Urtasun presenta un inventariado de más de 5.000 piezas incautadas por el franquismo

Era un mandato de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022. Las instituciones públicas debían inventariar aquellas piezas artísticas que fueron protegidas por la República durante la Guerra Civil, después durante el franquismo no fueron devueltas a sus legítimos dueños y acabaron desperdigadas en todo tipo de museos, ministerios, palacetes y demás. La norma daba un año. Y, aunque con ocho meses de retraso, el Ministerio de Cultura ha sido el primero en presentar esta mañana las 5.126 piezas de este tipo que han aparecido en los nueve de los 16 museos estatales (sus competencias). “Desde que este equipo llegó al ministerio fue una prioridad absoluta. He acelerado el proceso todo lo que he podido”, ha comentado el ministro Ernest Urtasun. Se adelanta así -como han querido también resaltar- a otras instituciones con piezas incautadas como Patrimonio Nacional (dependiente del ministerio de Presidencia) y resto de ministerios e instituciones autonómicas, provinciales y municipales.

Las piezas, en su mayoría vajillas, vasijas, mantones, abanicos, joyas, prendas de ropa u ornamentos litúrgicos, se encuentran documentadas en una página web del ministerio de Cultura presentada esta mañana, aunque todavía no están las fichas de todas. Se irán introduciendo en las próximas semanas. También en esta web se encuentra toda la normativa de los procesos de incautación, que tuvieron lugar en el bando republicano y en el sublevado. “Queríamos poner en conocimiento de todos los ciudadanos todos estos procesos”, han señalado desde Cultura. Algunas de las piezas más valiosas son una acuarela de Sorolla, un relevante relieve del Museo de Escultura de Valladolid o miniaturas del Museo del Romanticismo.

Son objetos que han tenido un recorrido histórico complejo. Su camino comenzó cinco días después del inicio de la Guerra Civil cuando la República creó la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico para que aquel que lo deseara y desde todas partes de España depositara sus objetos valiosos y quedaran así resguardados de los ataques. Muchos acabaron en el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado o la basílica de San Francisco El Grande, por citar algunos lugares. Por su parte, el bando sublevado creó en 1937 el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN), para recoger y proteger las obras de arte e informar sobre el estado de los monumentos que se encontraban en las zonas ocupadas por sus tropas.

Lo que ocurrió después es que Franco ganó la guerra y todos los objetos protegidos de uno y otro lado acabaron gestionados por este Servicio de Defensa. En mayo de 1939 empezaron las devoluciones a sus propietarios, pero muchos no acudieron: o estaban muertos, o en el exilio o tenían miedo de significarse políticamente. La posibilidad de recuperarlos acabó en 1963 cuando, como informa la web del Ministerio, se dio por terminada la labor de los Juzgados Gubernativos creados para atender las reclamaciones de los bienes. De esta manera, mediante el Decreto 2527/1963, se declararon propiedad del Estado aquellos "bienes expoliados bajo la dominación marxista que, habiendo sido recuperados gubernativamente, no fueran reivindicados por sus legítimos propietarios en los plazos y con arreglo a las normas dictadas al efecto". Y así es como hoy se encuentran dispersos en distintos museos e instituciones públicas.

Abierto el proceso de devolución

La pretensión ahora de Cultura es devolver estas piezas a sus legítimos dueños. Para ello el ministerio solicitó a la Abogacía del Estado un informe, recibido hace unos días, que da los criterios generales para proceder a las devoluciones. “Así, aquellas personas que localicen un bien de su titularidad pueden presentar su solicitud en el registro del Ministerio, y las solicitudes se estudiarán caso por caso”, ha recalcado Cultura en nota de prensa.

En este sentido, Urtasun ha insistido en la necesidad de ver caso por caso para decidir si después el Ministerio puede o no solicitar la compra del objeto. “El primer paso era inventariar y si nadie lo pide ya veremos lo que hacemos. Cada pieza tiene su historia y queremos hacerlo todo con la máxima seguridad jurídica”, ha manifestado.

"Aquellos que localicen un bien de su titularidad pueden presentar su solicitud en el registro del Ministerio y las solicitudes se estudiarán"

Los criterios del informe de la Abogacía se basan en particularmente en acreditar con documentación la propiedad de ese bien. La Abogacía ha dado las líneas para abrir el proceso de devolución mediante la vía civil, a falta del desarrollo de un reglamento de la Ley de Memoria Democrática para esta cuestión.

Ese documento apunta a que será "necesario clarificar jurídicamente con carácter previo" si se ha producido la usucapión por parte del Estado de los mismos, tal y como recoge Europa Press de ese informe. La usucapión es el latinajo que designa el procedimiento por el cual alguien puede convertirse en propietario de una cosa por la posesión continuada de la misma durante un periodo de tiempo y unas condiciones establecidas legalmente. Es por ello que ahora queda analizar caso a caso para determinar si la posesión realizada por el Estado ha sido "en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida".

En cualquier caso, el informe establece una serie de criterios generales que deben servir de orientación a la hora de abordar las reclamaciones que se puedan plantear. En concreto se plantea que, respecto de los bienes que han permanecido en situación de reserva (siempre custodiados en depósito), y por tanto ocultos tanto al público como a los antiguos propietarios, procede entender que con carácter general no concurre el requisito de posesión pública y por tanto no ha operado la usucapión.

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EFE

Respecto de los bienes que hayan formado parte de exposiciones, permanentes o temporales o que han sido objeto de estudio o divulgación, "es esencial un examen pormenorizado uno a uno" para determinar si los reclamantes han tenido medios y motivos para conocer de esta situación. Para eso habrán de tenerse en cuenta elementos como la ubicación del museo o la existencia de información en medios públicos u otras actividades de difusión.

A día de hoy, no obstante, es difícil conocer la identidad de los dueños, ya que una gran mayoría ha fallecido. Entre los que sí se han identificado se encuentra Pedro Rico, quien fuera alcalde de Madrid durante la República y que se exilió a París en 1936. Hay tres cuadros suyos en el Museo del Romanticismo. También el marchante de arte José Weissberger, a quien se acusó de masonería y colaborar con la República, y que parte de su colección se encuentra en el Museo de Artes Decorativas. O Carlos Heiss, coleccionista de bienes arqueológicos de quien hay tres incautaciones en el Museo Arqueológico Nacional.

Entre los dueños de estas obras se encuentra Pedro Rico, quien fuera alcalde de Madrid durante la República y que se exilió en 1936

En marzo de 2023 ya el Museo del Prado -organismo autónomo- publicó su listado de obras incautadas durante la Guerra Civil. En total, 70, de las cuales varias se encuentran en proceso de devolución. Los otros dos grandes museos nacionales, como son el Museo Thyssen y el Reina Sofía, no han publicado ningún listado, aunque se desconoce si es porque no tienen este tipo de obras o no lo han hecho. Preguntado el ministerio al respecto, se ha querido mantener al margen ya que son museos autónomos. “Nuestras competencias son los museos estatales”, han insistido. Y ahí es donde están los 5.126 objetos del inventario presentado hoy.