Sabemos que España está plagada de castillos, pero no sabemos cuántos son. Ni siquiera existe un inventario completo. Hasta ese punto se encuentra abandonado un patrimonio que fue levantado en buena parte durante las luchas entre cristianos y musulmanes de las épocas medieval y renacentista. No hemos sido capaces de contabilizar nuestros castillos y mucho menos de darles un uso concreto. Incluso restaurados y habilitados, como el de Maqueda, acaban convirtiéndose en un problema.
Además de la escasez de fondos para su rehabilitación y cuidado, la titularidad de las fortificaciones ha sido siempre conflictiva. Las piedras de sillería se han utilizado tradicionalmente para construir viviendas y edificios en los pueblos. Su protección ni siquiera se planteó hasta el siglo XVIII, cuando empezó a hacerse de manera muy discreta durante el reinado de Felipe V. La primera ley seria al respecto es del siglo XIX.
La actual Ley nacional para la protección del Patrimonio Histórico se aprobó en 1985 y se ha ido complementando con diferentes normativas autonómicas. Después, en 2006, se lanza el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva. La Asociación de Amigos de los Castillos, una entidad privada que viene a ocupar ese espacio, asegura que hay al menos 200 fortificaciones en la llamada ‘lista roja del patrimonio’. Eso significa que están a punto de desmoronarse.