Regreso al pasado: cómo Maduro, aunque gane, ha vuelto a perderlo todo

A principios de este año parecía que el cambio en Venezuela era posible. El camino estaba trazado para que Maduro y la oposición pudiesen entablar una serie de conversaciones que se escenificasen en un posible pacto de Estado histórico para, como afirman algunos ciudadanos, conseguir “recuperar la nación”. Una posibilidad que había abierto la vía para que Venezuela consiguiese salir de su aislamiento internacional, llegando, incluso, a poder pactar con Estados Unidos un nuevo acuerdo de explotación de petróleo.

A pesar de que el chavismo lleva asfixiando a Venezuela desde hace más de dos décadas, la ciudadanía venezolana estaba esperanzada de que, por fin, Nicolás Maduro diese un paso atrás y dejase gobernar a la oposición.

Las encuestas eran claras. Edmundo González, líder de la oposición y candidato del partido Mesa de la Unidad Democrática, se alzaría como el ganador, superando a Maduro entre 20 y 30 puntos. Sin embargo, esas esperanzas se han ido desvaneciendo en el momento en el que el presidente de la autoridad electoral venezolana, Elvis Amoroso, declaró a Maduro como vencedor de los comicios tras haber conseguido, supuestamente,150.092 votos, un 51,20%, por delante del opositor Edmundo González Urrutia, quien obtuvo un 44,2% (4.445.978 votos) con el 80% de las mesas escrutadas.

Este resultado ha sido abiertamente criticado por los líderes opositores, los propios venezolanos y líderes de varios países —entre ellos Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Guatemala y Costa Rica— que aseguran que no reconocen la reelección de Maduro y acusan el proceso de fraude electoral.

El proceso fraudulento que ha vivido estos comicios, a los que no se ha permitido entrar a observadores internacionales, ha sido la clave para que Venezuela se catapulte hacia el abismo y con esto, cierre cualquier posibilidad que le quedaba, por escasa que fuera, de conseguir nuevos acuerdos comerciales en el ámbito internacional que pudiesen aliviar la economía del país y la vida de sus ciudadanos.

Durante los últimos años, tanto los empresarios venezolanos contrarios al Gobierno de Maduro como múltiples inversionistas extranjeros habían llegado a una tregua con el Ejecutivo. Después de que el presidente impulsara a principios de la década una serie de reformas para liberalizar la economía, una dolarización de facto en la mayoría de las transacciones comerciales y la privatización silenciosa de muchos activos estatales, el sector privado comenzó a jugar un papel más relevante. Una transformación parcial que sirvió para aplacar la fuga de capital al extranjero y a convencer a parte del empresariado patrio de que la ortodoxia chavista era cosa del pasado.

Pero una parte fundamental de este compromiso tácito entre la élite económica del país y el Ejecutivo son las garantías jurídicas. Si el análisis de los resultados electorales demuestra que, además de la batería de medidas llevadas a cabo por el chavismo para inclinar la balanza a su favor en las urnas, ha cometido un fraude de manual, este deshielo puede revertirse.

Lo que es más importante: es improbable que este resultado dudoso impulse a la administración estadounidense a levantar las sanciones que llevan desde 2015 asfixiando la economía venezolana.

Una elección limpia, independientemente del resultado, también habría beneficiado a los países vecinos de Venezuela, que se han visto forzados a acoger la mayor parte de los más de 7 millones de migrantes que han abandonado el país, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes -integrada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones

El problema migratorio

En la actualidad, según apuntan los analistas Carlos Malamud y Rogelio Núñez Castellano, en un análisis publicado por el Instituto Elcano, económicamente, “Venezuela es un Estado fracasado, sumido en una profunda crisis económica. Ha tenido hiperinflación hasta 2022. Ha expulsado a millones de personas, aumentando la presión migratoria sobre sus vecinos (y el conjunto de América del Sur), EEUU e incluso España”.

"El descalabro económico ha tenido graves consecuencias sociales. Cuatro años de hiperinflación y dos reconversiones monetarias han expulsado a más de siete millones de personas, en un país de 28 millones. El éxodo venezolano supone la segunda mayor crisis migratoria internacional detrás de Siria. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Venezuela perdió el 20% de su población y se estima que 2.000 personas abandonan diariamente el país", añaden.

La mayoría de ellos se han asentado en países como Colombia, Brasil, Argentina, Chile o Canadá. Sin embargo, cada vez son más los venezolanos que quieren llegar a Estados Unidos emprendiendo rutas tan peligrosas como la selva del Darién. En el año 2023, más de 520.000 migrantes atravesaron este trayecto, de acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá.

Un pacto energético catapultado

Antes de estas elecciones, el pasado mes de abril, Estados Unidos volvió a aprobar sanciones contra el sector energético venezolano tras considerar que el Gobierno de Maduro no había cumplido con sus compromisos para asegurar unas elecciones libres en Venezuela.

La conocida como 'Licencia General 44', que durante seis meses había permitido parcialmente a Caracas vender su gas y petróleo en los mercados internacionales, se evaporó en el mismo momento en el que EEUU decidió reiniciar las sanciones económicas contra el país, tras considerar que el Gobierno de Maduro no estaba cumpliendo con su parte.

Con esta 'licencia', EEUU se comprometía a reducir las sanciones internacionales en el sector petrolero después de que gobierno chavista y la oposición hubiese negociado en la isla de Barbados un acuerdo para la celebración de las elecciones presidenciales en el que el Gobierno de Maduro respetaría la elección de Edmundo González Urrutia y allanaría el camino para facilitar un proceso electoral libre.

Este pacto, iniciado en octubre y con una validez de seis meses, podía renovarse si Estados Unidos consideraba que Maduro cumplía con los puntos prometidos. Este acuerdo también facilitaba la opción de operar con compañías estadounidenses, uno de sus principales mercados, antes de las sanciones aprobadas en el año 2019 a la empresa estatal PDVSA.

Sin embargo, la Administración de Biden, argumentó que el cese de esta licencia se habría decidido después de haber realizado un proceso de consultas con sus socios de la región, entre los que se incluía a Colombia, con quien ha entablado nuevamente relaciones.

A pesar de que Maduro y sus representantes habían ejecutado algunas promesas para conseguir un proceso electoral libre, como la actualización de registros electorales, el país estadounidense consideró que no se habían cumplido los “compromisos más fundamentales” como permitir que la oposición pueda presentar a algunos de sus candidatos favoritos, como María Corina Machado después de haber sido la ganadora de las primarias de la oposición. El Gobierno chavista también detuvo a varios dirigentes del equipo de Corina, además de activistas y periodistas que continúan presos.

Tras la decisión estadounidense, Maduro se jactó de que Venezuela "no necesita licencia para crecer y desarrollarse", en referencia a la venta de combustible. Para compensar la disminución de este tipo de ingresos, el Gobierno decidió seguir mirando hacia sus socios estratégicos en Asia con empresas comercializadores que facilitasen la venta de petróleo. Sin embargo, la ONG 'Transparencia Venezuela' afirma que la pérdida económica que ha sufrido el país latinoamericano es de entre 8.000 y 20.000 millones de dólares.

Por su parte, el proveedor de datos LSEG detalló que en marzo, un mes antes de la disolución del acuerdo, se había alcanzado el pico de ventas de hidrocarburos con 873.500 barriles diarios, mientras que en abril y en mayo había bajado hasta los 545.000 barriles diarios y 708.900, respectivamente.

Alejamiento diplomático

El resultado de estas elecciones también pone en peligro el que ha sido uno de los principales objetivos del Gobierno de Maduro desde el final de la pandemia: lograr un reinicio de las relaciones diplomáticas en la región. A finales de mayo del año pasado, el presidente venezolano participaba en una cumbre de líderes sudamericanos en Brasilia para aparcar las diferencias ideológicas y retomar los proyectos de integración regional. Allá, estrechando la mano de su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el líder chavista buscaba escenificar su retorno a la arena internacional tras casi una década de aislamiento forzado por la mayoría de los gobiernos del continente, con la excepción de los integrantes del eje bolivariano y México.

Sin embargo, días atrás de los comicios, el propio Lula da Silva criticaba públicamente al presidente venezolano. ¿El motivo? Durante un mitin, Maduro advirtió ante sus seguidores que se producirían “baños de sangre” e incluso “una guerra civil” si perdía las elecciones del domingo. "Maduro necesita aprender que cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas", aseveró Lula ante varios medios el pasado 22 de julio. “Ya le dije a Maduro dos veces, y Maduro lo sabe, que la única manera de que Venezuela vuelva a la normalidad es tener un proceso electoral que sea respetado por todo el mundo”, sentenció.

El otro gran pilar en el plan de Maduro para reactivar su diplomacia en la región es Colombia. La llegada al poder del exguerrillero Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de la historia democrática del país, abrió por primera vez una vía para que el régimen chavista dialogara con un vecino que hasta ahora siempre le había mostrado desprecio. Aunque Petro había calificado a Maduro como “dictador” durante la campaña electoral, restableció las relaciones bilaterales con su Gobierno poco después de tomar posesión y reabrió la frontera común.

Sin embargo, tras darse a conocer los resultados electorales en Venezuela este lunes, Colombia solicitó un recuento total de los votos y una "verificación independiente" de las actas que permita despejar cualquier duda sobre el proceso. “Luego de conocer los resultados preliminares comunicados por el CNE, consideramos fundamental que se escuchen las voces de todos los sectores”, manifestó el ministro de Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo. El gobierno de Brasil, por su parte, no emitió ningún comunicado respecto a las elecciones venezolanas.

La falta de respaldo de las dos potencias sudamericanas vaticina un futuro complicado para la diplomacia venezolana si Maduro repite otros seis años en el poder. Salvo la excepción boliviana, el consenso de los gobiernos de izquierda de la región parece cada vez más cercano a la posición del presidente chileno, Gabriel Boric: el de rechazo al régimen chavista mientras no se produzcan las transformaciones democráticas necesarias en el país. “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer”, publicó ayer el mandatario. “Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, sentenció.