La receta andaluza para abaratar la vivienda: 20.000 VPO en 5 años y recalificaciones exprés para alquiler

El acceso a la vivienda ha emergido como uno de los principales problemas para los andaluces, según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces, donde figura como la cuarta preocupación más repetida los encuestados (4,7%), solo por detrás del paro, el funcionamiento de la sanidad y la insatisfacción política. El dato se repite cuando se les pregunta por el problema más acuciante personalmente (4,8%), por detrás también del paro, los recortes sanitarios y la inflación. En San Telmo debían ser conscientes de la situación y ya en el debate sobre el estado de la comunidad Juanma Moreno anunció una inminente ley de vivienda que contiene la receta del Ejecutivo andaluz para atajar una insatisfacción ciudadana que se atisba como el principal problema del país en los próximos años. Y este martes ha dado luz verde al anteproyecto con el que el barón popular quiere tomar la delantera y, de paso, enmendar la plana al Gobierno central y su ley estatal.

La filosofía de la norma no es una sorpresa y encaja con los principios que ha defendido el barón malagueño desde su llegada a San Telmo. Es lógico que suponga la derogación de 4 normas previas para fusionarlas en este texto, que está muy relacionado con la ley del suelo aprobada en la legislatura pasada. La norma estará lista, como pronto, en la primavera de 2026, lo que significa que su aprobación coincidirá con los prolegómenos de las próximas elecciones andaluzas. Pero en la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda no descartan acelerar las medidas más urgentes en el plan de choque que contempla la ley y que tendrá una vigencia de cinco años.

En ese periodo, el objetivo de la Junta de Andalucía es certificar hasta 20.000 viviendas de protección oficial (VPO) en todo el territorio en un periodo de 5 años. Es el doble de la cantidad certificada en el quinquenio 2019-2023 ―el primer lustro de Moreno en el Gobierno― y siete veces las que se hicieron en el anterior, entre 2014 y 2018, cuando las consecuencias de la crisis económica mantuvieron al sector de la construcción con el motor gripado. La misión de la ley que ahora comienza su andadura es precisamente activar esa edificación por medio de la puesta a disposición de suelos en desuso actualmente, algunos de los cuales están incluso urbanizados y pueden activarse de forma inmediata.

El punto más novedoso de este plan es la apuesta por "flexibilizar" el uso de parcelas ahora baldías con una apuesta por el cambio de uso exprés de suelos dotacionales, terciarios o de uso turístico siempre que se dediquen a la construcción de VPO dedicadas al alquiler permanente, es decir, sin opción a compra. La nueva norma, una vez esté aprobada, permitirá a los alcaldes permitir una suerte de recalificación sin necesidad de reformar los planes urbanísticos vigentes, lo que haría necesario varios trámites farragosos que ralentizan el proceso. En el departamento que encabeza Rocío Díaz explican que los suelos dedicados a infraestructuras sanitarias o educativas quedarán fuera de esta flexibilización y la propia consejera ha rechazado que pueda alimentar la "especulación", ya que al tratarse de una medida solo aplicable a VPO los precios estarán limitados.

La colaboración público-privada es otra de las patas de la ley y para facilitar las promociones de vivienda Fomento pretende impulsar una web que refleje la bolsa de suelo para vivienda asequible de la comunidad para que las promotoras y constructoras, con quien Rocío Díaz ha mantenido reuniones en la preparación del anteproyecto, sepan dónde acudir. También habrá una web que refleje todas las viviendas protegidas de la comunidad, sean de la administración que sean, para facilitar el acceso de compradores o arrendadores interesados. Y contempla un inventario de viviendas en alquiler, un modelo que es la clave de bóveda de la ley, dado el déficit que existe y que empuja el precio de las rentas.

La titular de Fomento ha explicado también la apuesta por crear unas "áreas prioritarias de vivienda" donde se priorizarán los recursos como las ayudas al alquiler, los incentivos, la construcción o la rehabilitación. No ha dado demasiados detalles sobre qué condiciones deben cumplir esas zonas y tampoco ha especificado si se trata de ayudas autonómicas o estatales, como el bono de alquiler joven que ha generado varios dolores de cabeza en su departamento. Sí ha querido desvincular la ley de vivienda en ciernes del debate sobre la presión de los apartamentos turísticos. Díaz ha dejado claro que la regulación de los pisos para visitantes de corta estancia están regulados en el decreto autonómico aprobado a principios de año y que deja en los ayuntamientos la competencia para limitar la proliferación de este modelo de negocio.

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, es el responsable del citado decreto y ha rechazado en varias intervenciones que el turismo sea el responsable único de la expulsión de los habitantes de los centros más turistificados. La polémica está servida, sobre todo después de las declaraciones del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una entrevista en el diario Sur, donde restó importancia a las quejas por tener que abandonar la capital de la Costa del Sol para vivir en el área metropolitana siempre y cuando haya un sistema de transporte público que permita llegar a la ciudad en poco tiempo, algo que ahora mismo no existe. También en Málaga, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, generó malestar al defender ―de una forma un tanto sui generis― que los residentes vivan en sus ciudades de origen. "Si los camareros no tienen un lugar donde residir, ¿dónde vivirán los que nos sirven vino y espetos?", dijo la política socialista.

Pedro Sánchez desgajó Vivienda de Fomento en su último gabinete en un intento por dar también respuesta al malestar por el problema estatal de acceso a la vivienda. Y la apuesta del Ejecutivo central también pasa por favorecer la construcción, más allá de contar con una ley que permite el tope al alquiler y que solo se aplica, de momento, en Cataluña. Navarra y Asturias, comunidades en manos del PSOE, están estudiando aún aplicar esta fórmula, mientras que Castilla-La Mancha lo ha descartado, igual que ocurre en los territorios dirigidos por el PP donde el modelo a seguir es el andaluz, ya que Moreno es el primer barón del PP en legislar tras la aprobación de la norma estatal.

Un estudio publicado este lunes por BBVA Research, firmado por los economistas Miguel Cardoso y Félix Lores, da la razón al Gobierno andaluz en su apuesta por activar el suelo disponible y poner más a disposición de las promotoras, así como ampliar los recursos al fomento de la construcción. "Es necesario agilizar los procesos de urbanización", expresan los expertos, que también piden una clarificación de la legislación como la que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Juanma Moreno en los últimos años y que culminará con la ley presentada este martes.