Misión, desatascar la Ciudad de la Justicia: las obras empezarán en mayo de 2025
El macroproyecto más ambicioso de la legislatura parece empezar a ver la luz. En total, el Ejecutivo regional pretende intervenir en el 90% de las 570 infraestructuras judiciales de la Comunidad de Madrid
Vista del 'donut' de la Ciudad de la Justicia de Madrid. (Europa Press/Ricardo Rubio)
Veinte años y multitud de fracasos después, la Ciudad de la Justicia ya tiene fecha para empezar a construirse. La Consejería de Presidencia estima que las obras arrancarán en el mes de mayo de 2025. El macroproyecto, esbozado durante el mandato de Esperanza Aguirre y estancado hasta la fecha, contará con un presupuesto de 653 millones de euros -unos 30 millones menos que la estimación inicial del equipo de Gobierno-. Así lo explicó este lunes el consejero, Miguel Ángel García Martín, en un encuentro con los medios de comunicación. El objetivo es levantar el complejo judicial más grande del mundo, gestionado de forma directa por la Comunidad de Madrid y accesible al 100% para personas con algún tipo de discapacidad. La infraestructura forma parte del 96% de las medidas anunciadas en el programa de gobierno puestas ya en marcha.
Las entidades seleccionadas para su construcción se hicieron públicas a finales del mes de junio. Después de que cinco UTEs –un total de 13 empresas unidas de forma temporal– se presentaran al concurso, dos de ellas se han llevado la adjudicación por parte de la Comunidad de Madrid. La firma del contrato está prevista para este verano y, según la estimación de la consejería, será la segunda quincena de septiembre cuando se presente el diseño preliminar del proyecto. Así, a finales de 2024 se hará la entrega definitiva a las UTEs y los ladrillos comenzarán a colocarse en el mes de mayo.
La primera agrupación de empresas –formada por OHLA, AZVI y ROVER– se hará cargo del primer lote: es decir, del levantamiento del edificio del Tribunal Superior de Justicia, las audiencias provinciales y el parking. La segunda –formada por Dragados y Acciona Construcción– construirá la jurisdicción civil, penal y fiscalía del complejo. El complejo de Valdebebas contará con 378 órganos judiciales, hoy dispersos en 26 edificios de la ciudad–. Tendrá 471.000 metros cuadrados construidos y una reserva del 30% de crecimiento.
La financiación directa no era el plan inicial. El deseo del Ejecutivo regional era otorgar una concesión durante 37 años a una entidad privada. No obstante, y después de dos décadas fracasando en el intento –la última convocatoria quedó desierta por el incremento del coste de los materiales–, la Consejería de Presidencia optó por asumir su construcción y gestión. El pronóstico a futuro es que las infraestructuras estén terminadas en 2030. El objetivo es abarcar las dos primeras fases en la legislatura actual y continuar con las dos restantes en los próximos mandatos.
La Ciudad de la Justicia se presenta como la actuación más ambiciosa de la legislatura, aunque no la única destacable: "La Comunidad de Madrid va a actuar sobre el 90% de las 570 infraestructuras judiciales de la región", sentenció este lunes el consejero de Presidencia.
Por otro lado, García Martín también anunció la licitación del palacio judicial de Móstoles, el segundo más grande de España después de la Ciudad de la Justicia. Contará con cinco sedes en un total de 35.000 metros cuadrados. Sumarán 25 juzgados y dispondrá de espacio para siete más en caso de ser necesario. La inversión del proyecto supera los 31 millones de euros y atenderá a 300.000 vecinos de Móstoles, Villaviciosa de Odón, Brunete, Quijorna y Villanueva de la Cañada. La construcción arrancará este año, junto con la de Collado Villalba.
En la misma línea, los edificios judiciales de Leganés, Alcorcón, Colmenar Viejo, Coslada y Fuenlabrada también contarán con algún tipo de intervención o mejora. Después del verano, se pretende poner en marcha el palacio de justicia de Getafe y Torrejón de Ardoz.
En cuanto al personal del sector, el Ejecutivo autonómico ha nombrado 1.350 funcionarios interinos, además de ampliar la plantilla de la Fiscalía, gracias al acuerdo alcanzado con los sindicatos representados en la mesa sectorial. García Martín también aprovechó el encuentro con los medios para lanzar un dardo al Ministerio de Justicia, recordando la carencia de funcionarios y cargos jurídicos en la Comunidad de Madrid: "Faltan 120 jueces y 629 plazas de funcionarios de la Administración de Justicia para cubrir las necesidades básicas".