Dejar el Mad Max de la vivienda: fuera el inquiokupa y muerte al piso turístico

A mí me pueden decir que "el progreso" es subir el salario mínimo mientras la cota de subsistencia escala inflación arriba, o quitar tantas horas de trabajo que el valor de las acciones de Netflix se multiplique por diez, o aprobar una ley que considere que un pensamiento racista merece la muerte, o cubrir de banderas palestinas las sinagogas españolas, pero yo seguiré llamando al Gobierno "antiprogreso" mientras la vivienda siga representando un artículo de lujo.

El mercado de la vivienda español es el páramo nuclear de Mad Max, y en este escenario no hay forma humana de prosperar mientras no se utilice la explotación ajena como escalera.

Se aposenta sobre cimientos una nueva sociedad estamental en la que las castas se dividen así: altos aristócratas llamados fondos de inversión; bajos aristócratas, normalmente jubilados o ricachones, que viven del diezmo gracias a la posesión de varias viviendas; hidalgos que heredaron casa y se salvaron del problema de la subsistencia; burgueses que accedieron a una hipoteca; siervos que arriendan una casa sometidos a la usura; y luego mendigos y juglares, gentes que viven en los márgenes de la ciudad o más allá, es decir: okupas, inquilinos morosos y gente de 40 años con derecho al usufructo de la tercera balda del frigorífico compartido.

Si algo hemos de agradecer al Gobierno que llaman "de progreso" es haber demostrado que las soluciones tontas, como la ley del alquiler, no solo no arreglan un problema digno de la mente matemática de Grigori Perelman, sino que lo empeoran.

La izquierda no puede solucionar el problema porque las recetas de inspiración marxista son incompatibles con la realidad

Pienso que la izquierda no puede solucionar el problema de la vivienda por dos razones fundamentales: la primera es que las recetas de inspiración marxista son incompatibles con la realidad de las sociedades de mercado y con la condición humana. Una solución basada en el control siempre requiere que los humanos se comporten como autómatas, de forma previsible, pero se niegan a hacerlo.

La segunda razón por la que la izquierda no puede afrontar el problema de la vivienda es que ignora, por motivos estrictamente ideológicos y prejuiciosos, facetas derivadas de la libertad y la imprevisibilidad del comportamiento de los actores del mercado como son la okupación y la inquiokupación, o la existencia de propietarios que no quieren alquilar como consecuencia de esos dos problemas.

Algunos propietarios están alquilando sus pisos por un máximo de once meses para poder saltarse a la torera la ley y luego subir lo que les dé la gana la renta a los inquilinos. Pero otros, dado que no sienten que hay seguridad jurídica y saben que echar a un inquiokupa supone penetrar en el laberinto de Creta, se niegan a poner sus pisos en el mercado. La oferta de pisos de alquiler baja y el precio sube.

Con el piso turístico, no queda más remedio que utilizar el armamento nuclear: deben ser aniquilados con valentía

La izquierda ve en los okupas e inquiokupas "gente necesitada", pero se olvida de que los dueños de pisos no son los servicios sociales. Si alguien no tiene ingresos, es el Estado quien debe ofrecerle un asidero. Jamás puede serlo una señora que puso en alquiler un piso y ha terminado forzada a pagar la hipoteca y la luz mientras sus inquilinos permanecen en el impago con impunidad y durante un tiempo torturante.

Mientras haya gente que entiende que alquilar su piso es meterse en un lío en vez de rentabilizar su inversión, no existirá un mercado del alquiler mínimamente aceptable. Esto es fácil de entender.

Pisos turísticos

Luego tenemos otro problema, y este choca con los dogmas de la derecha liberal: el asunto de los pisos turísticos, donde la libertad del propietario esconde una aberración que desvirtúa el mercado e impide cualquier autorregulación. Pongamos el ejemplo de un coche: yo puedo utilizarlo como vehículo propio, pero no como taxi, ni como ambulancia, ni para jugar a piloto de carreras en la autovía. Pues lo mismo para los pisos: desde el momento en que se explotan como local turístico, el mercado sencillamente no está funcionando y hay que afrontarlo con mano de hierro propia de la DGT.

Caeremos antes o después en la evidencia de que, con el piso turístico, no queda más remedio que utilizar el armamento nuclear: deben ser aniquilados con valentía y esto no atenta contra la libertad, sino que ordena las condiciones previas para su ejercicio. Los pisos turísticos han llevado a España a una situación anómala: antes los turistas se hospedaban en habitaciones y los residentes en pisos, y ahora los turistas se hospedan en pisos y los residentes en habitaciones.

Un Gobierno de progreso sanearía el mercado con inversión y me ofrecería a cambio una seguridad absoluta

Dado que el suelo residencial es limitado, permitir la entrada de un sector mucho más lucrativo para los inversores ha dado la puntilla definitiva al mercado de la vivienda. Ciudades que tienen la desgracia de ser bonitas o tener algo que merezca la pena ver, como Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada, Madrid, Barcelona o Santiago y muchas otras que no menciono, suman al problema de la inseguridad jurídica el incentivo de una explotación distorsionadora.

Es perfectamente normal que la gente o las empresas consideren que la vivienda es un bien de inversión. Este es mi sueño, del todo irrealizable hoy por hoy: cuando pague mi hipoteca, me gustaría mucho convertir el ahorro en vivienda, para llegar a viejo convertido en aristócrata y ofrecer a mis hijos la hidalguía. Me parece un poco triste pensar así, pero creo conocer el mundo que piso.

*Si no ves correctamente el módulo de suscripción, haz clic aquí

Un Gobierno de progreso aseguraría que mi inversión soñada mantuviera una relación directa y armónica con la justicia, es decir: no me apalearía por haber adquirido pisos para alquilar o dejar en herencia como proponen ciertos chavistas pirados, sino que favorecería unas condiciones de mercado en las que el valor de una vivienda se mantuviera siempre entre los márgenes de lo sensato.

Tomaría decisiones tanto para limitar el precio utilizando la oferta pública como palanca, como para limitar la usura turística, pero también para derivar a servicios sociales o a la mierda a los morosos aprovechados. Dicho de otra forma, un Gobierno de progreso sanearía el mercado con inversión, controlaría las fronteras entre el sector de la vivienda y el sector turístico y, aunque me marcaría límites, me ofrecería a cambio una seguridad absoluta. Pero ni una cosa ni la otra.