el paciente “se comercializa desde 1998 y existen publicaciones desde 2002 en las que se vislumbran como preventivo de reactivaciones del virus de la hepatitis B en pacientes con linfomas tratados con quimioterapia”. Y, por tanto, “a Jorge Sánchez no se le dio la posibilidad de pertenecer al 80% de los casos” en los que la lamivudina es eficaz.

Un cúmulo de despropósitos

La fatal negligencia final no ha sido el único motivo de denuncia en el caso de los familiares de Jorge Sánchez. Atendido en el centro de salud de la localidad oscense de Monzón, en el Hospital de Barbastro y en el Hospital San Jorge de Huesca, el diagnóstico del paciente se retrasó tres meses, se le prescribió inadecuadamente medicamentos (corticoides) que podían activar el virus de la hepatitis B, hubo falta de información a la familia sobre los riesgos de cada tratamiento y falta de control de la reactivación de dicho virus.

La autora del dictamen médico considera en las conclusiones que “todas las actuaciones médicas fueron correctas”, eso sí, “exceptuando que debía haberse practicado un seguimiento más estrecho del paciente por la alta sospecha de reactivación de la hepatitis B” hecho que se podría haber detectado “iniciando el tratamiento antiviral específico”. Sin embargo, “no podemos decir con certeza que hubiera supuesto ningún desenlace diferente” por ello “esta objeción hay que considerarla “irrelevante” porque el paciente, tarde o temprano, hubiera fallecido.

Que se lo digan a la familia si era irrelevante tener a su lado a Jorge Sánchez el máximo tiempo posible.

Nadie duda de la valía de nuestros profesionales sanitarios y de que sus posibles errores puedan estar ligados a los problemas de la Sanidad pública, como la saturación de los hospitales o un exceso de horas de guardia. Sin embargo, los errores existen y también las negligencias. Y, en ambas circunstancias, el resultado puede ser la muerte. En ese momento, las familias de los afectados comienzan un periplo de reclamaciones, denuncias y posteriores alegaciones. Es el caso de Olga Laura Mirasol, una aragonesa que perdió de forma prematura a su marido Jorge Sánchez.