Los historiadores piden que los documentos de la Fundación Francisco Franco sean públicos

La Fundación Francisco Franco guarda más de 30.000 documentos del dictador. Montañas de papeles sobre las cuatro décadas en las que una persona estuvo al frente del Gobierno, del Ejército y del Estado. Muchísima información que abarca desde grandes acontecimientos, pero también los asuntos más domésticos como son los gastos que podía tener la casa del dictador, su funcionamiento más interno y que hoy por hoy desconocemos. Por eso, como recalcan los historiadores, todos estos documentos deberían ser de acceso público para la investigación y acabar en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca o en el Archivo Histórico Nacional.

“Es un legado documental que no se debería perder y que se debería poner a disposición de todo el mundo”, resume a este periódico Gutmaro Gómez Bravo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense. Porque “que toda esta documentación esté en manos privadas es incomprensible”, añade a su vez Nicolás Sesma, historiador en la Universidad Grenoble-Alpes.

La pregunta sobre qué hacer con todo este legado surge porque este jueves el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció que iniciaba el procedimiento para extinguir la Fundación Francisco Franco siguiendo las directrices de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022. La base argumental del ministro es que la Fundación podría incurrir en apología del franquismo, ensalzamiento del Golpe de Estado y de la dictadura con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales.

No obstante, además de la ley española, ya en 2018 el Parlamento europeo había condenado en una resolución el régimen de Franco y su legado instando a todos los estados miembros “a luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia en espacios públicos y [...] a prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo y el fascismo, respetando el orden jurídico nacional y las jurisdicciones nacionales”.

"La extinción de la Fundación Francisco Franco es una cuestión de tiempo y acabará sucediendo, lo que pasa que ocurrirá a cámara lenta"

Hasta la fecha, e incluso este jueves con un comunicado, la Fundación ha insistido en que cumplen “con los fines de interés general según lo demuestran nuestras actividades y estatutos legalmente aprobados", amparándose en ser una institución cultural que se encarga de preservar y difundir la obra y legado de Francisco Franco que se realiza "con pleno respeto y sin menosprecio hacia la dignidad" de las víctimas. Por eso, en el comunicado han tachado el inicio de los procedimientos del ministro de “esperpéntico”.

Sin embargo, para los historiadores, más allá de “los fines propagandísticos y políticos”, como señala Gómez Bravo, que pueda tener la decisión del Ministerio de Cultura, resulta “una anomalía” que siga existiendo este tipo de Fundación que resultaría “inconcebible en Alemania o Italia”. “Siempre se han resguardado en los fines culturales, pero es que eso no tiene razón de ser", recalca este historiador. Sesma, por su parte, cree que por muchos disfraces que se pongan “la extinción de la Fundación es una cuestión de tiempo y acabará sucediendo, lo que pasa que ocurrirá a cámara lenta”. Y ese es el tiempo que tienen los historiadores para recuperar toda esa documentación.

Papeleo público… ¿y privado?

En este sentido, el historiador y catedrático de Filosofía en la Complutense, José Luis Villacañas, manifiesta a El Confidencial que “los regímenes personalistas y dictatoriales tienden a confundir lo privado con lo público y fruto de ello son la aparición de fundaciones donde hay papeles de la vida privada y de la administración pública. Por ello, toda esa información debe ser revisada por expertos para expurgar los documentos y que lo que sea estrictamente privado vaya a la familia, pero lo que corresponda con la administración del Estado debe ir al Archivo General de la Administración Española, ya que es un patrimonio público”.

Más contundente se expresa Juan Andrade, historiador especializado en la Transición y profesor en la Universidad de Extremadura y la Complutense, para quien “por tratarse de documentos producidos en el ejercicio durante décadas de, entre otros cargos, la Jefatura del Estado, del gobierno y de las fuerzas armadas, por tratarse de la documentación de un dictador y por su extraordinario interés público el Estado debería recuperar inmediatamente su titularidad, sin indemnización, para catalogarlos y custodiarlos, según su temática, en archivos públicos, donde puedan ser consultados por investigadores/as, asociaciones y cualquier ciudadano/a particular”.

Y más o menos de la misma forma se pronunciaba en X el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova: “Es primordial recopilar y preservar los documentos y testimonios del pasado. Todo el archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, gestionado por la familia y admiradores del dictador, debe ponerse a disposición de los investigadores. ¿Lo conseguiremos, décadas después?”.

Porque la cuestión con todo este legado es que no es tan fácil discernir entre lo público y lo privado con dirigentes que, como indica Sesma, tendían a confundir la vida privada y la pública: “Por ejemplo, Serrano Súñer cuando dejó de ser ministro cogió todos sus papeles y se los llevó a su casa como si fueran suyos. O Pilar Primo de Rivera, que estuvo 40 años al frente de la Sección Femenina… ya no habría diferencia entre su correspondencia privada y la pública. Y lo mismo pasaba con Franco. Todo es público porque ellos no hacían diferencia entre la persona y el cargo”. De hecho, para este historiador otro archivo que debería ser de todos es el de Serrano Suñer, ya que “al haber sido más discreta la familia y no haber pedido subvenciones públicas, ahí seguro que sí que quedan secretos por conocer”.

Los historiadores resaltan que tampoco es porque se vayan a encontrar grandes secretos entre todo este papeleo de Franco. Nada que, al menos, no se sepa ya. “No, no, Franco era un hombre de muchos secretos, pero al que no le gustaba dejar huella. A estos regímenes no les gusta dejar rastro”, comenta entre risas Villacañas. Sin embargo, “por un prurito de rigor, alguna comisión de la Administración tendría que ir allí y dictaminar qué es relevante y qué no, qué es original, qué es copia. Porque era un jefe que no era el jefe de una familia, sino que lo era de la Administración Pública, aunque lo confundiera”.

"Franco era un hombre de muchos secretos, pero al que no le gustaba dejar huella. A estos regímenes no les gusta dejar rastro"

Para Nicolás Sesma tampoco debe quedar nada demasiado importante - “han tenido tiempo de eliminarlo y si no lo harán ahora”-, pero deja abierta alguna puerta: “Estos regímenes suelen ser muy compulsivos con el papel, así que siempre te puedes encontrar con copias… Siempre se podrá conocer algún dato nuevo o matización”.

“No, no es que vaya a aflorar algo muy desconocido, pero son cuestiones que debemos conocer todos por salud democrática”, apostilla por su parte Gómez Bravo. “Tendría que conocerse para que se pueda estudiar desde distintas miradas y desde diferentes ángulos generacionales. También es muy importante todo ese asunto económico doméstico: qué contrataban, qué no… Todo ese funcionamiento cotidiano es muy interesante. Además, es muy importante que esté todo el tramo entero y no fragmentado, ya que facilita mucho la investigación”, añade este catedrático que además zanja: “En Alemania lo tienen todo”. Y desde hace décadas.