El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado este martes declarar ante el juez Juan Carlos Peinado que quería escucharle como testigo en el procedimiento en el que se investigan las actividades profesionales de su mujer, Begoña Gómez. Desde su despacho en Moncloa, Sánchez se ha acogido al derecho a guardar silencio respecto a su esposa. Aún están pendientes distintos recursos presentados contra la decisión del instructor, informan fuentes jurídicas.
El juez que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios se desplazó este martes a Moncloa para interrogar a Sánchez en su despacho. Consideraba, en contra de lo que ha defendido el presidente del Gobierno, que al preguntarle en calidad de marido de Begoña Gómez, la comparecencia debía ser presencial y no cabía permitir que respondiera por escrito. Permaneció poco más de una hora en las instalaciones de la sede del Ejecutivo.
El presidente se ha inclinado por acogerse a la dispensa que incluye la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a las declaraciones sobre los cónyuges. La Lecrim prevé que puedan callar para no testificar en su contra. En concreto la norma indica que los familiares directos "están dispensados de la obligación de declarar en contra" de sus allegados.
Según han explicado abogados presentes en el interrogatorio, la diligencia ha durado poco más de dos minutos. El juez Peinado ha preguntado al presidente si tenía "alguna relación con alguno de los investigados" y Sánchez ha respondido que es el cónyuge de Gómez. A partir de ahí se le inquirió si deseaba acogerse a la dispensa de no declarar y él dijo que si. No hubo más intervenciones y la diligencia se tuvo por terminada con la firma del acta.
Desde un inicio, el presidente del Gobierno se resistió a la idea de responder, al menos de forma presencial. Lo dejó patente en una carta a Peinado en la que indicaba que tiene voluntad de "colaborar" con la Justicia, pero defendía que su declaración como testigo debía ser por escrito dado que su comparecencia "resulta inescindible" de su cargo. "Es mi deber preservar el sentido propio de la institución", añadía, en referencia a la prerrogativa que permite a los miembros del Gobierno acogerse a este sistema de respuesta.
Sánchez insistía en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal diferencia entre la declaración de un presidente por hechos de los que tenga conocimiento por "razón de su cargo" o por hechos ajenos a su ejercicio como presidente. En el primer caso, la norma da la posibilidad de declarar por escrito; en el segundo, no. Destacaba que para "garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico" y dadas las cuestiones que se investigan en la causa que dirige el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid la declaración "debe producirse conforme a lo establecido en el artículo 412.2 de la LECrim".
Pedro Sánchez se acoge a su derecho a no declarar
Esa misma idea se ha ido reflejando en los últimos días en distintos recursos presentados, tanto por la defensa de su mujer Begoña Gómez como por parte de la Fiscalía que se ha opuesto desde un inicio al interrogatorio. Los recursos no han sido contestados de momento. En una breve providencia, el Juzgado se limitó la pasada semana a insistir en que debía ser presencial y a apuntar que si el testigo quería contestar como presidente, podría acordarse una segunda declaración.
"Impávido y altanero"
Según ha explicado a la salida la abogada de Vox, Marta Castro, Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar. La letrada considera que, al menos, debería haber contestado a las preguntas referentes a los otros imputados: el rector de la Complutense y el empresario Juan Carlos Barrabés. "Se ha negado a dar datos sobre unos hechos de los que es testigo, Ya veremos las consecuencias que tiene esto", ha dicho.
Para Castro, el silencio del presidente es "gravísimo" ya que, como testigo, estaba obligado a decir verdad. La comparecencia se ha producido en un despacho habilitado a tal efecto. Ha precisado que, en su opinión, Sánchez estaba "impávido y altanero como se le suele ver en el Congreso". La sensación del abogado defensor de Begoña Gómez, Antonio Camacho, era otra. Indició que le veía "absolutamente tranquilo".
"Esta instrucción es imprevisible y estamos viendo declaraciones de testigos que, a los dos o tres días, se convierten en investigados"
Camacho ha defendido a la salida que el procedimiento se quedó sin objeto después de que la Fiscalía Europea asumiera la competencia sobre los contratos atribuidos a Barrabés. "En el seno de este procedimiento sin objeto, se acordó la declaración", ha puesto de manifiesto. En su opinión era "innecesario" y así lo han dicho. "Las normas y el marco que esta declaración estaban claras", ha destacado en referencia a la posibilidad de que declarara por escrito.
"Esta instrucción es imprevisible y estamos viendo declaraciones de testigos que, a los dos o tres días, se convierten en investigados. Eso es algo inusual en el procedimiento penal y no puedo hacer ningún tipo de previsión sobre lo que pueda ocurrir a partir de este momento", ha destacado, sin descartar la idea de que el magistrado acabe atribuyendo a Sánchez alguna responsabilidad penal.