El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, considera que ya existen indicios suficientes para investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos contra él. Según apuntan fuentes jurídicas, su defensa pidió el pasado viernes al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que envíe la causa al Tribunal Supremo, que es el único con competencia para poder investigar al fiscal general.
El procedimiento parte de la nota de prensa en la que la Fiscalía Provincial de Madrid informó sobre las negociaciones que había mantenido con el abogado de González Amador en una investigación paralela que se sigue contra él por fraude fiscal. La Fiscalía consideró que la difusión de este comunicado resultaba necesaria para desmentir "las informaciones falaces" que se habían publicado previamente, pero el TSJM rechazó sus argumentos y admitió a trámite la querella de González Amador en mayo.
Ante la posibilidad de que el Supremo impute a García Ortiz, el propio Pedro Sánchez salió este lunes en su defensa y descartó que tenga que dimitir si se le cita como investigado. “Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del Gobierno. El origen de este asunto, recordémoslo, es que el fiscal general, para defender a la Fiscalía de Madrid, publica una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para tratar de desinformar sobre un caso que afecta a la presidenta. ¿Y se le va a imputar por eso?”, aseguró el presidente durante una entrevista concedida a Cadena Ser.
Este mismo mes, García Ortiz ya remitió un escrito al juez en el que asumía su responsabilidad: "El Tribunal Superior de Justicia de Madrid carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid por corresponder aquella a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (...), en tanto en cuanto su publicación no se hubiera producido sin mi previa autorización y mis instrucciones expresas y directas", advirtió en el mismo.
También aseguró que "volvería a suscribir" el comunicado porque solo buscaba "poner fin a un bulo", así como "proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal".
El ICAM también pide enviarlo al Supremo
González Amador presentó su querella contra la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de la Sección de Delitos Económicos Julián Salto Torres, que fue el que le investigó y denunció por fraude fiscal. Ambos fiscales tuvieron que comparecer el pasado jueves como imputados ante el TSJM y explicaron que fue García Ortiz el que dio la orden de difundir la nota de prensa.
La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, confirmó esta misma versión durante su declaración como testigo del pasado 13 de junio, en la que también leyó los wasaps en los que García Ortiz le instó a emitir el comunicado. Según afirmó durante su comparecencia, la Fiscalía General le hizo llegar un borrador de la nota de prensa y ella consideró que no debía difundirse, pero recibió la orden directa y tuvo que cumplirla con base al artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: “El fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes".
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que está personado como acusación popular, también ha pedido ya enviar la causa al Supremo. "El ICAM, tras evaluar la información que se deriva de las actuaciones de la fase de instrucción, ha decidido dar este paso teniendo en cuenta la cualidad de persona aforada del fiscal general, lo que altera la competencia objetiva del órgano instructor en favor del Tribunal Supremo", explicaron en un comunicado el pasado viernes. "Esta petición se produce tras la práctica de las diligencias esenciales (...) y ante los indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal general del Estado".