Condenado a 42 años y medio el acusado del doble crimen de Santovenia (Valladolid)

La Audiencia de Valladolid ha impuesto penas que suman 42 años y medio de prisión a Pablo Antonio S.H., apodado el Chiqui, quien fue juzgado por matar a un vecino y al que fuera jefe de la Unidad de Intervención Especial (UIE) de la Guardia Civil el 1 de julio de 2022 en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Tras el veredicto del jurado, el magistrado presidente ha impuesto en concreto 18 años por homicidio y atentado, cometidos contra el entonces jefe de la UIE, el teniente coronel Pedro Alfonso Casado, de 50 años.

Ha fijado 16 años y medio por asesinato con atenuante de estado pasional, perpetrado al matar a un vecino de su edificio, Dionisio A.P., de 45 años, y seis años de cárcel por tentativa de homicidio, también con atenuante de estado pasional, cometido contra el hijo del residente en su inmueble al que quitó la vida.

Por tenencia ilícita de armas, la sentencia ha establecido dos años de prisión -utilizó un rifle Mauser para cometer los crímenes sin tener licencia-, mientras de un delito de secuestro, por el que también fue juzgado, ha sido absuelto.

Primero mató al vecino

Las acusaciones contra el procesado se centraron en que primero mató a su vecino -tras una disputa entre miembros de ambas familias- y mantuvo secuestrado en una vivienda en la que permaneció horas atrincherado al novio de su hijastra, un delito que el jurado no consideró probado y del que el encausado ha sido absuelto. Los cargos contra el procesado también abarcaron que intentó acabar con la vida de un hijo de Dionisio A.P. tras matar a su vecino.

Hasta Santovenia, se desplazó desde Madrid la UIE, cuyo jefe murió horas después de recibir un tiro en la cabeza disparado por el acusado a través de la puerta del domicilio en el que se encontraba parapetado.

Tras conocer el veredicto, el ministerio público reclamó imponer en sentencia quince años de prisión por el asesinato del vecino del acusado, cinco años de prisión por tentativa de homicidio, veintidós años de cárcel y libertad vigilada por homicidio doloso del teniente coronel, además de dos años de prisión por tenencia ilícita de armas.

La defensa pidió la aplicación de las penas mínimas establecidas para cada uno de los delitos que el jurado consideró probados con la aplicación de una atenuante que apreció el jurado. Los encargados de deliberar sobre la culpabilidad del acusado se mostraron contrarios a la posibilidad de suspensión de la pena y a la opción de solicitar el indulto para el procesado.