El Tribunal de Cuentas pide atajar el agujero récord de 89.000 M en la Seguridad Social

Si la Seguridad Social fuese una empresa, estaría en quiebra. No es así, ni lo será, al menos mientras el Estado siga acudiendo al rescate con préstamos millonarios. Pero lo cierto es que el agujero se hace más y más grande cada año, desde que en 2017 el patrimonio neto de la Tesorería General entrase por primera vez en territorio negativo. Es decir, las deudas son mayores que los activos.

El Tribunal de Cuentas viene advirtiendo desde entonces sobre esta situación en todos y cada uno de los informes anuales sobre la Cuenta General del Estado. Y este año, en el escrutinio de lo que ocurrió en 2022, no es una excepción. Por sexto año consecutivo, el órgano supremo de fiscalización de las cuentas públicas propone que se "adopten urgentemente" las medidas pertinentes "para resolver la situación del endeudamiento de la Seguridad Social".

Los datos no paran de empeorar, hasta cosechar un nuevo récord, con un patrimonio neto negativo de 88.759 millones de euros en 2022. Sin embargo, la tendencia se ha moderado durante los últimos años. Como se puede apreciar en el gráfico, el agujero había aumentado a un ritmo de unos 20.000 millones anuales en la segunda mitad de la década pasada, que se ha ido ralentizando hasta sumar casi 7.700 millones en 2022. Es su mejor desempeño desde 2012, aunque en aquella ocasión el problema era la mengua de un patrimonio neto que todavía estaba en cifras positivas.

Estos resultados siguen siendo preocupantes, y por eso el Tribunal ha propuesto una vez más a las Cortes, a través de un informe publicado este viernes, que inste al Gobierno a adoptar "las medidas legislativas necesarias para resolver la situación financiera de endeudamiento del Sistema de la Seguridad Social frente al Estado". Sin embargo, fuentes del organismo reconocen importantes avances, que explican, en parte, la moderación de la tendencia: "Sí que se han tomado medidas".

Tradicionalmente, desde el Tribunal se venía denunciado que el Estado acude a los préstamos para que la Seguridad Social pueda financiar sus gastos, claramente crecientes, mientras los ingresos no aumentan en la misma proporción. Estos préstamos se suelen conceder por un plazo determinado, pero cuando llega la fecha de vencimiento se suelen prorrogar, mientras que algunos no tienen plazo de reembolso

En definitiva: se golpea la pelota hacia adelante, lo que hace que, a la larga, la deuda de la Seguridad Social con el Estado se vaya acumulando. Sin ir más lejos, el Banco de España constataba que el pasivo total de la Tesorería General ascendió al 7,8% del PIB hasta marzo de este año, lo que equivale a 116.000 millones de euros. Son 10.000 millones más que el año pasado.

Sin embargo, esto no se debe únicamente a que las pensiones suban más que las cotizaciones sociales (que también). Los llamados gastos impropios juegan un papel esencial en el proceso, tal y como denunció el propio tribunal en su Informe de fiscalización sobre la evolución económica-financiera patrimonial y presupuestaria del sistema de Seguridad Social, publicado en 2020. Entonces, se estimaba la cuantía de esas partidas en 106.000 millones de euros.

El mejor ejemplo lo representan los complementos de mínimos de las pensiones, que son una prestación no contributiva y que, por tanto, debería asumir el Estado, pero que se imputa a la Seguridad Social, desequilibrando el sistema. "No es que el Estado acuda al rescate de la Seguridad Social, sino que durante una serie de años la Seguridad Social ha asumido gastos no contributivos", enfatizan esas mismas fuentes.

Recientemente, el Ejecutivo ha ido recurriendo progresivamente a las transferencias corrientes, un sistema que, según el Tribunal de Cuentas, es una opción más recomendable para los gastos de tipo ordinario. Estas restan pasivo, lo que ayudan a que el agujero no se dispare en la misma magnitud. De hecho, el endeudamiento total durante 2022 superó los 106.000 millones, pero el agujero patrimonial no llegó a los 90.000 gracias a unas transferencias de más de 18.000. Los préstamos, por su parte, rozaron los 7.000 millones.

El patrimonio negativo de la Seguridad Social no es el único punto en el que ha puesto énfasis el Tribunal. Pese a haber aprobado la Cuenta General que recoge toda la actividad del sector público estatal (447 entidades fiscalizadas), el organismo ha manifestado diferentes salvedades, por ejemplo, los más de 1.100 millones de euros de pagos pendientes de justificar. Se trata, matizan las mismas fuentes, de algo habitual. Ahora estas conclusiones serán remitidas a las Cortes Generales, para así cerrar el ciclo presupuestario del ya lejano 2022.