El PSOE andaluz pasa al ataque con los ERE: querellas a quien acuse de robar a los altos cargos absueltos

"Hasta aquí hemos llegado". El PSOE andaluz se viene arriba con la revisión de la pieza política del caso de los ERE que llega desde el Tribunal Constitucional. La anulación parcial de la condena de Magdalena Álvarez se atisba como el primer capítulo de un serial que se prolongará hasta mediados de julio y que cambiará el relato jurídico del considerado como el mayor caso de corrupción del país. Este lunes Juan Espadas, líder de los socialistas andaluces, ha escenificado un cambio de actitud y ha anunciado que el partido se querellará contra quien acuse de robar, con nombres y apellidos, a los altos cargos que salgan absueltos tras conocerse el resultado de las deliberaciones del tribunal de garantías sobre los 12 condenados que le pidieron amparo.

El posicionamiento de Espadas refleja un cierto cambio de ánimo en las filas socialistas después de casi 15 años en estado de shock, desde que estalló el caso de los ERE a raíz de una investigación de la juez Mercedes Alaya en Sevilla. Desde entonces, 25 jueces se han pronunciado al respecto desde la instrucción a la sala segunda de la Audiencia de Sevilla y del Supremo al Constitucional. Los 7 magistrados que avalaron la ponencia sobre Magdalena Álvarez coinciden con las tesis de los altos cargos del PSOE, pero también con las que venían defendiendo en la cúpula del PSOE andaluz. Eso sí, con la boca chica. Eso es lo que ha cambiado. "Hay que repetirlo una y otra vez", expresa en privado un miembro del PSOE andaluz muy relevante en el partido.

"Que no se vuelva a hablar de robo, que digan quienes son los que han robado", ha espetado Juan Espadas, que se ha puesto manos a la obra en esta suerte de contraataque. El líder de los socialistas andaluces, que compartió sillón en el consejo de gobierno con varios de los condenados, ha acusado al PP de "mentir" y "engañar a la sociedad andaluza" para "denostar la imagen de un partido". "Que respeten el Estado de derecho", ha espetado el secretario general del PSOE andaluz, que cree que el PP esta embarcado en una "deslegitimación" del Tribunal Constitucional. "¿Solo van a estar de acuerdo con las resoluciones judiciales que le den la razón?", se ha preguntado el jefe de los socialistas andaluces.

El dirigente andaluz ha aludido además a la posibilidad de que los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán recuperen la afiliación al partido. Los dos exmandatarios dejaron el carné después de tener que dejar sus cargos en 2015. Fue en el contexto de las negociaciones para la investidura de Susana Díaz, en 2015, cuando Ciudadanos exigió sus ceses para apoyar la investidura de la política sevillana. Espadas ha recordado que deben ser Chaves y Griñán, como el resto de altos cargos implicados, quienes soliciten su reingreso en caso de que el Tribunal Constitucional también les conceda amparo, como parece probable después de la decisión sobre Magdalena Álvarez y el contenido de las ponencias que se deliberarán en el pleno que se celebra esta semana. "No sólo estaremos dispuesto, sino encantados de hacerlo", ha aseverado Espadas.

"Es vergonzoso que sigan hablando de robo de 680 millones de euros", ha zanjado Espadas, que cree que esa cantidad no está "acreditada". Los 680 millones de euros son las cantidades que salieron desde la partida 31L del presupuesto de la Junta entre 2000 y 2008, cuando funcionó el modelo de reparto de ayudas sociolaborales que la Audiencia de Sevilla y el Supremo consideraron ilegal. Y es esto justo lo que ahora discute el TC, que defiende que la elaboración de un presupuesto no puede ser ilegal porque se trata de un acto político. Ahora está por ver qué ocurre con el delito de malversación, que el tribunal de garantías abordará en la reunión de los próximos días y que deriva en las condenas a prisión de varios exaltos cargos de la Junta socialista.

El pleno que comienza este martes aborda precisamente los recursos de los exidirigentes que están en prisión: los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Antonio Fernández; el exviceconsejero Jesús Rodríguez Román y el exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar. La ponencia de Inmaculada Montalbán sobre Serrano Aguilar, a la que ha tenido acceso este periódico, plantea la exculpación total de este exalto cargo de los delitos de malversación y prevaricación. Con Martínez Aguayo, como con Magdalena Álvarez, anula la condena y reclama a la Audiencia de Sevilla que elabore una nueva teniendo en cuenta sólo una pequeña parte de los hechos considerados delictivos inicialmente. Incluso a Antonio Fernández, titular de Empleo, la ponencia aboga por la anulación de gran parte de la condena.

"El orden penal se extralimitó al sancionar conductas que la ley penal no contempla", explicó en su cuenta de X Juan Carlos Álferez, abogado de uno de los altos cargos condenados por los ERE. Esa es la tesis que utilizaron varias defensas en su intento por limitar el fraude de los ERE a la Consejería de Empleo, donde se ideó el sistema irregular de reparto de fondos y donde están los condenados a las mayores penas, como José Antonio Viera y Fernández. No figura entre estos nombres el del principal acusado en el caso ERE, Francisco Javier Guerrero, que falleció en 2020. Es lo que se vino a conocer como la teoría de los "cuatro golfos" que rechazó desde el principio la juez Mercedes Alaya, la instructora que puso el foco en lo más alto del organigrama de la Junta bajo los mandatos socialistas.