Vox abre una crisis con la alcaldesa Catalá en Valencia por el plan Mestalla

La crisis entre Vox y el Partido Popular se traslada el Ayuntamiento de Valencia. El segundo teniente de alcalde y portavoz de la formación ultraconservadora, Juan Manuel Badenas, ha anunciado este miércoles en la Comisión de Urbanismo una moción que choca frontalmente con la hoja de ruta que se ha marcado la alcaldesa de la ciudad, la popular María José Catalá, para desatascar la operación Mestalla. El área de Urbanismo del Consistorio, en manos de los populares a través del concejal Juan Giner, anunció el pasado viernes la concesión al Valencia Club de Fútbol de la licencia de obras construcción del estadio de la avenida Cortes Valencianas. La autorización para acometer los trabajos incluye condiciones "exigentes", como la presentación de garantías por el 100% del coste para el caso de que la sociedad anónima de Peter Lim no cumpla con los plazos marcados, además de exigir un recinto para 70.000 espectadores.

Los populares no han cuestionado de entrada en la tramitación los beneficios urbanísticos que Lim obtendría de la finalización de un estadio y el derribo del viejo Mestalla, que pasa por el aprovechamiento del suelo de la parcela antigua para usos residenciales y terciarios, lo que permitiría a la SAD capitalizar en gran parte la operación urbanística. Pero para seguir adelante con el plan con mayoría política suficiente, los populares han pactado con el PSPV-PSOE y Compromís una moción propia, de la que ha quedado descolgado Vox, en la que plantean la derogación del planeamiento de la actuación territorial estratégica en caso de que el club incumpla los plazos de ejecución, "lo cual implicará la completa eliminación de las plusvalías urbanísticas que este instrumento de planeamiento atribuyó a los terrenos propiedad del Valencia Club de Fútbol", señala el texto aprobado.

También se ha consensuado por el PP y las fuerzas de la oposición que se elabore la auditoría externa del coste del estadio con los requisitos de las fichas urbanísticas aprobadas con las exigencias del convenio, y el coste resultante sea el utilizado para el depósito de la fianza, para preservar que no se materialicen los derechos urbanísticos sin asegurar el cumplimiento de las obligaciones. Además, se acuerda exigir a Lim el ingreso (IVA incluido) del coste de construcción del Polideportivo de Benicalap.

Sin embargo, este miércoles, Badenas, alineado con sectores del valencianismo contrarios a bloquear cualquier paso hacia adelante mientras Lim sea propietario del club y en una posición respaldada por la organización Marea Valencianista, del consultor Miguel Zorío, ha presentado una moción alternativa de ruptura que dejaría en el aire toda la operación urbanística diseñada hace más de una década. La moción, una vez consumado el pacto del PP con socialistas y Compromís, no prosperará, pero abre una crisis con Catalá y revela el distanciamiento municipal con los populares en el contexto de la ruptura de su partido con el Consell que preside Carlos Mazón.

Badenas propone encargar al Servicio de Planeamiento el inicio de inmediato de un proceso de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia (PGOU), "enfocándose en las zonas afectadas por la ATE: Antiguo Mestalla y Cortes Valencianas", una medida que paralizaría de facto todo el procedimiento en marcha. "Para preservar la ordenación del plan en preparación, Vox plantea la necesidad de suspender el planeamiento vigente y promover la adopción de normas transitorias de urgencia", señala el edil de Vox.

La moción incluye también la resolución de los convenios suscritos entre el Ayuntamiento y el Valencia CF por "incumplimiento grave, la liquidación de los mismos y la exigencia de indemnizaciones por daños y perjuicios". Además, "se propone la patrimonialización a favor del Ayuntamiento de las cantidades y suelos entregados por permutas", es decir, lo que plantea es prácticamente retrotraer todos los pasos dados en la operación urbanística hasta ahora.

Igualmente, plantea la derogación del Plan de la ATE "Valencia Club de Fútbol", aprobado en 2015, "debido al reiterado incumplimiento del club". "Esta derogación eliminará las plusvalías urbanísticas atribuidas a los terrenos propiedad del Valencia CF, restaurando la vigencia de la ordenación anterior y adaptándola a la nueva realidad urbana". Esto supondría, aparentemente, dejar sin efecto los posibles aprovechamientos de suelos terciarios, como el que la SAD ha comprometido con el grupo inversor Atitlan para obtener recursos que le permitan financiar la obra del estadio.