La guerra de los rectores con la Junta por el auge "injustificado" de la universidad privada

Cuando Juanma Moreno llegó a San Telmo, hace poco más de un lustro, en Andalucía solo había una universidad privada. Era la Universidad Loyola Andalucía, impulsada en 2011 a partir de un centro que los jesuitas itenían en Córdoba en los años 60, y que ahora luce una imponente sede en Sevilla. Desde ayer, la comunidad más poblada del país contará ya con cinco centros privados y hay un sexto en ciernes que llega de la mano de la Universidad Pontificia de Comillas. Esta proliferación ha encendido la chispa entre los rectores de las universidades públicas de Andalucía, que denuncian una "preocupante privatización", lo que ha desembocado en un nuevo conflicto entre los 10 dirigentes universitarios y el Gobierno andaluz del PP.

No es casualidad que el segundo gabinete del barón popular contase con una consejería nacida para tender puentes entre San Telmo y los rectorados de las 10 universidades públicas de la comunidad. Además de las dos históricas instituciones andaluzas, la Universidad de Sevilla y la de Granada, que datan del siglo XVI, cada provincia cuenta con una, a las que hay que sumar la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), creada a finales de los 90, y la Universidad Internacional de Andalucía. Sobre estas instituciones públicas se ha basado el sistema universitario de la comunidad en democracia, pero el Gobierno de Juanma Moreno puso en marcha una estrategia en la pasada legislatura orientada a intentar que estudiantes andaluces que salían de la comunidad hacia centros privados se quedasen en su tierra.

La Junta cifró en 7.000 los alumnos andaluces en centros privados fuera de la comunidad que podrían volver y asegura que su modelo pasa por equilibrar el peso entre públicas y privadas y no que haya más de las segundas, como ocurre en Madrid. Pero ninguno de esos argumentos han convencido a la oposición de izquierdas y, ahora, ha enfadado a los rectores de las públicas. "Ninguna excusa justifica seis universidades privadas en Andalucía", espetó hace unos días Francisco Oliva, rector de la UPO, en una reunión que el Consejo Andaluz de Universidades celebró en Jaén. Pero lo cierto es que el enfado de unos y otros no ha echado atrás al PP en su apuesta y la mayoría absoluta que los populares tienen en el Parlamento autonómico blinda el futuro de unos proyectos que, según la Junta, tiene todas las "garantías legales y académicas" y "todos los visos de calidad".

Además de la Loyola, el sistema andaluz cuenta con dos recientes incorporaciones, la Universidad Fernando III, con sede en la localidad sevillana de Bormujos; y la Universidad Tecnológica del Mediterráneo (Utamed), con sede en Málaga pero, sobre todo, no presencial. Las dos entidades, aprobadas por el Parlamento en 2023, echarán a andar en el curso que empieza el próximo septiembre, pero en el siguiente podrán sumarse otros dos nuevos centros. Se trata de la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía, ambas ubicadas en la capital de la Costa del Sol. El Parlamento andaluz debate este miércoles y dará luz verde a los dos proyectos de ley que harán posible estas dos nuevas aperturas gracias a la mayoría del PP, pero también al apoyo de Vox.

La gota que ha colmado el vaso de los rectores, sin embargo, no ha pasado por la Cámara autonómica. El motivo del último choque es alianza entre la Universidad Pontificia de Comillas y el centro universitario que la orden hospitalaria de San Juan de Dios tenía en Sevilla. Hasta este curso, se trataba de un centro adscrito a la Universidad de Sevilla, pero la alianza saltó por los aires. Tras romper con la Hispalense, el centro de enfermería situado también en la localidad de Bormujos buscó cobijo en la Pontificia de Comillas, un movimiento que fue autorizado este martes por el Gobierno andaluz y que se abordó precisamente en la reunión de Jaén. Los rectores de las universidades públicas votaron en contra, pero se trata de un órgano consultivo. El portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, explicó que se trata de una situación "temporal" y que estudiarán la nueva oferta de la US al centro de enfermería para buscar una nueva adscripción a la pública sevillana.

"Es una clara invitación a que vengan otras privadas sin necesidad de pasar por el Parlamento andaluz", se quejó Oliva, que además de rector de la UPO es el presidente de la Asociación de las Universidades Públicas de Andalucía (AUPA). En esa reunión no estuvo José Carlos Gómez Villamandos, exrector de la Universidad de Córdoba y titular de Universidades del Ejecutivo andaluz. Fue nombrado por Moreno para engrasar la comunicación con los rectores de las públicas con el reto de encauzar las relaciones enrarecidas después de años de reclamaciones de un mejor sistema de financiación de los centros públicos.

Según relatan los rectores, la Pontificia de Comillas solicitó permiso al Gobierno andaluz en marzo, pero el asunto no se ha hecho público hasta la llegada del verano. Antes, en mayo, en otra reunión del Consejo Andaluz de Universidades, los responsables de las públicas andaluzas cuestionaron al consejero por esta posible iniciativa. "Se negó la mayor", se quejan, al tiempo que consideran "cómplice" al departamento de Villamandos para "abrir una vía de privatización exprés sin control parlamentario". "Existe el riesgo de que centros adscritos en Andalucía, bajo el control académico y económico del sistema público, se conviertan en meras franquicias de universidades privadas ajenas a la comunidad", advirtieron los rectores.

"No se trata de que vengan Oxford y Cambridge aquí", ironizó Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía, durante el debate de la creación de la Fernando III y Utamed. Era una forma de arrojar dudas sobre la calidad de las universidades que han abierto o quieren abrir en la comunidad desde la llegada del PP, unas acusaciones que en la Junta rechazan. "Son universidades de media-baja calidad", ha dicho este miércoles Antonio Ruiz, portavoz de universidades del PSOE andaluz, que ha acusado al Gobierno andaluz de crear "universidades como churros".

La Junta asegura que se trata de proyectos con fundamento y de calidad y verificados por la Agencia de la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía. Este organismo se encarga de certificar la calidad de los títulos de grado, posgrado y doctorado que imparten los centros superiores. Ramón Herrera, director general de Universidades de la Junta, detalló a esta redacción que los responsables de certificar las enseñanzas son expertos "independientes" y que han validado los proyectos que han arrancado ya o están por arrancar.