Ley de Función Pública
Cambios en las condiciones de los funcionarios: podrán modificarse sus puestos e incluso perder los ascensos
Reformas que representan un paso importante hacia la modernización y eficiencia del sector público en España, buscando un equilibrio entre la estabilidad del empleo público y la eficiencia
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El Consejo de Ministros ha aprobado una serie de reformas significativas en la Ley de Función Pública, impulsadas por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá. Estas modificaciones buscan modernizar el sector público, alineando sus prácticas con las del sector privado para mejorar la eficiencia y la productividad.
Entre las novedades más destacadas se encuentran la posibilidad de que los funcionarios públicos sean trasladados de manera forzosa y la pérdida de ascensos. La nueva legislación permite la movilidad tanto voluntaria como obligatoria de los empleados públicos en circunstancias específicas. Los procedimientos de movilidad incluyen cambios de adscripción, situaciones extraordinarias como violencia de género o motivos de salud, y permutas. Además, se contempla la movilidad temporal en casos de urgente necesidad, previa negociación colectiva.
La reforma también introduce evaluaciones de desempeño para los funcionarios. Aquellos que no superen estas evaluaciones podrían ser removidos de sus puestos actuales, aunque mantendrían su condición de empleados públicos. Esta medida tiene como objetivo asegurar que los puestos sean ocupados por personas capacitadas y adecuadas para las tareas asignadas, promoviendo una administración pública más profesional y eficaz.
Otro aspecto relevante es la implementación de una carrera horizontal que permite a los funcionarios obtener incrementos salariales sin necesidad de ascender a puestos superiores. Este sistema se basa en la trayectoria profesional, resultados de evaluaciones de desempeño, y participación en formación y actividades de gestión del conocimiento.
El teletrabajo también se ve afectado por esta reforma. Según la nueva normativa, el trabajo a distancia en la administración pública será temporal, voluntario y reversible, siempre supeditado a las necesidades del servicio. No se reconoce como un derecho inherente, sino como una opción que deberá ser justificada y aprobada según las necesidades organizativas.
La Ley de Función Pública incluye un detallado capítulo sobre faltas disciplinarias, con sanciones que pueden llegar hasta la pérdida de la condición de funcionario. Se pone especial énfasis en la ética profesional, la integridad y la formación continua del personal, reforzando así el compromiso con una administración pública eficiente.
Reacciones sindicales
El sindicato mayoritario en la administración, CSIF, ha manifestado su desacuerdo con algunos aspectos de la reforma. Entre sus demandas se incluye el desarrollo de la carrera profesional, la implementación de una jornada laboral de 35 horas semanales en todas las administraciones públicas, el desarrollo del teletrabajo y mejoras en las condiciones de jubilación.