Las 'telecos' tendrán que adelantar en julio el 40% de la tasa para TVE

Más motivos para la indignación. Las empresas de telecomunicaciones no sólo tendrán que destinar el 0,9% de sus ingresos brutos de explotación a financiar la eliminación de la publicidad en TVE. También estarán obligadas a adelantar en el mes de julio el 40% de la cantidad que les corresponda abonar en el año, a modo de entrega a cuenta. Según consta en el anteproyecto de ley que el Gobierno ha remitido a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y al que ha tenido acceso El Confidencial, se utilizarán los datos de facturación del año anterior para fijar la cantidad, que según los cálculos del sector rondará en su conjunto los 115 millones de euros.

 

“En el mes de julio los obligados al pago de la aportación deberán efectuar un pago a cuenta de la aportación que se devengue el 31 de diciembre de cada año –reza el documento-. El importe del pago a cuenta se fija en el 40% del resultado de aplicar el porcentaje del 0,9% a los ingresos brutos de explotación facturados en el año anterior, excluidos los obtenidos en el mercado de referencia al por mayor”. Fuentes de la patronal Aetic fijaron recientemente en 290 millones el coste total que tendrá el canon de TVE para los diferentes operadores de telecomunicaciones.

El anteproyecto justifica la fijación del canon para quienes, inscritos en los registros de la CMT, den servicio de telefonía fija, móvil y para los proveedores de acceso a Internet “en atención al impacto positivo para el sector de las telecomunicaciones que se deriva de la nueva regulación del sector televisivo y audiovisual y, en especial, por la ampliación de los servicios de banda ancha fija y móvil”, vinculados a la TDT, la alta definición o la televisión en movilidad. En el texto se recoge que la liquidación de la tasa la efectuará la propia CMT y que puede utilizar la vía de apremio a través de la Agencia Tributaria. El impago supondría ”la suspensión de la actividad como operador del incumplidor y, en su caso, la extinción del título administrativo correspondiente”.

Los principales operadores de telecomunicaciones, agrupados en Redtel, ya han anunciado que pretenden recurrir a Bruselas la nueva tasa, después de plantar cara sin éxito a María Teresa Fernández De la Vega, que ha amadrinado el anteproyecto. Las empresas argumentarán en su aproximación a la justicia comunitaria que el canon constituye una ayuda de Estado ilegal. “Es un impuesto revolucionario. Se cargan el sector”, se llegó a apuntar desde uno de los principales operadores cuando se conoció la medida. Hasta el presidente de Telefónica, César Alierta, en un movimiento a la desesperada, se reunió con la vicepresidenta primera del Gobierno para expresarle su monumental enfado ante la medida.

Las cadenas privadas empiezan a pagar ya

Las telecos al menos pueden consolarse con que no empezarán a pagar la tasa en cuestión hasta el año 2010. Y es que las televisiones privadas, que contribuirán con un 3% de sus ingresos brutos, sí tendrán que pasar por caja este mismo ejercicio. El objetivo de De la Vega es aprobar la norma antes de verano, con el fin de que en septiembre esté en marcha. Por ahora, el texto está siendo analizado por la CMT y su próximo destino es el Consejo de Estado. Si se cumple este calendario, las cadenas privadas tendrán que aportar a la financiación de TVE este mismo año ese 3% aplicado a la parte proporcional de los ingresos.

“Se calculará dividiendo por 365 el importe anual en 2009 de los ingresos brutos de explotación (…) multiplicándose el resultado obtenido por el número de días de vigencia de la presente ley en el referido ejercicio y aplicando al nuevo resultado el porcentaje del 3%”, precisa el anteproyecto de ley. Ya en 2010, tampoco se librarán del pago a cuenta y tendrán que adelantar en julio el 40% del resultado de aplicar el 3% a los ingresos brutos de explotación del año anterior. La tasa sobre reserva de dominio público radioeléctrico, la tercera vía prevista para compensar la eliminación de la publicidad, tampoco entrará en vigor hasta 2010.

El anteproyecto de ley también contempla la creación de una nueva figura, un Fondo de Reserva para la Corporación, que se irá dotando con la diferencia anual entre los 1.200 millones que se le asignan presupuestariamente y el coste que suponga la prestación del servicio público. El objeto de ese remanente será compensar pérdidas de ejercicios anteriores y “hacer frente a contingencias especiales derivadas de la prestación del servicio público encomendado”. No podrá superar el 10% de los gastos anuales presupuestados, su utilización dependerá del Ministerio de Economía y, si no se utiliza en cuatro años, se utilizará para reducir la partida que destina el Estado para financiar la Corporación.

También se define el marco financiero de la Corporación para los próximos años. Durante el bienio 2010-2011, el total de ingresos y gastos por todos los conceptos no superará la cifra de 1.200 millones de euros. Además, se fija que durante el trienio 2012-2014 el crecimiento de esa cuantía no será superior al 1% anual. “A partir del ejercicio 2014 el crecimiento se acomodará a la previsión de incremento del IPC para el año de referencia”, contempla el documento. Si hay un exceso de ingresos, se deberá destinar al Tesoro Público.