Próximos capítulos de los ERE: reafiliación de Chaves y Griñán al PSOE y decisión final de la Audiencia

El Tribunal Constitucional ha provocado que el caso de los ERE haya hecho un doble viaje en el tiempo. En términos políticos, ha devuelto el debate al momento de la instrucción, cuando los dirigentes del PSOE que fueron condenados después se afanaban en limitar el fraude a la Consejería de Empleo. Allí fue director general durante una década Francisco Javier Guerrero, considerado el cabecilla de la trama y fallecido en 2020. El nuevo relato jurídico hilvanado por la corte de garantías pone el foco en el dinero que no se destinó a las ayudas sociolaborales dentro de esas partidas de 680 millones de euros, como defendían los ex altos cargos socialistas ajenos al citado departamento.

El segundo viaje en el tiempo es jurídico. El Constitucional, desde la primera sentencia sobre los recursos de los ERE ―la de Magdalena Álvarez― entrega de nuevo el balón a la Audiencia Provincial de Sevilla, que ahora tendrá que emitir una nueva sentencia excluyendo los hechos que el TC ha blindado: la elaboración de los proyectos de presupuestos que contenían el programa 31L, aprobados después por el Parlamento andaluz, y las modificaciones presupuestarias que derivan de esa partida. La corte de garantías asegura que no hay prevaricación en diseñar una ley que contravenga a leyes anteriores.

También defiende que a José Antonio Griñán y el resto de implicados ajenos a la Consejería de Empleo se les condenó por malversación sin los argumentos suficientes. La última prueba de ello es que el expresidente y Carmen Martínez Aguayo han sido exonerados por completo de este delito. Al mismo tiempo, Juan Márquez, el exdirector general de Empleo que sucedió a Guerrero, ha visto cómo el TC rechazaba su recurso con un argumento muy sólido: "Mantuvo un sistema de concesión de ayudas con un conocimiento preciso de que una parte de las mismas se daban en ausencia de todo interés público".

Con estos mimbres, la Audiencia Provincial de Sevilla tendrá que ponerse manos a la obra y rehacer 7 sentencias a falta de saber qué ocurre con los últimos dos ex altos cargos, cuya situación se abordará en el pleno del Constitucional este miércoles. En ese compás de espera están Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero también Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Fernández y Jesús María Rodríguez. Fernández, que fue titular de Empleo, es la mayor incógnita, ya que su implicación en la gestión de las ayudas le quedaba más cerca que al resto, miembros de las consejerías de Hacienda, Innovación o, en el caso de Chaves, directamente presidente del Ejecutivo.

Los exdirigentes ajenos a Empleo sólo tienen en su haber varias modificaciones presupuestarias realizadas en 2000, 2001 y 2004 que no se hicieron bajo el amparo de la partida 31L. Pero para saber qué decisión tomará la Audiencia de Sevilla todavía son necesarios varios pasos. Fuentes jurídicas indican que el caso no volverá a la sección Segunda del tribunal provincial, que fue la que enjuició el caso y condenó a los ex altos cargos en noviembre de 2019. El ponente de aquel fallo, Juan Antonio Calle Peña, se prejubiló al poco tiempo, mientras que Encarnación Pérez pidió el traslado a la Audiencia de Alicante. Sólo Pilar Llorente, que ha firmado las órdenes de excarcelación de los exdirigentes socialistas tras las decisiones del TC, se mantiene en su puesto.

Estas mismas fuentes apuntan a que debe ser la sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla quien asuma esta revisión, pero todavía debe conformarse la sala. Luego el magistrado encargado del asunto tendrá que decidir si hay una vista o un traslado a las partes para abrir la puerta a posibles alegaciones. Con estos tiempos, será muy difícil los siguientes pasos jurídicos en los tribunales del Prado de San Sebastián se tomen antes de septiembre. Desde uno de los equipos de abogados defensores apuntan, que no creen que haya una vista para esta última decisión del tribunal sevillano. Aunque hay que tener en cuenta que, una vez emita el nuevo fallo, el camino parte desde el principio y existe la posibilidad de ir de nuevo al Supremo y al Constitucional.

En medio de este viaje procesal, los ex altos cargos tienen ante sí la posibilidad de realizar un viaje atrás en el tiempo en términos orgánicos. Chaves y Griñán dejaron sus cargos institucionales en 2015 como consecuencia del acuerdo de investidura de Susana Díaz, firmado por el PSOE con Ciudadanos. El primero era diputado y el segundo senador, pero después tuvieron que dejar también los carnets del partido. El código ético del PSOE establece que los miembros deben quedar suspendidos de militancia cuando se les abre juicio oral, pero ante la posibilidad de la exculpación total que ya muchos vislumbran en San Vicente, sede de la formación en Andalucía, ya les han vuelto a abrir la puerta.

PP y Vox ya han utilizado esta expulsión del PSOE a los dos exmandatarios para lanzar un dardo al PSOE. "Quienes los han maltratado han sido ustedes", llegó a decir Juanma Moreno en el Parlamento el pasado jueves, mientras que Benito Morillo, de Vox, aludió a aquella célebre frase que el periodista Manuel Pérez Alcázar recoge en su libro Delfines y tiburones que le dijo Chaves a Griñán. "Pepe, Susana nos ha matado, es como si nos hubiera clavado un cuchillo", reza la cita. Ha pasado el tiempo y Carmen Martínez Aguayo puso tierra de por medio este sábado en una entrevista en El País al afirmar que nunca se ha sentido "abandonada". "Siempre he sentido el calor del PSOE hasta donde ha sido razonable en cada momento", añade la exconsejera de Hacienda.

En el PSOE recuerdan que son los propios ex altos cargos los que deben solicitar su reingreso en el partido, aunque no está claro si deben esperar al nuevo fallo de la Audiencia para hacerlo. Los socialistas han puesto en marcha una campaña para reivindicar a la generación que gobernó Andalucía entre 1991 y 2013 y el propio Chaves se ha pronunciado minutos después de conocerse el fallo. También serán los exdirigentes los que decidan si quieren participar en una suerte de acto de desagravio que en San Vicente no descartan, aunque aseguran que es un asunto que todavía no está encima de la mesa.