Los empresarios, contra la Administración: dispara el 'dedazo' a empresas públicas un 77%

La Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores (AECP) de la Provincia de Las Palmas ha criticado recientemente un "abuso" en la contratación de la Administración a empresas públicas para llevar a cabo obras o servicios que podrían licitarse a través de un concurso público. Es un escenario que se repite con frecuencia: la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la patronal del sector, manifestó que de 2021 a 2022 el uso de sociedades públicas propias para ejecutar contratos públicos creció un 77%.

Asimismo, en junio, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, denunció ante la Comisión Europea las adjudicaciones a dedo del Gobierno a Ineco y Tragsa, dos empresas públicas, y hace menos de cuatro meses, la Confederación Asturiana de la Construcción (Asprocon) ganó en el Tribunal Supremo de Justicia del Principado un recurso por las adjudicaciones a medios propios.

En lo que va de 2024 se han otorgado 1.554 licitaciones a empresas públicas a través de encargos, según datos del Portal de Contrataciones del Estado y el Ministerio de Hacienda. El grupo Tragsa (formado por la entidad homónima que se encarga de la ejecución de obras y servicios, y su filial Tragsatec, especializada en ingeniería, consultoría y asistencia técnica) ha recibido 653 encargos de las diferentes administraciones —local, autonómica y estatal— en todo el territorio nacional. Es decir, esta compañía se ha llevado cuatro de cada 10 licitaciones a medios propios este año.

Le sigue Ineco, una sociedad pública de ingeniería y consultoría perteneciente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con 170 adjudicaciones este año. Entre ambas empresas estatales se han repartido 1,3 mil millones de euros.

El rechazo de la patronal

Las concesiones a las empresarias públicas son un modo de contratación a dedo que debe usarse de forma excepcional y por motivos de fuerza mayor, pero María de la Salud Gil, presidenta de la AECP de Las Palmas sostiene que "hay un comportamiento y una tendencia de las Administraciones Públicas a huir de los concursos públicos por comodidad y por evitar su propia incompetencia a la hora de licitar", y añade el caso concreto de las islas: "En vez de mejorar la burocracia cronificada que hay en Canarias, lo que hacen es bordear la legalidad y adjudicar a empresas públicas lo que le corresponde al mercado".

Desde 2018, solo en el archipiélago canario se han adjudicado 620 obras y casi 600 millones de euros a Tragsa, atendiendo a los datos proporcionados por la AECP: "Hay una tendencia de las Administraciones públicas a adjudicar a Tragsa las obras que quedan desiertas como consecuencia de que las licitan por debajo del precio del mercado", sostiene la presidenta de la entidad empresarial: "Someten al sector a una tiranía presupuestaria en las obras y luego resulta que adjudican a una empresa pública unos trabajos que probablemente le paguen al precio que corresponde".

Un modo de contratación que se repite en otras partes del país: "Hacen los proyectos, salen a un precio imposible de ejecutar y luego se las adjudican a los medios propios, en algún caso, un 50% más caro de lo licitado", afirma Joel García, el presidente de Asprocon.

Contrataciones sistemáticas

Para que una empresa pública reciba un encargo, debe haber un órgano que se lo solicite. En 2024, Adif, acrónimo de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, se posiciona como el sector de la administración que más encargos hace: 122 en total. La CNC advierte de que "el importe destinado por las Administraciones Públicas a sus propios medios para ejecutar contratos se incrementó un 350%, escalando desde los 589 millones en 2021 a los 2.631 en 2022" y señalan que "es una auténtica irresponsabilidad que elimina el principio de libre concurrencia y capacidad y aboca a la disolución o al concurso de acreedores a miles de compañías del sector, compuesto en más de un 95% por pequeñas y medianas empresas y por autónomos".

Joel García señala que "el problema es que hemos hecho una Administración tan burocratizada que se tarda 8 meses en licitar una obra que se ejecuta en 15 días y mientras no se arreglen esos problemas, se seguirán usando los medios propios". El asturiano afirma: "Hacen los proyectos con un presupuesto que no corresponde. Luego las obras quedan desiertas" y se pregunta: "¿Quién compite con una empresa que no tiene precio para trabajar?".

En marzo de este año, el Ayuntamiento de Tarifa buscaba quien gestionara los servicios de limpieza en las calles de la localidad y optó por adjudicar el servicio a Urbanizadora Tarifeña S.A, una empresa pública del Consorcio por valor de 1,8 millones de euros. También le ocurrió lo mismo al Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer (Valencia), quien otorgó la limpieza de edificios públicos y vías al Consejo de Administración de Gestión de Obras y Servicios Canet d'en Berenguer, S.L. (Gescanet). Unas actuaciones que en muchas localidades españolas recaen en empresas privadas como Urbaser.