Anticorrupción pide procesar al hermano de Ximo Puig por estafa en ayudas al valenciano

La Fiscalía Anticorrupción ha propuesto al Juzgado de Instrucción Número 4 de Valencia la incoación de un procedimiento abreviado y apertura de juicio oral contra Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y un empresario con el que colaboraba, Juan Enrique Adell Bover, por el caso de las subvenciones a la producción de contenidos en valenciano denunciado por el Partido Popular en 2018.

Tras el cierre de la instrucción y la petición de opinión a las partes por parte del instructor, el Ministerio Público señala la existencia de un posible delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial de un delito de estafa agravada, y de forma subsidiaria de apropiación indebida. Las cantidades obtenidas de forma irregular por la empresa Mas Mut Producciones de la Generalitat valenciana y la catalana ascienden a 110.691,97 euros. La cifra es inferior a los 120.000 euros que exige el fraude en subvenciones, por lo que se descarta la existencia de ese delito. Anticorrupción cree que hay "indicios suficientes" para sostener que Mas Mut es una sociedad "instrumental", creada "con la única finalidad de obtener subvenciones".

Por su parte, atribuye también a la mercantil Canal Maestrat, de Juan Enrique Adell Bover, un presunto delito de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía hace referencia a una tercera empresa, Kriol Produccions, que podría ser considerada "instrumental o ficticia". "Sin embargo, el cierre prematuro de la investigación impide deducir indicios suficientes que puedan corroborar este extremo". Las subvenciones concedidas a Kriol tampoco alcanzan los 120.000 euros y se otorgan para campañas de fomento del multilingüismo o publicitarias, razón por la que descarta la imputación de delitos a esta mercantil.

Como autores materiales de estos hechos señala a Francis Puig, como administrador y solicitante de las ayudas en representación de la empresa matriz Comunicacions dels Ports y Mas Mut, y a Adell Bover, como administrador y solicitante de Canal Maestrat. “A su vez, vista la facturación cruzada, ambos podrían ser autores por cooperación necesaria”, señala el escrito firmado por la fiscal Anticorrupción, Adoración Cano, al que tuvo acceso El Confidencial.

La fiscal considera que se habrían producido simulaciones de facturación con el fin de justificar la percepción de las ayudas públicas o que se habrían imputado gastos que no tenían nada que ver con la actividad de producción de contenidos en valenciano, como facturas telefónicas no subvencionables o de reparaciones de vehículos y repostajes ajenos a las empresas receptoras de las subvenciones, incluida facturas de gasoil agrícola, completamente ajenas al concepto subvencionable.

El Ministerio Pública constata, además, un “perjuicio económico” a las administraciones afectadas, por lo que invita a la Abogacía autonómica valenciana y a los servicios jurídicos de la Generalitat de Cataluña a personarse para realizar acciones de recuperación.

La defensa de Francis Puig, por su parte, ha pedido el archivo de las actuaciones, por considerar que no existen indicios suficientes de delito como para proceder a la apertura de juicio oral.