RECLAMACIÓN LEGAL
Caos burocrático en la obra del Hospital de Elche: 3 años atascada y demanda millonaria a la Generalitat
Un monumental conflicto administrativo arrastrado desde la etapa del Botánico, que afecta también a la gestión del PP, bloquea la ampliación del centro sanitario de la tercera ciudad valenciana y termina en los tribunales
Iba a servir para actualizar un centro hospitalario saturado y envejecido y ha terminado por convertirse en un monumental atasco burocrático, sin solución inmediata y que terminará ventilándose en los tribunales. El contrato para las obras de ampliación y reforma del bloque quirúrgico del Hospital General de Elche acumula importantes retrasos como consecuencia de discrepancias internas entre departamentos de la Generalitat y ha derivado en una demanda por daños y perjuicios de la empresa contratista contra la Conselleria de Sanidad ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El centro hospitalario es el único de gestión pública que hay en la tercera ciudad más poblada de la autonomía (hay un segundo que gestiona por concesión de la Administración una filial de Ribera Salud). En diciembre de 2020 se formalizó, tras celebrar un concurso público, un contrato de ejecución de obras con la UTE Vainsa-GC Hospital de Elche, con un presupuesto de 11,4 millones de euros y un plazo de duración de 30 meses, por lo que las obras deberían haber terminado el 23 de agosto de 2023. Con la intención de aprovechar al máximo el suelo en el que se ubica el hospital actual, Sanidad proyectó una ampliación basada en la colocación de nuevas dependencias sobre el edificio actual, ancladas al suelo sobre una estructura de pilares de acero.
Los trabajos comenzaron sin paralizar el funcionamiento del hospital para evitar dejar sin servicio a la ciudad. La singular solución arquitectónica resultó, apenas arrancada la obra, mucho más compleja de lo previsto. Casi de inmediato se detectó que las características del terreno no correspondían con lo estimado por los estudios geotécnicos que sustentaban el proyecto de ejecución. Por ello, la dirección facultativa de la obra, distinta a la constructora contratista, tuvo que iniciar un expediente de modificación de obra que culminó en marzo de 2022. Ahí comenzó un calvario administrativo que arrancó con el gobierno del Botànic, presidido por el socialista Ximo Puig, y se ha mantenido con los nuevos inquilinos del Palau de la Generalitat, que preside el popular Carlos Mazón y tiene a Marciano Gómez al frente de Sanidad, sin que termine de despejarse la solución al atasco.
El plan de ampliación hospitalario está prácticamente paralizado desde hace tres años, con el consiguiente impacto sobre las necesidades sanitarias de Elche, y ha llevado al borde de la quiebra a la UTE adjudicataria, según refleja Vainsa-GC en la demanda presentada en el juzgado, a la que tuvo acceso El Confidencial. En ella, la UTE reclama 2,8 millones de euros a la Conselleria de Sanidad por daño emergente y lucro cesante.
En la denuncia, el contratista sostiene que cuando comenzó a tramitarse burocráticamente el primer modificado económico debería haberse paralizado el procedimiento, por tratarse de una corrección en el precio superior al 20%, tal como marca el artículo 242.5 de la Ley de Contratos del Sector Público. "Se decidió (alegando razones de interés general) justo lo contrario, a lo cual probablemente no fuese ajeno el hecho de intentar por todos los medios no transmitir a la opinión pública un problema tan grave como el apreciado en periodo preeelectoral". De hecho, el modificado, que finalmente ascendió 5,6 millones de euros (49,36%), elevando el coste total de la obra a 17,1 millones, se aprobó el 19 de mayo de 2023, en la última sesión plenaria del Consell antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de ese año.
La tramitación del modificado y el hecho de mantener viva la obra propiciaron un tirón de orejas importante de la Intervención Delegada de la Conselleria de Sanidad. En el Informe Fiscal 315, el órgano de vigilancia de cumplimiento de la legalidad administrativa mostró una disconformidad por posible vulneración de la ley de contratos.
Sin embargo, los nuevos altos cargos designados por el Consell de PP y Vox, en lugar atender la advertencia inicial de la Intervención, alegaron en favor de la tramitación botánica, apoyados por la Abogacía de la Generalitat. Finalmente, la Intervención General desestimó esas alegaciones, forzó a los órganos de contratación a decretar la suspensión de la obra durante 14 meses por causas no imputables al contratista y señaló la obligación de someter los cambios en el contrato a la función interventora, pasarlos de nuevo por el Consell y reclamar responsabilidades a los funcionarios que participaron en el expediente en el caso considerarse así, además de proceder a cubrir los costes en los que había incurrido la adjudicataria.
Según los denunciantes, no fue esto exactamente lo que ocurrió a continuación. "La Conselleria de Sanidad decidió obviar el acuerdo del Consell de 19 de mayo y la discrepancia planteada al respecto del mismo y, en su lugar, saltándose a la torera el principio de jerarquía que debe regir en la Administración, se decide dividir aquella modificación del 49,36% en dos expedientes". Así fue, Sanidad optó entonces por aprobar dos nuevos modificados distintos, uno por el 19,80% del valor del contrato (2,2 millones), firmado por el director general de Gestión Económica el 29 de noviembre de 2023, y otro por el 29,56% del proyecto primitivo, con fecha 12 de enero de 2024, ya en el nuevo ejercicio presupuestario. Las dos modificaciones contractuales suman el 49,36% que aprobó el Botánico. En paralelo, se aprobó en abril un nuevo aplazamiento de catorce meses del final del contrato, lo que fijaría el plazo de finalización en junio de 2026.
Sin financiación
Con ese apaño administrativo se trató de subsanar la deficiencia inicial detectada por la Intervención y se firmó con la UTE en abril la ejecución de las obras adicionales. Sin embargo, en ese momento, hace poco más de dos meses, la situación financiera de la contratista, que había adelantado compras importantes, como el grueso del acero de la estructura, ya era delicada. Los bancos ya no le adelantan la financiación necesaria para retomar los trabajos y poder ir certificando obras para cobrar las facturas. Actualmente, el nivel de certificación del contrato no alcanza el 30%.
Entre los daños económicos que se reclaman para poder obtener la liquidez necesaria para continuar con la obra se citan sobrecostes por costes indirectos y en gastos generales repercutidos por las demoras del plan de obra, gastos imprevistos por el recálculo estructural e informes técnicos de peritación, incidencias en los precios del acero y la necesidad de adelantar las compras y otro tipo de "consecuencias financieras graves". "Se nos obligó a continuar un contrato cuando no era posible materialmente su ejecución mientras se tramitaba el/los modificados", resumen.
La empresa contratista prepara además una reclamación económica adicional por el impacto que la telaraña administrativa da la Conselleria de Sanidad con el contrato de Elche ha tenido en su capacidad de afrontar otros contratos públicos que tenía adjudicados, entre ellos varios colegios e institutos públicos ligados al plan Edificant, que el anterior Consell del Botánico puso en marcha en colaboración con los ayuntamientos valencianos.