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JARRO DE AGUA FRÍA

La Ley de Diálogo Social de Moreno con CEA, UGT y CCOO levanta en armas a CSIF

El sindicato mayoritario en la administración pública le recuerda al presidente que se comprometió en el Parlamento a abrir la participación institucional a otros agentes

Juanma Moreno preside la firma del Acuerdo para el Impulso de la Participación Institucional en Andalucía. (EP/Francisco J. Olmo)

El gran acuerdo presentado este miércoles por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras para aprobar una Ley de Participación Institucional que consagre la intervención de estas tres instituciones en el diálogo social, ha elevado notablemente el malestar en el sindicato CSIF, mayoritario en la administración pública, que lleva años reclamando su presencia en estos foros de máximo nivel.

Los secretarios regionales de CCOO y UGT, Nuria López y Óskar Martín, respectivamente, y el presidente de la CEA, Javier González de Lara, firmaron en el Palacio de San Telmo el Acuerdo para el Impulso de la Participación Institucional, que pretende que Andalucía cuente con una Ley en esta materia como ya ocurre en otras comunidades autónomas españolas.

A partir de esa norma, estos agentes sociales y económicos "serán consultados cada vez que se vaya a aprobar una norma de su ámbito, podrán proponer directrices o líneas generales de actuación y participar en su elaboración, así como iniciativas legislativas a lo que se suma que podrán realizar seguimiento y evaluación de los órganos y planes en los que participen".

Sin embargo, este acuerdo ha sentado como un jarro de agua fría al sindicato CSIF, que lleva años reclamando una mayor presencia en el diálogo social conforme a su peso en la administración pública, que ha ampliado en los últimos años también con delegados en numerosas empresas privadas.

El sindicato que preside Germán Girela en Andalucía ha mantenido siempre una buena relación con la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, sin renunciar a una actitud crítica para defender los intereses de los empleados públicos.

Buena muestra de ello ha sido que este mismo año, el presidente andaluz participó tanto en el X Congreso nacional de CSIF, que se celebró en Granada, como en el IX Congreso autonómico, que tuvo lugar en abril en Málaga, donde mantuvo una gran complicidad con los dirigentes de esta central sindical.

Juanma Moreno en el Congreso nacional de CSIF. (Cedida)

Allí le recordaron a Moreno que el sindicato ha crecido un 25% en número de afiliados en la comunidad, pasando de 62.000 a 86.000 a pesar de la pandemia. Andalucía supone actualmente un tercio del total del sindicato a nivel nacional. En cuanto a representatividad, cuenta con unos 3.000 delegados en la región tras subir un 16% en estos cuatro años. Es el sindicato mayoritario en la administración pública en Andalucía, con más de un 40% en la Mesa General de Negociación, y tiene especial fuerza en Educación, Justicia y sistemas generales de la Junta.

Por ello, la reacción de Csif tras el acuerdo anunciado por la Junta con CEA, UGT y CCOO no se ha hecho esperar para mostrar su "decepción con el modelo de diálogo social completamente obsoleto y cerrado que ha elegido el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno y que limita la participación institucional a los de siempre: Los sindicatos de clase y la patronal".

Además, le ha recordado al presidente andaluz su compromiso de abrir el diálogo social a otras instituciones como CSIF. A juicio de Germán Girela, "el presidente ha renunciado a materializar el compromiso que adquirió públicamente en sede parlamentaria al respecto (Diario de Sesiones del Pleno del Parlamento de Andalucía número 44, de 28 de enero de 2020) de abrir la participación institucional a otros agentes sociales representativos de la realidad socioeconómica de nuestra comunidad autónoma".

Este sindicato estuvo negociando cuatro años con el anterior consejero de Presidencia, Elías Bendodo, quien se comprometió a darles cabida en esa futura Ley, si bien tras su salida del Gobierno, tuvieron que volver a retomar esas negociaciones que, otros dos años después, han resultado infructuosos.

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