La "gran demanda" que acecha al Gobierno en el TJUE por la equiparación salarial de los agentes

"Grano a grano se forma una montaña". Esta es la filosofía que subyace en una nueva acción judicial contra el Gobierno. La impulsan más de 10.000 policías nacionales, guardias civiles y familiares de primer grado que conforman el Movimiento Reacciona Equiparación Real. Una asociación civil cuyo objetivo es que se cumplan los acuerdos que igualaban salarialmente a los agentes de ambos cuerpos con los de miembros de las policías autonómicas y que está dispuesta a llevar al Ejecutivo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Para ello han recaudado ya 71.000 de los 73.000 euros necesarios para interponer lo que han denominado como "la gran demanda".

El 24 de julio es la fecha en la que este contencioso será una realidad. Es el día en el que el bufete Durán & Durán se pondrá manos a la obra para sustanciar una reivindicación que persigue tres objetivos: lograr el reconocimiento de profesión de riesgo, la equiparación salarial y mismas condiciones de jubilación.

Las caras visibles de esta iniciativa decidida a poner en un brete al Ejecutivo son Eliud Vega y José Ariza, presidente y vicepresidente, respectivamente, de un movimiento que nace de "más de 30 años de desigualdades" y de la "incredulidad" ante las promesas de los dirigentes políticos. "Los compañeros están hartos y no aguantan más", incide Ariza, mientras que Vega recuerda "a todos los que se han jubilado o han fallecido" sin poder ver reconocida la equiparación y otros derechos laborales.

Movimiento Reacciona Equiparación Real nace de ese hartazgo entre los agentes que no han logrado disipar los acuerdos de subidas de sueldos que escalonadamente se firmaron en el pasado. "Han sido como echar un cubo de agua a un incendio. Apagaron algo, pero las llamas seguían vivas", comenta Ariza, que intuye en el Ejecutivo una estrategia para ir desactivando la contestación de los agentes. "Te promete 100, te ofrece 60 y finalmente te da 40", ejemplifica Vega, que explica que "decidimos no quedarnos en el sofá" y "quisimos activar de nuevo a la gente" para lograr una reivindicación que "enraíza en los principios fundacionales de la Unión Europea (UE)".

Aproximadamente 6.000 personas han realizado donaciones para emprender una nueva acción legal que vuelve a situar bajo el foco al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El importe mínimo de la donación es de 15 euros y se puede abonar a través de una aplicación o mediante transferencia. "Aunque hay quien ha llegado a donar hasta 800 euros", relatan los impulsores de la iniciativa, que especifican que están a punto de alcanzar los 73.000 euros necesarios inicialmente para asegurarse la personación y posibles recursos en todas las instancias judiciales hasta el TJUE.

"No daban un duro por nosotros, decían que no íbamos a recaudar más de 8.000 euros y, desde que comenzamos la campaña el 3 de junio, hemos superado los 71.000. Estamos muy cerca de la cantidad que nos permitiría llevar el contencioso hasta Luxemburgo", una cantidad a la que hay que sumar otros gastos inherentes al proceso, como honorarios de notarios, posibles desplazamientos o costas —y que podrían sumar unos 10.000 euros—. "Ojalá no fuese necesario y pudiésemos anunciar que nos han dado la razón la Audiencia Nacional (AN) o el Tribunal Supremo (TS), pero sabemos que la clave es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea". Por eso "firmaremos ante notario que no se retirará la demanda y que iremos hasta las últimas consecuencias".

En el equipo que se liderará esta acción legal, además del letrado Miguel Durán, se encuentra el abogado del Estado y exmagistrado del TS y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) Javier Borrego. Y los responsables de la asociación civil basan buena parte de sus expectativas en una violación de los derechos de los agentes, "no como trabajadores, sino como ciudadanos".

En el equipo de letrados que formulará la demanda está Javier Borrego, exmagistrado del Supremo y del Tribunal de Derechos Humanos

"Si los tribunales nos dan la razón, únicamente por la jubilación, El Gobierno tendrá que abonar 1.000 millones más al año", afirman, para recordar que meses atrás se supo que "se transferirán 1.600 millones de euros de las arcas del Estado a los Mossos d’Esquadra". Remarcan que "el acuerdo de los 807 millones —que se firmó— no llega a los 1.500 millones en el que entrarían las horas extras, la asistencia a juicios…", y observan en una hipotética subida de la pensión de 200 euros una nueva táctica de distracción del Ministerio del Interior.

Los representantes de Movimiento Reacciona explica que siempre se establece una comparación con la policía autonómica catalana porque "es la única a la que el Ejecutivo sufraga todos los meses el 85% de las nóminas". "El resto, la vasca, la catalana o la foral, se costean con las transferencias de la gestión de impuestos como el IRPF. Por eso entendemos que hay una discriminación, porque un mismo pagador —el Gobierno— paga de forma distinta a dos empleados públicos que hacen el mismo trabajo".

José Ariza manifiesta que "los compañeros ya no aguantan más, están desesperados". "Hasta el punto de que, aunque están afiliados a sus organizaciones profesionales, creen que es fundamental esta gran demanda que llegaría a Luxemburgo, y ponen dinero de su bolsillo para hacerla realidad".

La asociación "no aspira a convertirse en un sindicato o asociación profesional". "Nos hemos unido para intentar lograr un fin justo, y si lo conseguimos, nos disolveremos", señala Vega, que espera que el próximo 24 de julio sea "el primer paso para acabar con una desigualdad que se prolonga desde hace más de 30 años con la complicidad de todos los Gobiernos".