El Gobierno lanza la paralizada Ley de Cine: ¿se acabó el chollo para las plataformas digitales?

La Ley del Cine y la Cultura Audiovisual era una de las leyes estrella del Ministerio de Cultura de Miquel Iceta, pero quedó paralizada con las elecciones del 23J. Hoy, después de un nulo meneo en el ministerio, que cambió de manos tras los comicios -del PSOE a Sumar-, ha sido aprobada en Consejo de Ministros y comenzará su andadura parlamentaria. Entre sus puntos principales (y más controvertidos en el sector), los que ya estaban antes: la definición de la figura del productor independiente (a donde irá la mayoría de las ayudas) y la exigencia de que las plataformas digitales ofrezcan de una vez los datos reales de visionados. Esta nueva normativa actualizará la ahora vigente de 2007.

De hecho, la nueva ley pretende adaptarse a los tiempos actuales y por ello también extiende la concesión de ayudas del Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual a otras formas audiovisuales, como las series, aunque "reservará siempre un porcentaje significativo de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica", ha indicado el Ministerio de Cultura en un comunicado. Para que el lector se haga una idea, en los últimos Presupuestos Generales del Estado se destinaron a este Fondo 108 millones de euros.

Otra de las novedades de la ley es que contempla ayudas públicas en todas las fases de creación y promoción de un proyecto, no solo en la producción. Se hace con el fin, según Cultura, de mejorar la competitividad de las empresas y profesionales, crear condiciones que favorezcan la creación y la promoción de obras, proteger los derechos de autor o establecer medidas para la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual.

Se establecerá la reserva del 35% de la dotación de ayudas a producción para las mujeres, se fomentará la producción audiovisual en las lenguas cooficiales

Por otro lado, la norma establece que la cuota de pantalla (el porcentaje que los exhibidores han de reservar a cine nacional y europeo) desciende de un 25% a un 20% -una petición de los exhibidores, que reclamaban su eliminación total-, e incluye, como novedad, al cine latinoamericano y al dirigido por mujeres. Precisamente en cuanto a las medidas de igualdad real, se establecerá ya en esta ley la reserva del 35% de la dotación de ayudas a producción para las mujeres, se fomentará la producción audiovisual en todas las lenguas cooficiales y se protegerán los colectivos con dificultades de acceso por discapacidad.

La aprobación de la ley en Consejo de Ministros ha coincidido con una charla del Secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, con el sector cultural donde ha garantizado que, aunque ahora llega el periodo de enmiendas de los partidos, “será una ley importante”. Martí ha resaltado la relevancia de la norma con respecto a la nueva definición de productor independiente para captar las ayudas (que no tengan una plataforma de distribución detrás), la definición de exhibidor independiente y la incorporación de las ayudas no solo a la producción sino a todas las fases por las que pasa una película. “Es una ley que garantiza un cine más diverso”, ha defendido Martí.

Temor a las enmiendas

Pero desde el sector del cine ya desde este martes han surgido algunas críticas, sobre todo por considerar que la ley nace obsoleta, y porque se teme que algunos de los aspectos se cambien. Precisamente, Estela Artacho, presidenta de FEDICINE (Federación de Distribuidores Cinematográficos), ha manifestado su preocupación por "cómo pueda cambiar la ley con las mayorías que hay ahora en el Parlamento, ya que cada uno de los cambios necesitará prácticamente la aprobación de todos y cada uno de los grupos porque, de otra manera, se puede echar para atrás. Necesitamos una ley que dure, la anterior ha estado vigente desde 2007, nos preocupa que se estropee", ha resaltado la responsable de esta federación que agrupa al 90 % del mercado de la distribución, que representa a las llamadas 'majors': Paramount, Sony, Universal, Disney y Warner Brothers.

Por su parte, FECE, la Federación de Cines de España, es decir, las salas, no están de acuerdo con que la cuota de pantalla de cine europeo baje del 25% al 20% y piden que se elimine completamente. Además, insisten en que lo más importante (para ellos) es que se exija una ventana de exhibición de cien días de una película en salas antes de dar el salto a la plataforma. Es decir, que esté mucho más tiempo en la sala.

Y luego está ADICINE, los distribuidores independientes, que creen que esa cuota de pantalla repartida ahora entre tantos (cine europeo, latinoamericano, mujeres) supondrá en la práctica una disminución de la protección al cine europeo.

En definitiva, la ley comienza su camino y en los próximos meses se verá cómo termina.

A vueltas con la financiación cultural

Mientras tanto, Jordi Martí mantenía una charla con el sector cultural para hablar no solo de cine sino de las necesidades que tiene toda la industria con un punto clave: la financiación. Al fin y al cabo, Cultura siempre ha tenido su némesis en Hacienda (que es quien abre el grifo o lo cierra). Y, de hecho, en la actualidad también sigue en las Cortes otra ley muy importante para este negociado: mecenazgo.

La charla estaba organizada por la Fundación Gabeiras y fue Patricia Gabeiras, doctora en Derecho de la Cultura y socia fundadora de Gabeiras, quien señaló al Secretario de Estado la necesidad de acabar con “los parches” en la financiación cultural. Para ello reclamó modificar el artículo 19 de la Ley de Subvenciones públicas, ya que actualmente se pide que la actividad cultural dé un beneficio antes de obtener la subvención cuando “se debería dar en el periodo de maduración del proyecto”. También reclamó una modernización del mecenazgo y la ampliación de los incentivos fiscales, al haber una parte del sector privado interesado en colaborar con actividades culturales.

En España prácticamente ahora la cultura se financia con estas tres patas: la subvención (ayuda directa), el mecenazgo y el incentivo fiscal para quienes apoyen este tipo de proyectos. Hace ya tiempo, como recordó Martí, que se abandonó el modelo francés basado exclusivamente en la recaudación de impuestos, y concedió que son necesarias diversas modificaciones. Por un lado en la ley de subvenciones, “sobre todo con respecto a las justificaciones”, también en la de mecenazgo, y en cuanto a los incentivos, “ya que ahora hay mucha producción que no los tiene”.

Jordi Martí, secretario de Estado de Cultura: "Ningún consejero de Cultura debe hacer la programación cultural de un centro o festival"

Otro de los asuntos a tratar fue la cuestión de la censura. El Secretario de Estado insistió en que la creación de la Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio era para “perseguir cualquier caso de censura” y dar respuesta a casos como el del Festival Periféricas de Huesca, anulado al cancelarle Vox la subvención. “Vamos a crear un proyecto alternativo que cubra ese espacio”, aseguró Martí, quien también reclamó que “ningún consejero de Cultura debe hacer la programación cultural de un centro o festival” y que la direcciòn de estos, como los museos, debe hacerse mediante concurso público, ya eso “robustece el sector público e impide el abuso de poder”.

Por último, en cuanto a temas específicos de distintos sectores, Martí defendió la bajada del IVA al 10% a la venta de arte contemporáneo, ya que eso redunda en “beneficio no solo del comprador sino de los creadores y de la sociedad en su conjunto”; también insistió en que “el Estatuto del Artista progresa adecuadamente” -al menos ya se ha convocado una comisión interministerial-; y que son conscientes de que el INAEM, ese super transatlántico de las artes escénicas, “necesita una transformación. Y estamos trabajando en ello”.

Martí defendió la bajada del IVA al 10% a la venta de arte contemporáneo, ya que eso redunda en "beneficio no solo del comprador sino de los creadores"

Y, por último, sacó la bandera de la igualdad de género a la que ha apostado (casi) todo su Ministerio, con oficinas contra la violencia machista o con la compra de obras realizadas por mujeres. Todo ello mientras se elabora un plan de Igualdad en la Cultura que analizará la situación de las mujeres en este sector. Tiene tarea por delante.