El TC plantea salvar a Griñán de la cárcel y rebajar la inhabilitación de Chaves en los ERE

El Tribunal Constitucional se prepara ya para una revisión completa del caso de los ERE de Andalucía. Las ponencias sobre los recursos de amparo de Manuel Chaves y José Antonio Griñán extienden a los dos expresidentes de la Junta condenados una rebaja sustancial de sus condenas. Y en el caso de Griñán, la eliminación del delito de malversación, por lo que quedaría exonerado de una pena de prisión que nunca ha llegado a cumplir por el tratamiento del cáncer que se le diagnosticó al poco de confirmar el Tribunal Supremo su condena.

El pleno del tribunal de garantías se reunirá el próximo 16 de julio para deliberar sobre los cinco recursos de amparo que quedan después de reducir o eliminar totalmente las condenas de otros seis exaltos cargos en las últimas semanas. Sobre Griñán, que fue condenado por su papel como consejero de Hacienda, el TC aplicaría unas tesis muy parecidas a las empleadas con Carmen Martínez Aguayo, su mano derecha y recién exculpada del delito de malversación al ver una falta de pruebas en las sentencias de la Audiencia de Sevilla y el Supremo. Esta falta de argumentos, según el TC, impide que "pueda trasladarse automáticamente la responsabilidad de quienes gestionaron las ayudas en la Consejería de Empleo a quienes se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes"

Ese es el papel que tuvo Griñán, que siempre defendió que la elaboración de unas cuentas autonómicas no puede desembocar en la comisión de un delito. Y con este posicionamiento el tribunal de garantías devuelve el foco del fraude de los ERE a la Consejería de Empleo, donde se originó el sistema de reparto de fondos que la Audiencia de Sevilla y el Supremo consideraron ilegal y a partir del cual se distribuyeron 680 millones de euros entre los años 2000 y 2008. Lo llamativo es que uno de los titulares de Empleo condenados en esta pieza, Antonio Fernández, también ha visto rebajada su pena en gran parte. Esto responde a que el caso que aborda ahora el TC está acotado al "procedimiento específico", es decir, a la creación del modelo de reparto de ayudas y a no a la ejecución de las mismas. Sobre ese asunto hay más de un centenar de piezas activas en la Audiencia de Sevilla que será donde, tras la revisión del TC, quede circunscrito el caso de los ERE en el ámbito jurídico.

Las tesis de la ponencia elaborada por Inmaculada Montalbán, adelantadas por El Español y confirmadas por esta redacción, apuntan a la concesión del amparo parcial al expresidente y reduce casi en la totalidad la condena por prevaricación. Pero lo más relevante es la eliminación de la malversación, que desembocó en la condena de seis años de cárcel de la sentencia de la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019, confirmada casi tres años después por el Supremo. Hay que recordar que la orden de entrada de Griñán en la cárcel quedó suspendida para que el exmandatario socialista pudiera tratarse el cáncer de próstata que padeece fuera de prisión, tal y como aconsejaron los peritos del Instituto de Medicina Legal de Sevilla.

Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, seguiría los pasos de Magdalena Álvarez y vería recortada su pena de forma considerable. La posición de Montalbán responde a la idea de que la elaboración de un presupuesto no puede ser ilegal, ya que se trata de un acto político y no administrativo. "Los proyectos y anteproyectos de ley, en cuanto meras propuestas normativas, no pueden ser objeto de control jurídico", reza la sentencia sobre la exministra de Fomento y exconsejera de Hacienda, que fue la primera en ver revisada su pena en esta oleada de sentencias que ha generado un terremoto político.

Las tesis sobre Chaves y Griñán están anticipadas por los fallos de las sentencias de los seis altos cargos a los que ya se les ha revisado la pena. Por lo tanto, lo lógico es que la aritmética se repita y las propuestas de Montalbán salgan adelante por siete votos a cuatro, una muestra más de la mayoría progresista que rige ahora mismo el tribunal de garantías.

Además de los recursos de los dos expresidentes, el tribunal de garantías verá también los del resto de condenados que no están en prisión por el caso de los ERE: Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia y hombre de confianza de Chaves; Antonio Vicente Lozano, exdirector general de Presupuestos y exviceconsejero de Presidencia; y Juan Márquez, exdirector general de Trabajo. El caso de Márquez puede ser paradigmático de cómo resultará el caso ERE tras la revisión del TC, ya que está en la cárcel para cumplir condena por su papel en una de las piezas separadas, el caso UMAX.