Los concesionarios no tienen ni el sistema informático para aplicar el nuevo 'Plan Prever'

Es difícil una improvisación mayor. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba el día 12 una ayuda de 2.000 euros para estimular la demanda de vehículos. Automáticamente, operaciones de venta apalabradas se paralizaban en toda España ante la expectativa de mayor ahorro, sobre todo en comunidades como Valencia que acababa de implementar su propio plan. Ante ese escenario, el 14 y en vísperas de la festividad de San Isidro en Madrid, Miguel Sebastián se reunía a toda prisa con el sector para cerrar los flecos de la iniciativa y ponerla en marcha ipso facto. Hoy, siete días después del anuncio, los concesionarios ni siquiera tienen ni siquiera instalado el sistema informático para canalizar los descuentos. Todo un monumento al caos.

En el encuentro del día 14, Sebastián, dolido, reprochaba a las asociaciones del sector no haber creído en el Plan Vive, su gran apuesta, que favorecía la financiación de las operaciones pero descartaba las ayudas directas para la compra. Ese día ni siquiera el Ministerio tenía clara la letra pequeña del programa pero sabía que no podía esperar al mes de junio a ponerlo en marcha, como era la idea inicial, ante la presumible debacle de las ventas. Zapatero se adelantó a todos. El programa arrancaba el 18 con el consabido caos por las diferentes posiciones de las comunidades autónomas, que debían aportar, si querían, 500 euros de los 2.000 propuestos por Zapatero. Algunas como Navarra ya tenían su propio plan.

Lo peor es que los concesionarios sólo han ido enterándose poco a poco del procedimiento para canalizar las ayudas. “Se les va informando según vamos conociendo los detalles”, explican a El Confidencial fuentes de la asociación de vendedores (Ganvam). La idea ayer por la tarde era que los concesionarios tuvieran que recopilar la copia de la factura, la ficha técnica del vehículo y el certificado de destrucción del vehículo con una antigüedad superior a 10 años entregado para achatarrar, para remitirla en soporte electrónico a través de una aplicación informática a la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (Fitsa).

“El sistema informático todavía no está funcionando en los concesionarios. De hecho, se está preparando aún –asegura a este diario Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de Ganvam-. Está previsto que los concesionarios obtengan el reembolso de la ayuda en el periodo de un mes, una vez que la aplicación informática esté operativa. Es obvio que en las primeras operaciones se va a tardar más en cobrar. Esa es al menos la promesa de Industria y nuestra máxima preocupación. Los concesionarios son pymes y no pueden, por ejemplo, soportar seis meses de espera para recibir el dinero que adelantan en subvenciones”.

Los fabricantes ya daban las ayudas

Lo que sucede es que hasta aquí llega la incertidumbre. Fuentes del sector aseguran que incluso ayer por la tarde no estaba claro si los concesionarios tendrían que remitir las facturas o, simplemente, conservarlas durante un plazo de tiempo que podría rondar los cinco años. Una falta de previsión más. En un principio, Industria quería subvencionar la compra de vehículos con emisiones de dióxido de carbono no superior a los 140 gramos por kilómetro. Al final la cifra subió hasta los 149 gramos, siempre que el turismo incorpore especificaciones como el control de estabilidad.

También quería Industria que el plan no fuera aplicable a la compra de vehículos usados con una antigüedad superior a dos años, explican fuentes del sector. Al final, el Ministerio claudicó a las peticiones del sector y elevó esa cifra a cinco años para facilitar que un mayor número de vehículos pudiera acogerse al plan. En este caso, debe achatarrarse un vehículo usado de 12 años o más. El Congreso aprobó ayer una propuesta de resolución al Debate sobre el estado de la nación del PSOE consensuada con PNV, IU, Coalición Canaria y BNG para incluir las motos en el plan de ayudas, al tiempo que reconoce que la decisión de sumarse al plan está en manos de cada comunidad autónoma.

De momento, Cataluña, Madrid, Galicia, Murcia y Valencia han manifestado que no se adhieren al sistema o que está en estudio. Los planes valenciano y madrileño serán compatibles con el del Estado.  Por si fuera poco, los fabricantes admiten que las ayudas de 1.000 euros que corresponden a los fabricantes ya se estaban entregando por la mayoría de firmas, aunque matizan que con el impulso del plan las ayudas se han reforzado.

La subvención de los fabricantes se aplicará sobre el precio franco fábrica, que es sobre la que se aplicarán los impuestos. Sobre esa cuota será sobre la que se practicará la deducción de la ayuda del Ministerio de Industria y, en su caso, también la de las comunidades autónomas que se adhieran al plan. Serán las comunidades autónomas las que deban decidir cómo convive el plan con los puestos en marcha en cada región.