Piden a la jueza la suspensión cautelar de Rocha "al estar en el centro de la instrucción"

Si hace unos días, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, pretendía que la magistrada Delia Rodrigo le desimputara del llamado caso Brodie —cosa que evidentemente no sucedió—, ahora es la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte la que ha movido ficha y pretende que al extremeño se le suspenda cautelarmente. Algo, por cierto, que el Consejo Superior de Deportes (CSD) no quiso hacer, por más que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) se la dejara botando.

Tal y como ha podido confirmar este diario, el hecho de que la asociación que preside Miguel Galán haya solicitado al Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Majadahonda que suspenda judicialmente a Rocha, conllevaría que fuera apartado de su cargo como presidente de la RFEF. Además de ser inhabilitación para ejercer tal cargo durante el tiempo que dure su imputación en el presente proceso. Es decir, al menos otros seis meses más, lo que le impediría también presentarse a las elecciones previstas.

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Kike Marín

Según las alegaciones presentadas, "estos hechos pueden ser constitutivos de infracciones muy graves de la Ley del Deporte, ya que, a tenor de la resolución dictada, las distintas decisiones adoptadas por Rocha podrían exceder de las funciones atribuidas a la Comisión Gestora”. Además, “en el caso que nos ocupa, al ser una fase de instrucción larga, difícil y con una ingente cantidad de pruebas y documentos, es necesario conservar los efectos e instrumentos del delito, pero también asegurar que la RFEF no sufre un deterioro como institución, a consecuencia de los hechos supuestamente cometidos por sus directivos y allegados”.

Vicepresidente del Área Económica de la RFEF

También se recuerda que, tal y como se recoge en el argumentario de su imputación, "Rocha es actual Presidente de la RFEF, siendo en la fecha de los hechos, vicepresidente del Área Económica". De ahí que "sorprenda a esta parte que, siguiendo la teoría de los actos propios y estar igualmente vinculado con la causa del Juzgado de Majadahonda, no haya sido él mismo quien decidiera separarse de su cargo, máxime cuando en su declaración en el Juzgado del 12 de abril manifiesta que al ver la luz todo este proceso, decide, como presidente de la Comisión Gestora, adoptar la resolución de contratos y los ceses de los directivos involucrados, ya que la RFEF necesita estabilidad y para salvaguardar la imagen de la institución".

Entre las alegaciones tampoco faltan referencias a "la alarma social que esta situación produce, el continuo escándalo y bochorno que se refleja en los medios de comunicación y se traslada a los ciudadanos al mostrar a los directivos de una entidad deportiva que debe velar por transmitir una serie de valores, y que muestra tal despropósito en su gestión, sin incidir más en la existencia de indicios de comisión de varios delitos". Aunque más relevante se antoja "la existencia de una situación objetiva de riesgo para el buen fin del proceso, toda vez que Rocha ostenta una posición de poder y gran relevancia en una institución que se encuentra en el centro de la instrucción judicial".

"Sorprende que, siguiendo sus actos propios y estar igualmente vinculado con la causa, no haya sido Rocha quien se separara de su cargo"

De hecho, el pasado día 17 se dictó una providencia en la que se acuerda requerir a la RFEF una serie de información de la que ya informamos en este diario y que la magistrada sigue sin tener en su poder, de ahí también la decisión de prorrogar seis más la instrucción. Claro que es aquí donde viene la siguiente pregunta: "Si el señor Rocha continúa en su doble condición de investigado en la causa, y presidente de la institución, ¿cómo puede garantizarse y preservar la documentación? ¿Cómo podemos estar seguros de la correcta custodia y entrega de la documentación necesaria?".

"Si Rocha continúa en su doble condición de investigado y presidente, ¿cómo puede garantizarse y preservar la documentación?"

Por último, tampoco falta una referencia al hecho de que el Gobierno haya creado la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación a fin de tutelar el funcionamiento de la RFEF. "Una medida que ha sido aceptada por Rocha, admitiendo de este modo su necesidad, lo que nos lleva a concluir que, siendo necesaria esa tutela administrativa para dirigir y vigilar las actuaciones y las elecciones de la RFEF, más claro debe ser la necesidad de adoptar medidas cautelares en el presente procedimiento para salvaguardar el buen puerto de las investigaciones". Es decir, velar por la integridad y reputación de la instrucción y de la propia RFEF.