De la Vega se planteó 'perdonar' la tasa para TVE a las 'telecos' más pequeñas

El viernes 8 de mayo el Consejo de Ministros, con fenomenal bronca incluida, aprobaba el anteproyecto de ley para la eliminación de la publicidad en TVE. Fuentes de toda solvencia aseguraban a El Confidencial que el documento no estaba ni mucho menos redactado en todos sus términos, pese a haber recibido luz verde. Un escenario que ha provocado que entre el borrador que manejaba el Gobierno el 7 de mayo y el que apenas unos días después se remitió a la CMT haya diferencias llamativas. Y es que el Gobierno se planteaba inicialmente perdonar el canon para financiar la televisión pública a las telecos que facturaran menos de tres millones de euros al año, una concesión que desapareció en la versión mejorada.

“Están exentos de la tasa los sujetos pasivos cuyos ingresos brutos de explotación del ejercicio sean inferiores a tres millones de euros”, rezaba el primer documento. Diferentes fuentes del sector consultadas por este periódico no entienden por qué se eliminó esta disposición. “En las telecomunicaciones los volúmenes de negocio son elevados. Sin embargo, esta medida podría haber beneficiado a un buen número de operadores móviles virtuales, que sí están en esas cifras de facturación”, explican.

Una incomprensión que se acrecienta en tanto el Ejecutivo sí dejó fuera del canon a los operadores autonómicos, como la vasca Euskaltel, la asturiana Telecable y la gallega R. No cabe duda de que la medida hubiera aliviado la situación de más de un operador. Según exponía Jesús Banegas, presidente de la patronal Aetic, “de los más de cien operadores, la gran mayoría está en pérdidas. Y la nueva tasa no discrimina a los que ganan y a los que pierden. Hay compañías que están luchando por llegar al break even y que ahora tienen que añadir un renglón más en sus cuentas”.

En esta línea, el Gobierno también se vio obligado a limar el texto definitivo respecto a la cuantía sobre la que debía aplicarse la tasa del 0,9%. En la propuesta final, se deja claro que las telecos tendrán que calcular la cuota sobre sus ingresos brutos de explotación pero excluidos los servicios mayoristas, una matización ausente en el primer intento. “Es que no tenía sentido. Los servicios mayoristas es lo que nos pagamos entre los operadores, el que una llamada de uno acabe en la red del otro. Sería una doble imposición. A cualquier técnico del Ministerio que hubiera visto esa redacción le hubiera saltado a la vista. Es normal que lo hayan precisado en una segunda versión”, se explica desde una compañía.

En efecto, en el borrador que manejaba el Ejecutivo el 7 de mayo, un día antes del cónclave ministerial que terminó por aprobar el anteproyecto de ley, se afirma que “la tasa se girará al tipo del 0,9% sobre los ingresos brutos de explotación de cada ejercicio”, sin facilitar más detalles. En el documento que se remitió finalmente a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para que lo informe antes de enviarlo al Consejo de Estado se expone que “la aportación se fija en el 0,9% de los ingresos brutos de explotación facturados en el año correspondiente, excluidos los obtenidos en el mercado de referencia al por mayor”.

Un ‘ahorro’ de 70 millones

La diferencia no es baladí. Según los últimos datos contenidos en el informe anual de la CMT, correspondientes al año 2007, los ingresos totales del sector alcanzaron los 44.214,1 millones de euros, de los que 36.764,2 corresponden a servicios minoristas y 7.449,9 a mayoristas. Una tasa del 0,9% aplicada al total de los ingresos arroja una cuantía de  398 millones; la imposición del canon sólo a los minoristas, como dicta la lógica del sector, deja la tasa en los 330 millones. El canon de nuevo cuño supondrá 290 millones de euros, según Aetic, y viene a sumarse a las otras ocho tasas que ya soportan las compañías.

En su segunda versión, el Ejecutivo también quiere curarse en salud respecto al cobro de la tasa y, como adelantó este diario, obliga a las empresas a adelantar en julio el 40% de la cantidad que les corresponda abonar, a modo de entrega a cuenta. “En el mes de julio los obligados al pago de la aportación deberán efectuar un pago a cuenta de la aportación que se devengue el 31 de diciembre de cada año. El importe del pago a cuenta se fija en el 40% del resultado de aplicar el porcentaje del 0,9% a los ingresos brutos de explotación facturados en el año anterior”, se refleja en el texto. Según los cálculos del sector, el pago a cuenta rondará los 115 millones.

 

El Ejecutivo elimina igualmente en el segundo documento una fórmula utilizada tanto para el 0,9% que tendrán que pagar las telecos como para el 3% de sus ingresos que deberán poner sobre la mesa las televisiones privadas. Se elimina la coletilla de dicha aportación dependerá de que “las leyes de Presupuestos Generales del Estado no establezcan una cuantía diferente”, probablemente con el objetivo de eliminar la discrecionalidad del montante a abonar.