La minera de Aznalcóllar niega que sus aguas residuales puedan afectar al Guadalquivir

La reapertura de la mina de Aznalcóllar, 26 años después del desastre ecológico que supuso el derrumbe de la balsa de aquella explotación, entra en su fase crucial. La Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de octubre el Dictamen Ambiental Positivo del nuevo proyecto, denominado Los Frailes, que el Grupo México presentó en su día, por lo que ya solo se encuentra a la espera de recibir la Autorización Ambiental Unificada (AAU), que daría paso automático a la licencia de actividad.

Sin embargo, el largo proceso administrativo que Grupo México lleva desde el año 2016 para recuperar la actividad minera en Aznalcóllar, en el que ya ha invertido 50 millones de euros, se enfrenta ahora a un nuevo problema ante la alarma social generada por Ecologistas en Acción, del que se han hecho eco algunos partidos políticos, sobre la contaminación que puede producir en el río Guadalquivir a su paso por la capital sevillana.

La compañía minera presentó este jueves su proyecto de tratamiento de agua en la nueva explotación y rechazó rotundamente que pueda suponer ningún tipo de amenaza en el estuario del Guadalquivir ni para los ciudadanos ni para el cercano cultivo arrocero, en el que Sevilla es la primera productora nacional.

Según expuso el director de Minera Los Frailes, Miguel Ángel González, con parte de su equipo técnico, el presupuesto global para la gestión del agua y medioambiental asciende a 100 millones de euros, más otros cien millones del coste operativo de estas infraestructuras. La mina será autosuficiente en el consumo de agua de uso industrial.

En concreto, la filial de la empresa mexicana ha preadjudicado el contrato para ejecutar la planta de tratamiento de agua (PTA) del futuro complejo minero, que tendrá un presupuesto aproximado de 50 millones de euros, a Aqualia Industrial, que materializará una planta de última generación que será esencial para el cumplimiento de los objetivos ambientales de esta operación. Esa firma ha sido seleccionada tras competir en un concurso en el que han participado siete compañías internacionales. En las fases de diseño e ingeniería de esta infraestructura han participado también otras empresas líderes como Ayesa.

Según Grupo México, la preadjudicación a Aqualia Industrial incluye la participación de tecnólogos de primer nivel internacional, como la firma de ingeniería finlandesa Fimpec, "una referencia mundial en el tratamiento de agua procedente de pasivos mineros". El plazo de ejecución de esta obra es de año y medio (18 meses), por lo que si la Junta concede la AAU este mismo verano, la planta de tratamiento de agua no estará hasta 2026. Sería entonces cuando comenzaría otro plazo de otro año y medio (otros 18 meses) para vaciar el agua que hay acumulada en las dos cortas al aire libre de este yacimiento: Aznalcóllar y Los Frailes, por lo que el proyecto de la mina subterránea prevista no empezaría antes de tres años (2027).

El agua contenida en las dos cortas lleva creciendo desde hace diez años, que la Junta de Andalucía dejó de tratarla, y corre el riesgo de rebosar en unos diez años si no se saca de ahí, según los expertos. Inicialmente, estaba previsto que las aguas residuales del proyecto se vertieran al río Guadiamar a través de su afluente Agrio. Sin embargo, las administraciones decidieron hace varios años que se trasladaran hasta el río Guadalquivir, en cuyo estuario confluyen las mareas que ayudarán a minimizar el impacto de este proceso.

Para ello, Grupo México invertirá unos 12 millones de euros en construir unas tuberías a 2,5 metros por debajo de la antigua vía férrea que llevarán durante 30 kilómetros esas aguas residuales ya tratadas desde Aznalcóllar hasta la misma capital sevillana, vertiendo al río a la altura del Estadio de la Cartuja.

En concreto, en los 18 meses iniciales de vaciado de las dos cortas, está previsto que se viertan al Guadalquivir unos 17 hectómetros cúbicos (17.000 millones de litros), mientras que una vez comenzado el proyecto minero, se vertirán unos 2,7 hectómetros cúbicos anuales.

Es aquí donde los grupos ecologistas alertan de una posible contaminación que ha generado cierta alarma y que Grupo México niega contundentemente. La compañía minera no solo niega los parámetros de metales pesados que advierten los ecologistas, sino que han ofrecido a la Junta de Andalucía un sistema de control "único en Europa", que recogería diariamente análisis en tres puntos del río para garantizar todos sus parámetros.

Tras cumplir todos el proceso administrativo en ocho años (desde 2016), Grupo México solo espera el último paso de la Junta y asegura estar preparado para el arranque de la etapa de construcción, iniciando una inversión cercana a los 450 millones de euros que generará más de 2.000 empleos en la comarca de Aznalcóllar, cuyo alcalde, Juan José Fernández (IU), lleva años defendiendo esta reapertura.

Precisamente, esta misma semana, el regidor recibió a representantes del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur (Coims) y la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer), junto con otros agentes del sector de la minería, para dar su apoyo al proyecto de Grupo México.