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TRAS LLEVAR A CABO SU PROPIA INVESTIGACIÓN

La UCM denuncia la falta de "cooperación" de Begoña Gómez y apunta a "apropiación indebida"

La Complutense explica que la mujer del presidente registró marcas y constituyó la empresa desde la que controla el 'software' sin su "conocimiento ni participación"

La universidad remitió su informe al juez Juan Carlos Peinado el 1 de julio. (EC)

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha remitido un informe al juez que investiga a Begoña Gómez en el que alerta sobre su falta de "cooperación" a la hora de "averiguar si se han causado perjuicios al patrimonio" del centro educativo a través del máster que ella dirigía. La Complutense considera necesaria la intervención del juez Juan Carlos Peinado para dar respuesta a estas cuestiones y denuncia la posibilidad de que "hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta universidad".

El informe, adelantado por el diario El Mundo y al que ha tenido acceso El Confidencial, explica que la universidad envió el 11 de junio un correo electrónico a Gómez con "requerimientos de aportación de documentación", a lo que ella respondió un día después: "Le informo de que he recibido el correo y estoy reuniendo la información/ documentación que me solicita en cada una de sus cuestiones". Pese a ello, la Complutense destaca que, en el momento de remitir este informe al juez el pasado 1 de julio, seguía sin recibir la documentación.

En la misma línea, el vicerrector de la Complutense acordó el 24 de junio convocar a la "comisión mixta de seguimiento de la cátedra" que dirige Gómez, pero también tuvo que suspenderla en el último momento: "A solicitud de Dña. María Begoña Gómez Fernández, y por motivos personales, la reunión ha quedado pospuesta a fecha 4 de julio y, por lo tanto, no se ha celebrado a la fecha de presentación de este escrito".

El informe de la universidad tiene como objeto la "posible apropiación indebida de propiedad de la Universidad Complutense" y se extiende 20 páginas: "Dada la falta de cooperación de determinados participantes en relación a los hechos y afectados por la cuestión, a lo cual se suma la complejidad del tema en curso, esta universidad considera que no podrá alcanzar, por sus propios medios, una conclusión definitiva más allá de los indicios existentes", sostiene. "Todo ello se pone en conocimiento del órgano judicial a fin de hacerle partícipe del contenido de las actuaciones practicadas".

La universidad remitió su informe al juez Juan Carlos Peinado el 1 de julio. (EC)

La universidad explica que su investigación interna se ha centrado en la "plataforma o software" que, como desveló El Confidencial, la mujer del presidente pidió a directivos de Indra, Telefónica y Google que se la hicieran gratis para su Máster de Transformación Social Competitiva.

Según datos proporcionados por las propias compañías, estos trabajos les supusieron un coste de al menos 150.000 euros, pero ni Gómez, ni el máster, ni la Complutense les abonaron cantidad alguna. La mujer de Sánchez registró después la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Además, controla el 100% de las acciones de una empresa que ofrece el software.

El pasado 7 de junio, la Complutense formuló solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas y confirmó "la existencia de dos marcas a favor de María Begoña Gómez Fernández" relacionadas con esta plataforma. "La UCM no tuvo conocimiento de la posible existencia de tales marcas hasta la publicación por los medios de informaciones referidas a María Begoña Gómez Fernández", advierte.

En cuanto a la posterior constitución de la empresa que controla el software, el informe destaca una vez más que se hizo "sin conocimiento ni participación de esta universidad". De hecho, en ese caso va un paso más allá y avisa sobre los perjuicios que le causa la misma: "La citada sociedad, entiende esta administración, por cuanto su denominación, persona que la constituye y objeto, pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y promotores del convenio para la creación de la cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva firmado entre la Universidad Complutense de Madrid y otras personas jurídicas".

El informe, elaborado por la asesoría jurídica del centro educativo, concluye afirmando que "en su condición de administración pública se encuentra legalmente obligada a defender su patrimonio". Este compromiso le lleva a pedir al juez Juan Carlos Peinado que investigue "si en la conducta de la los órganos de dirección de la cátedra [de Begoña Gómez] han existido conductas no ajustadas a Derecho", así como que, en función de sus hallazgos, realice "el oportuno ofrecimiento de acciones en calidad de perjudicado" a la Complutense.

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