La conexión Caravaca, una posible explicación que retrata la protección de Franco a Rubiales

Lo adelantamos en este diario el pasado 30 de junio y ya entonces explicamos que, según los expertos, la incoación de diligencias penales por parte de un juzgado no exime al Consejo Superior de Deportes (CSD) de trasladar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) una denuncia. Sin embargo, José Manuel Franco ha puesto de pretexto para no tomar medidas contra Rubiales por los escándalos de los llamados Supercopa Files que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda ha visto indicios de delito donde el presidente del CSD se ha limitado a "estudiar" si había una infracción administrativa para elevarla al citado TAD.

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Kike Marín

"Para su conocimiento y efectos oportunos se adjunta copia del acuerdo de suspensión de actuaciones previas adoptado por la Presidencia del CSD". Así, con fecha 8 de julio de 2022 y remitido por el Subdirector General de Régimen Jurídico del Deporte, Fernando Molinero, se enteró Miguel Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE), de que "en uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas en relación con la formulación de petición razonada al TAD", Franco ha decidido "suspender las actuaciones previas mientras la Autoridad judicial no se pronuncie sobre los mencionados hechos".

El mencionado Galán, al igual que LaLiga, el sindicato AFE y el Dux Internacional, club de la Primera RFEF, solicitaron al CSD que se instara al TAD la incoación de un procedimiento disciplinario contra Rubiales por presuntas infracciones previstas en el artículo 76 de la Ley del Deporte al presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF). Sin embargo, y en una decisión que puede traer graves consecuencias para él, Franco ha decidido suspender todas sus actuaciones, como si el CSD fuese el órgano sancionador, que no lo es. Cuanto más porque hay agravios comparativos (y documentos que así lo acreditan), como lo sucedido con Ángel María Villar, que le dejan en muy mal lugar.

El secretario de Estado para el Deporte se limita a reconocer que, con fecha 31 de mayo de 2022, solicitó a la RFEF documentación justificativa de la organización de la Supercopa que se disputa en Arabia, de la regulación de la ayuda económica destinada a sufragar los gastos de vivienda en caso de que el domicilio o residencia del presidente estuviera fuera de la capital; así como del carácter profesional del viaje realizado por Rubiales del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2018 a Nueva York.

El despacho de González Cueto

Además, asegura haber pedido documentación sobre el supuesto encargo a la agencia Cryptex Europa para espiar al presidente de AFE, y es en este punto donde aparece un nombre que, más allá de sus agarraderas en Moncloa, explica la protección en forma de inacción de Franco con Rubiales. Dicho nombre es el de abogado Ramón Caravaca. Tal y como informó El Confidencial, el Registro Mercantil desvela que el administrador y único accionista de la empresa inmobiliaria es el abogado RCM, Ramón Caravaca Magariño, a saber socio del bufete GC Legal, cuyo socio director y fundador es Tomás González Cueto, abogado de cabecera de Rubiales y de RFEF, incluso en la Operación Soule.

No está de más recordar que, por ejemplo, la denuncia del sindicato Manos Limpias por los Supercopa Files alcanza a estos dos abogados, pues consideran que a Cueto le alcanza la responsabilidad por el presunto pago irregular del alquiler de la vivienda de Rubiales, mientras que Caravaca habría abonado a la empresa de detective los gastos del supuesto espionaje a David Aganzo a través de una inmobiliaria que él administra, Egmont 2008 SL, "como pantalla para ocultar" la intervención de la RFEF en esos seguimientos.

Vamos, que la principal hipótesis que se maneja es que la factura del citado espionaje fuera a través de una sociedad de Caravaca para que el despacho de Cueto la pagara y luego se la cobrara a Rubiales. Es decir, no solo una manera de falsear quién contrató los servicios, sino también de intentar hacer ver que Rubiales investigó a Aganzo como afiliado de AFE, algo que queda descartado desde el momento en el que el contrato no lo hizo él, sino la sociedad de Caravaca, precisamente para no pagar la factura él.

Correligionarios del PSOE madrileño

Como es sabido, José Manuel Franco dimitió como secretario general del PSOE de Madrid tras los malos resultados obtenidos por Ángel Gabilondo en las elecciones del 4 de mayo de 2021. Es decir, apenas un mes después de llegar a la presidencia del CSD, cargo que ocupó tras dejar los de Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid y diputado en la Asamblea madrileña, ambos puestos políticos desde los que tuvo una estrecha relación con Caravaca. De hecho, este fue Viceconsejero de Educación de la Comunidad de Madrid con Jaime Lissavetzky, quien también tiene una gran ascendencia sobre Franco.

Y, claro, visto lo visto, resulta inevitable buscar explicaciones políticas a través de la conexión Cueto-Caravaca a la inacción del presidente del CSD con Rubiales, la cual no solo está haciendo un flaco favor al fútbol español, sino también al resto de federaciones, pues el agravio comparativo es tan indecente como peligroso. De hecho, ningún presidente federativo ha apoyado públicamente a Rubiales, conscientes de que a ellos uno solo de los muchos escándalos protagonizados por el de Motril, se los habría llevado por delante. La excepción es el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, defensor de sus homólogos federativos hasta que dejan el cargo...

Por contra, basta con leer la carta abierta a Franco que este domingo le remitió el presidente del DUX Internacional de Madrid, club de la Primera RFEF, en la que, además de darle la "enhorabuena" por su "respaldo a Rubiales", Stephen Newman le echa en cara todas las presuntas irregularidades cometidas por el presidente federativo, le comenta al secretario de Estado para el Deporte lo difícil que le resulta entender "no haber recibido ninguna contestación ni explicación" a las numerosas denuncias que ha recibido, para irónicamente acabar felicitándole "por su gran gestión al frente del CSD".

La que fuera directora general del CSD, Ana Muñoz, tampoco pudo dejarlo más claro es su cuenta de Twitter: "¿Se puede suspender un procedimiento no iniciado? Non bis in idem (un derecho fundamental del Derecho Penal por el que un sujeto no podrá ser sancionado dos veces por la comisión de los mismos hechos) no puede cercenar el ejercicio de potestad disciplinaria en las relaciones especiales de sujeción. Otra cosa es imponer sanciones mientras hay causa penal. ¿Se puede mirar a otro lado?".

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Esta es la diferencia entre la dimitida vicepresidenta de integridad de la federación de Rubiales y alguien incapaz siquiera de pedir la dimisión a un presidente que no tiene ninguna credibilidad y cuyo desprestigio amenaza con arrastrarle. No es casualidad que el presidente del CSD anunciara "suspender las acciones previas" 24 horas después de que Miguel Galán anunciara que en los próximos días se querellará contra un Franco, a quien de momento no se le conoce ni una sola mala palabra, pero tampoco una buena obra. Y no será porque no ha tenido tiempo de hacerla...